Consejo de Estado (5902)
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Para la Sala, la decisión de recategorizar el Parque Barbas Bremen como un Distrito de Conservación de Suelos (DCS) implica que se establecen objetivos de conservación específicos que deben ser respetados y cumplidos. Estos objetivos están diseñados para proteger la biodiversidad y los ecosistemas presentes en el área, lo que es fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y la preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras. La autoridad ambiental no puede ignorar estos objetivos al otorgar permisos para proyectos urbanísticos, ya que esto podría contradecir la finalidad de la recategorización y poner en riesgo la integridad del área protegida. En el contexto del fallo, se argumenta que el desarrollo de un proyecto inmobiliario en el DCS no se ajusta a la finalidad de conservación establecida, lo que implica que cualquier actividad que pueda afectar negativamente el ecosistema y la biodiversidad del área debe ser rechazada.
Para la Sala, la designación de Manuel Peña Suárez como experto comisionado de la CREG fue declarada nula por varias razones fundamentales: Se argumentó que la figura del encargo es incompatible con los requisitos de dedicación exclusiva y periodo fijo que deben regir para los expertos comisionados de la CREG. La Sala concluyó que el encargo implicaría una dependencia que afectaría la objetividad e imparcialidad necesarias para el desempeño de las funciones de la Comisión, a su vez, la designación fue considerada nula por infringir varias normas, incluyendo el artículo 125 de la Constitución Política y artículos de la Ley 143 de 1994 y la Ley 909 de 2004, que establecen que el cargo de experto comisionado debe ser de periodo fijo y con dedicación exclusiva. La designación en encargo no cumplió con estos requisitos, ya que no se separó a Peña Suárez de sus funciones previas. En resumen, la nulidad de la designación se fundamentó en la incompatibilidad de la modalidad de encargo con las exigencias legales del cargo, la infracción de normas superiores y la falta de competencia del Gobierno para realizar dicha designación.
El Consejo de Estado encontró que el Consorcio Ineconte Pucalpa G-93 había incumplido el contrato de manera clara y que la aseguradora no presentó pruebas suficientes para justificar su exoneración de responsabilidad, lo que llevó a la confirmación de la condena a pagar la cláusula penal. Las razones de la Sala obedecieron a que la cláusula penal, que era del 10% del valor total del contrato, fue considerada procedente debido al incumplimiento acreditado. Se calculó que el monto a pagar por la cláusula penal ascendía a $1.207.395.690, lo que reforzó la decisión del tribunal y porque el tribunal a quo tribunal también indicó que las alegaciones de desequilibrio económico del contrato no podían ser utilizadas como una excepción al incumplimiento contractual, lo que reafirmó la responsabilidad del Consorcio y su aseguradora.
Los actos administrativos expedidos por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) que cobraron la tasa por utilización de aguas a la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. E.S.P. (Triple A) durante el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012 son considerados nulos. Así lo consideró el Consejo de Estado al encontrar que se desconoció el principio de confianza legítima, dado que otra autoridad ambiental (el DAMAB) ya había liquidado y cobrado dicho tributo para el mismo periodo y frente al mismo destinatario.
La resolución de Corpoboyacá que otorgó la licencia ambiental a un proyecto minero se declaró nula por el Consejo de Estado debido a la falta de información en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) sobre la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo establecidos en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios en su área de influencia. Las razones específicas para esta nulidad incluyen: La normativa ambiental exige que el EIA incluya un análisis de la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo. La omisión de esta información es considerada una violación de los requisitos legales establecidos, lo que afecta la validez del EIA y, por ende, de la licencia ambiental otorgada; La falta de análisis sobre la compatibilidad con los POT puede vulnerar el derecho de las comunidades a ser informadas y a participar en la toma de decisiones que afectan su entorno. Esto es fundamental para garantizar que las actividades mineras no impacten negativamente el desarrollo urbano y rural de las comunidades circundantes; la ausencia de consideración de los usos de suelo puede llevar a conflictos entre el desarrollo minero y otras actividades económicas o sociales, lo que podría resultar en un uso insostenible de los recursos y en la degradación ambiental. Esto contraviene los principios de desarrollo sostenible que deben guiar la concesión de licencias ambientales; la falta de información sobre la compatibilidad con los usos de suelo impide una evaluación adecuada de los impactos del proyecto, lo que significa que la decisión de otorgar la licencia no se basó en un análisis técnico completo y riguroso, lo que es esencial para la toma de decisiones informadas en materia ambiental.
El tema central de esta providencia gira en torno a la legitimación en la causa por activa en controversias contractuales y la cesión del crédito. En el caso específico de la cesión del crédito, se establece que esta acción no confiere la posición contractual al cesionario. La cesión de crédito solo transfiere el derecho al pago, pero no convierte al cesionario en parte del contrato original. Por lo tanto, el cesionario no está legitimado para solicitar que se declare el incumplimiento del contrato a través del medio de control de controversias contractuales.
La Sala declaró la nulidad del Acuerdo por medio del cual el Consejo Directivo de CORPORINOQUÍA eligió a La directora general de la entidad, para el período institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. Para la Sala, No se expidió un acto administrativo que modificara la convocatoria inicial para reiniciar el cronograma electoral, lo que es un requisito necesario según las normas aplicables. La convocatoria se realizó de manera intempestiva, sin el debido proceso de publicación y sin el tiempo adecuado para que los miembros del Consejo Directivo pudieran participar y la elección se llevó a cabo en una sesión ordinaria, a pesar de que los estatutos de CORPORINOQUÍA no permiten realizar la elección del director general en esta modalidad. Además, se alegó que la elección se realizó sin tramitar las recusaciones presentadas contra varios miembros del Consejo Directivo.
La sociedad demandante solicitó declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato. La sentencia concluyó que los actos administrativos no fueron indebidos, ya que se demostró que el contratista solo había ejecutado un porcentaje muy bajo de las obras (27.07%) a pesar de las prórrogas concedidas. Además, se establece que la parte actora no presentó pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones sobre el incumplimiento de la entidad demandada ni sobre la supuesta ilegalidad de los actos administrativo. La Sala Se enfatiza la importancia de estos principios en la ejecución de los contratos, indicando que las modificaciones deben ser consensuadas y que las partes deben respetar los términos acordados. La providencia menciona que los principios de normatividad e intangibilidad de los contratos son fundamentales para garantizar que los acuerdos alcanzados entre las partes tengan fuerza de ley. Esto implica que una vez que las partes han suscrito un contrato, deben cumplir con los términos acordados, y cualquier modificación o prórroga debe ser aceptada por ambas partes. El Consejo de Estado examina temas como el deber de planeación contractual y los principios de normatividad e intangibilidad de los contratos.
El Municipio de Manizales incurrió en un incumplimiento relacionado con la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y la prevención de desastres técnicamente previsibles. Específicamente, no cumplió con las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Caldas en la sentencia del 7 de octubre de 2022, que requerían la ejecución de obras y medidas para abordar problemas como el afloramiento de aguas subsuperficiales y el mal estado de la vía que comunica los barrios Peralonso y Alto Caribe, donde se habían presentado accidentes vehiculares debido a estas condiciones.
La diferencia clave de esta providencia radica en que la cláusula compromisoria se refiere a conflictos futuros, mientras que el compromiso se aplica a disputas ya existentes. La Sala define el pacto arbitral como un acuerdo en el que las partes se comprometen a someter sus controversias a la decisión de árbitros, renunciando así a la jurisdicción de los jueces estatales. Este pacto puede manifestarse de dos maneras: a través de una cláusula compromisoria o un compromiso. La Cláusula Compromisoria: es una disposición que se incluye en un contrato, donde las partes acuerdan que cualquier controversia que surja en relación con el contrato será resuelta por arbitraje. Esta cláusula se aplica a conflictos futuros que puedan surgir del contrato. Según el artículo 4 de la Ley 1563 de 2012, la cláusula compromisoria debe estar contenida en el cuerpo del contrato o en un documento separado que se refiera inequívocamente a él. El Compromiso: A diferencia de la cláusula compromisoria, el compromiso se refiere a un acuerdo que se establece cuando ya existe un litigio específico y determinado. Es un pacto en el que las partes acuerdan someter una controversia preexistente a la decisión de los árbitros. Este tipo de acuerdo se utiliza para resolver disputas que ya han surgido, en lugar de prever conflictos futuros.
