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Viernes, 14 Junio 2024

Edición 1187 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

El municipio de Nariño acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos todo lo actuado en el medio de control, ante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, adelantado contra la CAR, en el que se declaró la nulidad de diferentes actos administrativos relacionados con la licencia ambiental otorgada para el funcionamientos del relleno sanitario denominado “Parque Ecológico Praderas del Magdalena”, ubicado en el municipio de Girardot, a través de la cual, entre otros, se le permitió depositar sus basuras sólidas domésticas, lo cual a la fecha hace, sin que fuera vinculado pese a su claro interés en el asunto. La Sala evidenció que el municipio de Nariño y todos aquellos que se vieron beneficiados con esta, les fueron comunicados cada uno de los actos administrativos proferidos por la CAR.

A través del presente concepto la ANM indicó que los Reconocimientos de Propiedad Privada – RPP, se erigen como una excepción al postulado bajo el cual, los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de propiedad exclusiva del Estado, ello por cuanto mediante dicho título, se reconoce la propiedad de un particular sobre el suelo y el subsuelo mineros, constituyéndose como situaciones jurídicas individuales y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes y de los cuales se deriva el cumplimiento de preceptos legales como se indica en el presente documento.

Esta Cartera Ministerial destacó la competencia para otorgar permisos, concesiones o autorizaciones para aprovechamientos forestales o aprovechamiento de árboles aislados, la cual corresponde a la autoridad ambiental con jurisdicción en el lugar donde se ubiquen los individuos arbóreos, acorde con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, adicionado por el Decreto 690 de 2021.  En relación con los consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo de desastres, como instancias coordinadoras, deberán someterse a las funciones y competencias asignadas en la Ley 1523 del 24 de abril del 2012.

El Consejo de Estado ordenó a la CVC solucionar la problemática de olores ofensivos como consecuencia de la quema de madera para la obtención de carbón producto de las actividades industriales en Yumbo. En esta providencia la Sala analizó el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las CAR’s, de los departamentos, distritos y municipios en materia ambiental. Explica que el parágrafo 4° del artículo 31 de la Ley 99, prevé que las Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar sus tareas “en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia”. A su vez, el artículo 66 de esta misma Ley determina que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. A su vez les asignó la responsabilidad de “efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

A través del presente concepto el MinAmbiente indicó que, el Decreto 1449 de 1997 “Por el cual se reglamenta parcialmente al inciso 1º del numeral 5º del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-ley número 2811 de 1974”, referente a la obligatoriedad de los propietarios de los predios, en relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, la Entidad indicó que el mismo fue compilado por el Decreto 1076 de 2015 (Único del sector Ambiente). “Lo anterior significa que el Decreto 1449 de 1997 fue derogado por el Decreto 1076 de 2015”.