Esta iniciativa define una metodología para identificar y permitir actividades agropecuarias de bajo impacto en estos ecosistemas estratégicos, cruciales para el agua y la biodiversidad. El objetivo es equilibrar la conservación ambiental con la garantía del derecho a la alimentación y los derechos de los campesinos, reconocidos como habitantes tradicionales del páramo. La metodología busca reconocer buenas prácticas, orientar programas de reconversión para actividades de alto impacto y promover el desarrollo agropecuario sostenible. Se aplicará en páramos ya delimitados o en proceso, con el apoyo de autoridades ambientales y entidades del sector, asegurando la participación de las comunidades.

La SIC, en ejercicio de la abogacía de la competencia, analizó el proyecto de regulación del Ministerio de Salud que busca prohibir la importación, fabricación, comercialización y uso del bromuro de metilo y de los plaguicidas que lo contengan, y concluyó que no genera afectaciones relevantes a la libre competencia económica. La SIC señaló que la medida se sustenta en compromisos internacionales para la protección de la capa de ozono y en riesgos comprobados para la salud y el ambiente, además de existir sustitutos menos nocivos. Desde la óptica competitiva, destacó que la prohibición corrige externalidades ambientales, establece una regla general y neutral para todos los agentes y fortalece la seguridad jurídica, sin crear barreras artificiales ni otorgar beneficios selectivos, dado que no existe un mercado activo del producto desde hace varios años.

El Ministerio de Agricultura propone declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 17 municipios de Córdoba, con el fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria del país. La iniciativa busca proteger suelos con alta vocación agrícola, priorizar la producción de alimentos y ordenar el uso del territorio frente a presiones como la expansión urbana, actividades extractivas o cambios no planificados del suelo. El proyecto también apunta a fortalecer la economía campesina, familiar y comunitaria, asegurar la disponibilidad de tierras productivas y promover prácticas sostenibles. Con la declaratoria de APPA, el Ministerio pretende orientar la planificación territorial y la inversión pública para preservar áreas estratégicas destinadas a la producción de alimentos, sin desconocer los derechos adquiridos ni las competencias de las autoridades locales.

El Ministerio de Agricultura declaró el año 2026 como el "Año de la Justicia Agraria". La iniciativa busca impulsar la gestión pacífica de conflictos rurales y facilitar la implementación de la Jurisdicción Agraria, considerada clave para transformar el campo. La resolución ordena coordinar planes sectoriales para garantizar el acceso a la justicia de campesinos y comunidades étnicas. Se insta a entidades como la Autoridad Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras a acelerar la resolución de procesos administrativos antes del 30 de junio de 2026.

 La Ministra de Agricultura declaró las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en el municipio de Caramanta, región suroeste de Antioquia, con vigencia a partir del 15 de enero de 2026. La medida se fundamenta en garantizar el derecho humano a la alimentación, la protección de los derechos del campesinado y la soberanía alimentaria, conforme a la Constitución y leyes como la 2294 de 2023. Esta declaratoria constituye una determinante de ordenamiento territorial de obligatorio cumplimiento para el departamento de Antioquia, Caramanta y agentes públicos/privados con planes de desarrollo físico espacial. La UPRA apoyará al Ministerio en la evaluación de estas áreas cada cinco años, y se construirá un Plan de Acción para la Producción de Alimentos.