La Corte Constitucional destacó la importancia de la restitución por equivalente al señalar que, en casos donde la restitución física o legal de un inmueble no es viable, o cuando la persona despojada enfrenta riesgos para su vida e integridad, es fundamental ofrecer alternativas de acceso a terrenos similares. Esta medida busca asegurar que las víctimas del conflicto armado puedan ejercer su derecho a la tierra y recuperar su dignidad, incluso si no pueden regresar al lugar de origen. La Corte enfatizó que el juez de restitución debe considerar no solo la relación material con la propiedad, sino también el contexto de riesgo que viven las víctimas. Además, se subrayó la obligación del juez de atender a la seguridad de las personas y de aplicar enfoques que respeten la historia y las necesidades específicas de las víctimas, garantizando así el respeto a sus derechos humanos en un proceso de reparación integral.

El "Plan para la Identificación, Caracterización, Reconocimiento y Formalización de las Territorialidades Campesinas" tiene como objetivo principal establecer mecanismos para proteger y formalizar los derechos territoriales del campesinado en Colombia, en cumplimiento de la Ley 2294 de 2023 y la Constitución Política. Se enfoca en la identificación y caracterización de comunidades rurales a través de un diagnóstico participativo, que incluye el análisis de elementos sociales, culturales, económicos y ambientales. Además, promueve la creación de Zonas de Reserva Campesina y busca la articulación con el Sistema Nacional de Reforma Agraria.

La SDA analizó el proyecto de Ley que regula estrategias regenerativas de suelo, coberturas vegetales, hábitats de polinizadores y urbanismo táctico, promoviendo la adaptación ante el cambio climático. La Dirección Legal Ambiental considera que el proyecto se alinea con el artículo 150 de la Constitución, que otorga al Congreso la potestad de legislar, y con otras disposiciones que garantizan la coherencia y el enfoque ante los retos ambientales.

El Decreto establece disposiciones para la inscripción de asociaciones campesinas y agropecuarias ante las Cámaras de Comercio, con el fin de obtener su personería jurídica. Estas asociaciones, consideradas esenciales para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, deben registrarse para facilitar sus relaciones con la administración pública y promover su participación en el sector. La inscripción tendrá un costo diferenciado según el grado de la asociación: Primer Grado (2 UVT), Segundo Grado (4 UVT), y Tercer Grado (6 UVT), siendo reducidos para asociaciones formadas exclusivamente por campesinos. El decreto también otorga a las cámaras un papel clave en la supervisión y control del registro. La regulación busca fomentar la asociatividad y fortalecer el marco legal que protege los derechos de estos grupos en el ámbito agropecuario y social.

Este plan busca garantizar el derecho fundamental a la salud de los campesinos, comunidades étnicas y trabajadores de zonas rurales y dispersas, contribuyendo a la superación de inequidades y a la mejora de los determinantes sociales de salud. A través de esta política, se pretende transformar estructuralmente el campo y crear condiciones de bienestar, lo que incluye la formación de personal comunitario para la promoción de la salud. Además, se contempla un incentivo para los profesionales de la salud que presten servicio social en estas áreas, acortando su período de servicio. El PNSR se enmarca dentro de los compromisos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, con el fin de implementar un modelo integral de atención en salud que responda a las necesidades de estas poblaciones.