El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de norma para declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis, ubicados en la estratégica región suroeste del departamento de Antioquia. Esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad y protección de zonas clave para la agricultura, estableciendo un marco legal para resguardar el sustento de miles de familias y fortalecer la seguridad alimentaria de la región, a la vez que se dictan otras disposiciones relevantes para el sector agrícola local. La medida se fundamenta en artículos constitucionales y leyes que buscan proteger y ordenar el uso del suelo para fines productivos, con documentos técnicos y una memoria justificativa anexos.

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) rechazó la solicitud del Ministerio de Agricultura y Desarrollo de entregar el código fuente y documentación técnica del aplicativo IPPTA. La Oficina Jurídica determinó que la acción no es jurídicamente viable. Los motivos incluyen la titularidad exclusiva de la ADR sobre los derechos patrimoniales del software, los riesgos inherentes a la seguridad de la información y la exposición de datos personales protegidos. La entrega contravendría principios de confidencialidad y requeriría nuevas autorizaciones de los titulares de datos, algo no previsto por la ley ni acuerdos existentes. La ADR aconseja registrar formalmente el IPPTA ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor para proteger su titularidad, reafirmando que no hay fundamento legal para la transferencia solicitada.

El Ministerio de Agricultura busca actualizar la política para la Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria (ACFEC). El proyecto modifica la Resolución 464 de 2017, reconociendo al campesinado como sujeto de derechos y garantizando la alimentación adecuada. Se busca saldar deudas históricas con mujeres, jóvenes y comunidades étnicas rurales, promoviendo un desarrollo con enfoque territorial y una gobernanza alimentaria sólida. La iniciativa, alineada con la Reforma Rural Integral, fortalece la participación de estas comunidades e introduce criterios de identificación y priorización que incluyen la sostenibilidad ambiental y la producción de alimentos.

El Ministerio de Agricultura publicó un proyecto de norma para declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Andes y Ciudad Bolívar, Antioquia, cubriendo 16,101.16 hectáreas. Esta medida, de carácter vinculante para el ordenamiento territorial, busca garantizar el derecho humano a la alimentación, la seguridad alimentaria y la protección del suelo rural productivo en la región.

El texto de este fallo del mes de agosto recientemente bajó a Relatoría de la Corporación. La Corte Constitucional, al revisar el proyecto de ley estatutaria que estructura la Jurisdicción Agraria y Rural, declaró la constitucionalidad de varios artículos. Los artículos 1 (objeto de la ley), 2 y 6 (integración de la jurisdicción con la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, tribunales y juzgados agrarios), y 7, 9, 10 y 12 (relativos a la planta de personal, creación de despachos, régimen de carrera y entrada en vigor) fueron hallados conformes a la Constitución al desarrollar el mandato del Acto Legislativo 03 de 2023. Sin embargo, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los artículos 4 (modificación de la integración de las salas de la Corte Suprema, como la de Casación Civil, Agraria y Rural) y 5 (que probablemente regulaba aspectos similares para el Consejo de Estado o nombramientos, lo cual excedía la facultad del legislador). Finalmente, el artículo 3 (que agrega la Jurisdicción Agraria y Rural al listado de ramas que ejercen función jurisdiccional) fue declarado constitucional, pero condicionado a que la modificación se entienda sobre el artículo 12 de la Ley 270 de 1996, ya reformado por la Ley 2430 de 2024. El artículo 8 (sobre los concursos para jueces y magistrados agrarios) fue constitucional con la condición de incluir preponderantemente derechos fundamentales campesinos y garantizar equidad a mujeres, comunidades étnicas y víctimas.