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Domingo, 16 Junio 2024

Edición 1187 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

A través del presente concepto la ANM indicó que los Reconocimientos de Propiedad Privada – RPP, se erigen como una excepción al postulado bajo el cual, los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de propiedad exclusiva del Estado, ello por cuanto mediante dicho título, se reconoce la propiedad de un particular sobre el suelo y el subsuelo mineros, constituyéndose como situaciones jurídicas individuales y concretas provenientes de títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes y de los cuales se deriva el cumplimiento de preceptos legales como se indica en el presente documento.

El Gobierno adicionó el artículo 2.2.3.1.8 al Capítulo 1, del Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, estableciendo que para la expedición de la certificación de población los Resguardos Indígenas de que trata el artículo 2.2.5.6.1 del Decreto 1082 de 2015, incluidos aquellos ubicados en las áreas no municipalizadas, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en virtud de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 2335 de 2023, tendrá como fuentes de información para las proyecciones de población indígena en resguardos, además del último censo nacional de población y vivienda realizado por el DANE, también las escuetas estadísticas, registros administrativos y otras fuentes de datos o de combinación de estas como los registros administrativos de población indígena derivados de los autocensos y/o censos propios de acuerdo con las funciones de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom, y Minorías del Ministerio de/Interior, así como  los estudios socioeconómicos, jurídicos y tenencia de tierra que soportan los actos administrativos de formalización de resguardos emitidos por la Agencia Nacional de Tierras -ANT, todo, acorde con los requerimientos técnicos y de calidad del proceso de producción estadística, establecidos por el Sistema Estadístico Nacional SEN y los principios de progresividad e inclusión en el marco de la Ley 2335 de 2023.

A través de este proyecto de acto administrativo, el MinComercio busca prohibir las exportaciones al Estado de Israel de las Hullas y Briquetas (Carbón), clasificadas por la subpartida arancelaria 2701.12.00.10. Los comentarios sobre este proyecto se recibirán hasta el 17 de junio a través del correo electrónico correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

De acuerdo con las indicaciones del presente concepto,  las medidas administrativas derivadas de la exploración y explotación ilícita de yacimiento mineros y del aprovechamiento ilícito, tales como el decomiso provisional y el cierre de las minas ilegales, son de competencia del Alcalde Municipal correspondiente, que deberá en un primer lugar ordenar la suspensión de las labores mineras ilícitas, decomisar el mineral incautado y poner en conocimiento de la autoridad penal competente, la cual una vez agotado el procedimiento respectivo, ordenará la enajenación a título oneroso y que el producto se destine a programas de erradicación ilícita de minerales.

La Ley 1955 de 2019 -PND 2018-2022, en su artículo 27, estableció que el procedimiento para la imposición de servidumbres mineras sería el previsto en la Ley 1274 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras”. Así, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, el titular minero que se encuentre interesado en iniciar el trámite para la imposición de servidumbres mineras y la tasación de las indemnizaciones, deberá atender el procedimiento señalado en la Ley 1274 de 2009, bajo el entendido que las disposiciones contenidas en la misma fueron integradas a la legislación minera.