El Ministerio de Ambiente aclaró aspectos sobre si las plantas de beneficio minero independientes, amparadas por el artículo 106 de la Ley 685 de 2001, requieren un concepto de ordenamiento territorial para su construcción y operación. El consultante planteó esta inquietud, buscando claridad sobre el fundamento normativo de tal exigencia o la ausencia de la misma. Tras analizar normativas clave como la Ley 1658 de 2013 y el Decreto 1421 de 2016, que prohíben la ubicación de nuevas plantas de beneficio de oro con mercurio en zonas residenciales o recreativas y exigen licencia ambiental, el Ministerio concluye que sí es procedente. Durante el trámite de licencia ambiental, específicamente en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), la autoridad ambiental competente puede solicitar a la entidad territorial respectiva el certificado de usos de suelo para fundamentar su decisión. Este proceso es vital para asegurar la compatibilidad del proyecto con el desarrollo territorial.

La ANM modificó parcialmente la Resolución 266 de 2020, que regula el trámite para la declaración de Áreas de Reserva Especial (ARE) destinadas a estudios geológico-mineros y proyectos de minería. La medida busca enfrentar los desafíos de formalización que enfrentan las comunidades mineras tradicionales. La ANM identificó que las dinámicas internas de estas comunidades, como la desarticulación, la explotación individual y el incumplimiento de obligaciones por parte de algunos miembros, generan conflictos y retrasan los procesos. Ante esto, la resolución permite un tratamiento diferenciado en el seguimiento y verificación de requisitos, ajustando las consecuencias por incumplimiento a la realidad individual, sin ignorar el carácter colectivo. Esto incluye la suspensión de actividades, la exclusión de beneficiarios incumplidores o la terminación del ARE si el incumplimiento es generalizado, buscando así optimizar la gestión y promover un acceso más equitativo a la legalidad minera.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) actualizó los criterios de evaluación de la capacidad económica en las propuestas de contratos de concesión minera y solicitudes de cesión de derechos o áreas. Esta normativa busca dinamizar la inversión en el sector, reconociendo la realidad de financiamiento en la industria. El cambio principal permite a los solicitantes acreditar su solvencia financiera mediante el respaldo de su sociedad matriz o controlante, sus subordinadas, o una persona jurídica vinculada contractualmente, superando las restricciones anteriores que limitaban las opciones de garantía. Esta flexibilidad se alinea con los principios de eficacia y armonización administrativa, derogando la Resolución 352 de 2018 y sus modificaciones.

El Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución que busca delimitar el "Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Sur de Córdoba", abarcando Ayapel, Montelíbano, Tierralta y otros municipios. Esta iniciativa busca ser un instrumento de planificación socioambiental y articulación institucional para la sostenibilidad regional. Su propósito es fomentar la asociatividad minera de pequeña escala, la industrialización de minerales estratégicos, el desarrollo de nuevas alternativas productivas, la reconversión laboral y la soberanía alimentaria, todo en línea con el Plan Nacional de Desarrollo y el Decreto 977 de 2024. Se consideran la tradición minera, el estado de los ecosistemas y el fomento de la industrialización para una economía diversificada.

La UPME se consolida como líder del sector Minas y Energía al obtener 95 puntos en el Índice de Desempeño Institucional (IDI) del FURAG. Este logro, por segundo año consecutivo, la ubica en el primer puesto y supera ampliamente el promedio nacional. El resultado evidencia una mejora sostenida desde 2022 y ratifica la efectividad de sus procesos de planeación, gestión y mejora continua. Además, obtuvo calificaciones superiores a 90 puntos en 17 de las 19 políticas evaluadas, demostrando solidez administrativa y un firme compromiso con la excelencia en el servicio público.