Los Ministerios de Transporte y Trabajo e,mitieron una circular conjunta para reforzar las responsabilidades laborales de las empresas, propietarios y contratantes en el sector transporte. El objetivo es garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y decentes para los conductores, obligando a formalizar contratos cuando exista una relación laboral real. La directriz subraya la necesidad de asegurar salarios justos (incluyendo horas extras y prestaciones sociales), respetar jornadas laborales y descansos mínimos, y afiliar a los trabajadores a seguridad social integral y al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se prohíben prácticas como el uso de contratos civiles para encubrir relaciones laborales, la transferencia injusta de costos operativos que afecten el salario mínimo de los conductores, y la imposición de jornadas extenuantes. Las autoridades competentes realizarán inspecciones y aplicarán sanciones a quienes incumplan estas obligaciones.

El Gobierno subrogó un capítulo del Decreto 1072 de 2015 para unificar y reglamentar exhaustivamente las prácticas laborales y los contratos de aprendizaje. La medida enfatiza la protección del trabajo como derecho social, garantizando condiciones dignas, libertad sindical y negociación colectiva para todos, incluidos aprendices y practicantes. El decreto distingue claramente la naturaleza formativa de las prácticas, evitando su confusión con relaciones laborales, y define el contrato de aprendizaje como un vínculo especial con fin formativo. Además, establece mecanismos contractuales, incluye requisitos para estudiantes extranjeros y obliga a implementar protocolos contra el acoso sexual, consolidando una regulación más clara y justa para el ámbito formativo laboral.

El Ministerio del Trabajo de Colombia ha publicó un proyecto de resolución crucial para reglamentar el Beneficio Crea Empleo, un aporte estatal diseñado para impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo formales. La iniciativa, fundamentada en el artículo 35 de la Ley 2466 de 2025, establece procedimientos claros para el desistimiento, restitución, devolución y compensación de los recursos públicos. Su objetivo es fomentar la contratación de mujeres, jóvenes y personas mayores de 50 años, otorgando hasta el 25% de un salario mínimo mensual por cada nuevo empleo elegible, priorizando a micro y pequeñas empresas.

La Corte Constitucional se inhibió de emitir un fallo de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 639 de 2025, que convocaba a una consulta popular nacional, incluyendo preguntas sobre jornada laboral, recargos y formalización laboral. La decisión, Sentencia C-036/26, se fundamentó en la "sustracción de materia". La Corte constató que el decreto había sido derogado por el Decreto 703 de 2025, por lo que no se encontraba vigente ni producía efectos jurídicos, haciendo innecesario un pronunciamiento de fondo.

La Corte Constitucional de Colombia y la OIT sellaron una alianza estratégica para fortalecer la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo en el país. Mediante un memorando de entendimiento, ambas entidades buscan potenciar la formación judicial y el intercambio de experiencias sobre derechos laborales. La magistrada Paola Meneses Mosquera y el director Italo Cardona resaltaron que este acuerdo permitirá adaptar principios internacionales a desafíos como la digitalización y el trabajo en plataformas. Bajo el marco del artículo 93 constitucional, la cooperación pretende que las decisiones judiciales reflejen compromisos internacionales, consolidando la justicia social y el trabajo decente como pilares fundamentales del desarrollo sostenible