El Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Trabajo están liderando la construcción del CONPES de Trabajo Digno y Decente, una política pública que busca promover la equidad de género y la dignidad laboral en Colombia. A través de talleres participativos en más de 20 departamentos, se están recolectando ideas y comentarios de mujeres y comunidades sobre sus necesidades y visiones respecto al trabajo decente. Entre los temas abordados se encuentran la brecha salarial, el trabajo no remunerado, la discriminación laboral y la dignificación de labores como el trabajo doméstico y la partería. Este proceso incluye la participación de organizaciones sociales, sindicales y líderes comunitarios, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con el empleo digno y la justicia social. Se espera que el CONPES esté listo en el primer trimestre de 2025, integrando las aportaciones recogidas durante las jornadas de escucha y participación. Este esfuerzo busca no solo reconocer el trabajo de las mujeres, sino también materializar sus sueños y necesidades en una política pública que refleje sus realidades y aspiraciones.
Esta decisión la adoptó la Corte en diciembre de 2023, pero el texto de la providencia fue publicado en diciembre de 2024. En este importante fallo, la Corte revisó una acción de tutela interpuesta contra Colpensiones, el municipio de Montería y la Universidad del Sinú, por la omisión de periodos laborales y salarios en su historia laboral. La Corte determinó que Colpensiones vulneró sus derechos a la seguridad social, a la vida digna, al mínimo vital y al habeas data. Se ordenó a Colpensiones corregir la historia laboral del acionante, asegurando la inclusión de la información omitida.
El ministerio de Salud adoptó el Plan de la Cultura de la Seguridad Social para el periodo 2025-2028. Este plan busca fortalecer la educación y la comunicación sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, promoviendo un enfoque diferencial que garantice el acceso equitativo a la información y servicios, especialmente para grupos históricamente discriminados. Se enfatiza la formación de capacidades comunicativas entre agentes y usuarios, así como la evaluación constante de los procesos comunicativos. Además, se identifican acciones específicas para mejorar la confianza entre usuarios y funcionarios, abordando la desconfianza existente y promoviendo un trato humanizado. El plan también incluye estrategias educativas y de sensibilización para fomentar una cultura de seguridad social que respete las tradiciones y costumbres de la población, contribuyendo así a una mejor atención y protección de la salud en un contexto multicultural.
Esta reciente decisión de la Corte Constitucional tiene varias implicaciones significativas tanto para los trabajadores como para los empleadores: se establece que el pacto de salario integral debe constar por escrito. Esto implica que los empleadores deben asegurarse de formalizar este tipo de acuerdos de manera escrita, evitando así la posibilidad de que se acepte una convalidación tácita por parte del trabajador. Al exigir que la aceptación del pacto de salario integral sea explícita y documentada, se refuerza la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Esto significa que los trabajadores tienen una mayor garantía de que sus condiciones laborales y salariales son claras y acordadas, lo que puede prevenir abusos. Los empleadores ahora tienen la carga de demostrar que existe un acuerdo formal y explícito sobre el salario integral. Esto puede aumentar la responsabilidad legal de los empleadores en caso de disputas laborales, ya que deberán presentar pruebas documentales de la aceptación del trabajador. La necesidad de un acuerdo escrito puede cambiar la dinámica de la relación laboral, ya que los trabajadores pueden sentirse más empoderados para negociar sus condiciones laborales, sabiendo que cualquier pacto debe ser formalizado y no puede ser asumido tácitamente.
La adenda debe ser aplicada por todos los actores del Sistema General de Riesgos Laborales, manteniendo el cumplimiento de la Resolución No. 3077 de 2022, que establece el plan original. Se añaden nuevas líneas operativas, como la gestión de la transversalidad de la seguridad y salud en el trabajo, y el desarrollo de modelos de protección de riesgos laborales específicos para poblaciones vulnerables en el sector rural. Esto incluye la realización de estudios técnicos para desarrollar modelos de aseguramiento y evaluar incrementos en las cotizaciones al Fondo de Riesgos Laborales.