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Viernes, 14 Junio 2024

Edición 1186 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

El Consejo de Estado ordenó a la CVC solucionar la problemática de olores ofensivos como consecuencia de la quema de madera para la obtención de carbón producto de las actividades industriales en Yumbo. En esta providencia la Sala analizó el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las CAR’s, de los departamentos, distritos y municipios en materia ambiental. Explica que el parágrafo 4° del artículo 31 de la Ley 99, prevé que las Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar sus tareas “en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia”. A su vez, el artículo 66 de esta misma Ley determina que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. A su vez les asignó la responsabilidad de “efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

A través del presente concepto el MinAmbiente indicó que, el Decreto 1449 de 1997 “Por el cual se reglamenta parcialmente al inciso 1º del numeral 5º del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 y el Decreto-ley número 2811 de 1974”, referente a la obligatoriedad de los propietarios de los predios, en relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, la Entidad indicó que el mismo fue compilado por el Decreto 1076 de 2015 (Único del sector Ambiente). “Lo anterior significa que el Decreto 1449 de 1997 fue derogado por el Decreto 1076 de 2015”.

A través del presente Acto, MinAmbiente implementó, en aplicación al principio de precaución, medidas de protección ambiental de los humedales Juan Amarillo, Jaboque y Córdoba, que integran el Complejo de Humedales Urbanos del Distrito Capital de Bogotá, designado como ecosistema de importancia especial e internacional bajo la categoría RAMSAR, para efectos de proteger su vocación ambiental, la responsabilidad del Estado de asumir sus obligaciones ambientales dentro de la Convención RAMSAR, asegurar su interconectividad ecosistémica y garantizar la efectividad de la oferta de los servicios ambientales en procura de un desarrollo sostenible.

“Quien incurre en una falta no tiene la posibilidad de conocer la cuantía de la multa correspondiente, pues en el momento en que infringe el régimen cambiario, no sabe ni puede saber cuál será el valor del salario mínimo mensual legal vigente o la tasa de cambio vigentes para la fecha- incierta también- en que se formule el pliego de cargos. En otras palabras, en el momento de la falta la sanción no aparece plenamente determinada, sino ulteriormente determinable”.

Para la Sala, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, consideró que en el presente caso sí se vulneran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas de la población aledaña a la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Ocaña, especialmente, de quienes residen en inmediaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales.