La decisión se centró en la acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo en relación con la situación de 167 viviendas construidas sin licencia en el área de seguridad de una vía férrea en Barrancabermeja. La Sala confirmó la decisión del Tribunal de primera instancia, que había ordenado la realización de un estudio previo para determinar si se debe reubicar la vía férrea o las viviendas afectadas. Se estableció un plazo de 12 meses para que el Municipio de Barrancabermeja y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) realicen un estudio que incluya análisis técnicos, sociales, ambientales y financieros. Este estudio debe determinar la opción que maximice la asignación de recursos públicos. El estudio deberá establecer en detalle las acciones a adelantar para la efectiva protección de los derechos colectivos que se amparan y deben incluir los plazos razonables para su ejecución.
El MinAmbiente, luego de hacer un repaso normativo de la legislación y doctrina aplicable, la Entidad indicó que se exige la licencia ambiental para el aprovechamiento y valoración de residuos orgánicos biodegradables, mas no para el manejo de subproductos detallando que un residuo o desecho, es cualquier objeto material, sustancia o elemento que el generador descarta, desecha o entrega y que corresponde a la corporación realizar la respectiva evaluación.
MinAmbiente en el presente concepto indicó entre otros que, lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 2294 de 2023, aplica exclusivamente para los prestadores del servicio público de alcantarillado en el territorio nacional. El parágrafo transitorio del artículo 25 de esta Ley, aplicará para los prestadores del servicio público de alcantarillado a partir del 01 enero de 2024; lo anterior significa que, todo lo dispuesto antes de esta fecha, continúa vigente y bajo la normatividad mencionada y explicada por esta Cartera Ministerial.
En el presente concepto la CRA indicó que el Costo Promedio Ponderado del Capital WACC se definió y se utilizó en los marcos tarifarios como la tasa de retorno que se obtendrá sobre un determinado proyecto, es decir, se usó como un método para valorar el costo de financiación de activos, ya sea mediante patrimonio, deuda o una combinación de los dos.
Esta ley busca integrar estos temas en la educación de todos los niveles, desde la infancia hasta la formación de funcionarios públicos, promoviendo así un futuro más consciente y responsable con nuestro entorno estableciendo un marco para fortalecer la formación en sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión del riesgo de desastres en todos los niveles educativos, desde la educación preescolar hasta la educación superior. La ley busca, en última instancia, crear una cultura de conciencia ambiental y preparación ante desastres en la sociedad colombiana.