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Miércoles, 24 Junio 2026

Edición 1668 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra varias normas que regulan las actividades complementarias de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en el servicio público de aseo. La acción judicial cuestiona el Decreto 1713 de 2002 y el Decreto 838 de 2005, expedidos por el Presidente de la República y los entonces ministerios competentes en materia económica y ambiental; el Decreto 1784 de 2017 y la Resolución 0938 de 2019, emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el Decreto 1076 de 2015, expedido por el Presidente y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; y el Decreto 670 de 2025, suscrito por el Presidente de la República y los ministerios de Agricultura, Minas y Energía, Trabajo, Ambiente y Vivienda. El demandante sostiene que estas disposiciones regulan de forma insuficiente los rellenos sanitarios, desincentivan alternativas sostenibles para la gestión de residuos y no contemplan medidas adecuadas para la remediación de botaderos clausurados. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, la corporación decidió admitir la demanda para estudiar de fondo la legalidad de las normas cuestionadas.

Del 9 al 11 de julio, Bogotá será la sede de la Feria Internacional del Ambiente (FIMA 2026), en Corferias, consolidada como la vitrina de sostenibilidad más importante de Latinoamérica. Organizada por el Ministerio de Ambiente, Caem y Corferias, reunirá a gobiernos, empresas y expertos para impulsar soluciones innovadoras en transición energética justa, conservación de biodiversidad, bioeconomía y tecnologías limpias. El evento destacará los avances de Colombia como referente en la defensa ambiental y promoverá el intercambio de conocimientos y alianzas frente a la crisis climática, con una agenda académica robusta y participación internacional, incluyendo a Brasil.

La CRA publicó una circular a través de la cual insta a prestadores y usuarios a tomar acciones preventivas ante la muy probable llegada del fenómeno de El Niño. Según el IDEAM, las condiciones ya están presentes, con más del 95% de probabilidad de fortalecimiento y persistencia hasta el primer trimestre de 2027. Esto podría generar incrementos de temperatura, estrés hídrico, reducción de caudales y niveles bajos en embalses, afectando el suministro de agua. La CRA, a través de su campaña "El Niño Viene, el Agua se Cuida", llama a la articulación interinstitucional, a la revisión de planes de uso eficiente del agua, a la identificación de fuentes alternas y a campañas educativas para promover el ahorro. Se subraya la corresponsabilidad para mitigar el desabastecimiento y garantizar la continuidad del servicio.

El Ministerio de Ambiente interpretó la expresión "ambiental" contenida en el artículo 87 de la Ley 1801 de 2016, el Código de Policía. La Cartera ratifica que el control de la contaminación acústica, un factor que afecta el patrimonio común, es una función primordial de las autoridades ambientales en su jurisdicción. Esto se sustenta en normativas como la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, que fijan límites de ruido y calidad del aire. Se enfatiza la coordinación con autoridades de policía y salud, quienes deben alertar sobre posibles infracciones. Las actividades económicas deben cumplir estas regulaciones para garantizar un desarrollo sostenible.

El Ministerio de Ambiente respondió a una solicitud a través de la cual delineó el vasto panorama de la normatividad ambiental nacional e internacional aplicable en el país. La entidad destaca el Sistema Único de Información Normativa (SUIN-JURISCOL) como la principal herramienta gratuita para consultar leyes, decretos, resoluciones y su jurisprudencia, incluyendo sus modificaciones y estado de vigencia. Adicionalmente, el Ministerio ofrece una sección especializada en su página web con la normativa ambiental organizada por tipo. El concepto incluye un resumen sinóptico de la Constitución Política de 1991, leyes y decretos relevantes, así como una enumeración de tratados internacionales ratificados por Colombia en áreas clave como biodiversidad, cambio climático y manejo de sustancias y residuos peligrosos, reafirmando los compromisos ambientales del país.