Las entidades explicaron que personas naturales o jurídicas que inviertan en vehículos eléctricos o híbridos, energía limpia, eficiencia energética o hidrógeno, pueden acceder a incentivos tributarios. Para ello, deben solicitar el certificado UPME a través del Sistema Único de Usuarios (SUU) en la web de la UPME. Tras la evaluación y emisión del certificado, este debe presentarse ante la DIAN para obtener beneficios como deducción de renta, exclusión del IVA, exención arancelaria y depreciación acelerada.

Con este proyecto normativo el Ministerio de Agricultura busca declarar 16.816,57 hectáreas como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en La Pintada, Montebello, Santa Bárbara y Valparaíso, Antioquia. Estas APPA son una determinante de ordenamiento territorial (nivel 2), de obligatorio cumplimiento para el departamento, municipios y actores públicos/privados. La declaratoria, apoyada por un documento técnico de UPRA, busca proteger la producción de alimentos. Los municipios deben reglamentar el uso del suelo, verificar el cumplimiento de la resolución y ejercer control urbano. Se respetan derechos adquiridos, y el Ministerio evaluará el impacto cada cinco años, construyendo un Plan de Acción con UPRA.

Este proyecto de resolución declara las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en 3.963,71 hectáreas de los municipios de Hispania y Jardín, Antioquia. Constituidas como determinante de ordenamiento territorial de nivel 2, las APPA buscan proteger la producción alimentaria y el uso sostenible del suelo rural, siendo de obligatorio cumplimiento para los agentes públicos y privados. Los municipios de Hispania y Jardín deberán reglamentar y verificar el uso del suelo acorde a la resolución, la cual será evaluada cada cinco años por el Ministerio con apoyo de la UPRA, respetando los derechos adquiridos.

 El Ministerio de Agricultura ha publicado un proyecto normativo clave para el desarrollo rural sostenible en la Orinoquía (Arauca, Meta, Casanare y Vichada), centrándose en el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso productivo del suelo. Esta política articula la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) con la Agroindustria, promoviendo economías asociativas, capacidades productivas y generación de ingresos. Un pilar fundamental es el reconocimiento y la protección de los derechos territoriales de comunidades étnicas y campesinas, respetando sus culturas y excluyendo sus tierras de Zonas de Desarrollo Empresarial. Los lineamientos buscan un equilibrio ambiental y la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo y Social para la Altillanura, impulsando modelos productivos sostenibles y tecnificación para mejorar la calidad de vida y consolidar la paz territorial en la región.

El proyecto normativo tiene como objetivo principal proteger y conservar el suelo rural para la producción agroalimentaria sostenible, garantizando el derecho humano a la alimentación y la seguridad alimentaria. Desde el punto de vista ambiental y de suelos, busca asegurar la disponibilidad y sostenibilidad del suelo apto, promoviendo su uso equitativo y racional para actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas, y evitando su artificialización. La iniciativa pretende mantener la integridad física y la capacidad productora de los suelos, planificar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, prevenir el deterioro ambiental, y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático mediante estrategias de uso sostenible del suelo. Las APPA se configuran como determinantes de ordenamiento territorial para orientar a los entes locales en la protección del suelo productivo.