El Ministerio de Ambiente señala que en Colombia el silencio administrativo positivo es una excepción aplicable sólo por disposición legal expresa, y no opera en materia ambiental. La Corte Constitucional ha declarado inexequibles normas que establecían silencio positivo para trámites ambientales, argumentando que esa figura contraviene los deberes constitucionales de protección del ambiente y compromisos internacionales. La omisión estatal no puede sancionarse con la concesión automática de licencias, pues ello debilita el carácter imperativo de la protección ambiental. El silencio positivo en asuntos ambientales pondría en riesgo irreversible el ambiente y derechos conexos, por lo que la Corte ha rechazado su uso en esta materia, privilegiando la prevención y control del deterioro ambiental sobre la eficacia administrativa.

Con la normativa vigente, la metodología tarifaria para prestadores del servicio público de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores no permite incluir en la tarifa el aprovechamiento de residuos orgánicos. Para que esta inclusión sea viable, los prestadores deben: i) constituirse como prestadores del servicio público de aseo según Ley 142 de 1994, ii) contar con los permisos y autorizaciones ambientales correspondientes, iii) estar inscritos en el Registro Único de Prestadores (RUPS) para dicha actividad, y iv) cumplir con los requisitos de reporte de información al SUI establecidos por la entidad de vigilancia. El operador debe registrarse en el RUPS señalando las actividades realizadas conforme al Decreto 1077 de 2015. Actualmente, la Comisión está actualizando el marco tarifario, abierto a participación ciudadana hasta el 30 de octubre, para incluir esta actividad en el futuro. Hasta entonces, no es posible repercutir este costo en la tarifa.

 El Ministerio de Transporte de informó que, dentro de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), la movilidad eléctrica es la medida con mayor potencial para reducir emisiones de CO2, con la meta de incorporar 600,000 vehículos eléctricos para 2030. A diciembre de 2024, se logró el 82% de la meta anual, reflejando un crecimiento sostenido apoyado por incentivos como reducción del impuesto sobre vehículos eléctricos al 1%, descuento en SOAT, tarifa del 5% en IVA, exención de aranceles y estacionamientos preferenciales. Además, se impulsan dos estrategias nacionales para promover tecnologías limpias y desarrollar infraestructura de carga, facilitando así la transición hacia un transporte más sostenible y contribuyendo a la mitigación de gases de efecto invernadero en el país.

El Ministerio de las Culturas publicó proyecto de norma para incluir un representante de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Consejo Nacional de Cultura, cumpliendo el artículo 356 de la Ley 2294 de 2023 y los acuerdos de consulta previa NT2-65 y NT2-66. Esta medida fortalece la participación y representación de estos pueblos en espacios y procesos culturales a nivel nacional y territorial, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La elección del representante será definida por la Comisión IV del Espacio Nacional de Consulta Previa, respetando los principios de autonomía y autodeterminación. La resolución busca garantizar el acceso y la visibilidad de estas comunidades en las políticas culturales, promoviendo su gobierno propio y participación activa.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural presentó un proyecto para declarar un Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Tarso y Salgar, Antioquia. La iniciativa busca salvaguardar 8.367,64 hectáreas dedicadas a la producción agrícola, garantizando la seguridad alimentaria y el derecho humano a una alimentación adecuada. La resolución propone un plan de acción alineado con la legislación vigente, fortaleciendo la rectoría territorial y promoviendo el uso sostenible del suelo rural. Además, se establece que los municipios reglamentarán el uso del suelo conforme a los lineamientos técnicos, con evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Esta medida responde a compromisos nacionales e internacionales para enfrentar retos ambientales como la desertificación y el cambio climático, y promueve la colaboración entre entidades públicas y privadas para fortalecer el desarrollo rural sostenible.