Conceptos (160)
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un concepto de abogacía de la competencia sobre el proyecto de resolución de la CREG que establece medidas transitorias para asignar capacidad de transporte a proyectos de generación eléctrica menores a 10 MW en el Sistema Interconectado Nacional. La SIC advierte que al otorgar a los Operadores de Red la facultad de evaluar y decidir sobre solicitudes de conexión, se crea un riesgo potencial de abuso de posición dominante, que podría distorsionar la competencia y generar tratos discriminatorios sin justificación. Por ello, recomienda incluir disposiciones claras que obliguen a los operadores a aplicar criterios objetivos, técnicos y no discriminatorios, garantizando el acceso justo y evitando obstrucciones al transporte de energía. Esta vigilancia busca proteger la libre competencia sin afectar la expansión eficiente del sistema eléctrico nacional. La SIC solicita a la CREG remitir la versión final del proyecto para seguimiento.
La SIC respaldó el proyecto del Ministerio de Minas que prioriza el suministro de gas natural a la demanda esencial, al considerar que corrige una falla de mercado que afecta sectores críticos como transporte público y consumo residencial, garantizando la continuidad del servicio público. La medida no modifica directamente los precios ni tarifas, pero puede generar efectos económicos indirectos, por lo que la SIC recomienda implementar un sistema de monitoreo periódico de precios y márgenes para evitar distorsiones o traslados injustificados de costos. Además, se destaca que la priorización es objetiva y no discriminatoria, alineándose con los principios de competencia y protección del interés general. Estas acciones buscan asegurar eficiencia, transparencia y equidad en el mercado energético, preservando la seguridad energética nacional.
La SIC analizó el proyecto que modifica la regulación de finanzas abiertas en Colombia, destacando su potencial para fomentar la competencia mediante la interoperabilidad entre agentes financieros. Sin embargo, advierte riesgos de barreras de entrada, consolidación de posiciones dominantes, y asimetrías entre grandes plataformas tecnológicas. La SIC recomienda incorporar expresamente sus observaciones en el acto administrativo y sugiere mantener vigilancia estricta para evitar distorsiones en la dinámica competitiva. Además, señala la necesidad de progresividad en la implementación y ajustes en los costos de acceso para proteger a las pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo así un mercado financiero más justo y competitivo.
A través del análisis de un proyecto de norma publicado por el DNP, la SIC valoró positivamente la pretensión del Gobierno de reorientar la política para que las PcD sean oferentes activos en contratación pública, no solo beneficiarias indirectas. Considera que el proyecto busca corregir fallas estructurales del mercado, promover la inclusión y ampliar la oferta efectiva, mejorando la asignación del gasto público. Sin embargo, la Superintendencia identifica riesgos en el diseño de las medidas preferenciales que podrían afectar la libre competencia, por lo que propone recomendaciones para equilibrar la inclusión con condiciones equitativas de competencia.
El concepto de la SIC destaca que la regulación vigente en consumo se aplica sin distinción al uso de IA en servicio al cliente, términos, condiciones y publicidad, exigiendo transparencia y protección al consumidor. Los productores deben proporcionar información clara y veraz, garantizando derechos y evitando riesgos del uso de IA. No hay normas específicas que restrinjan la IA, pero el marco actual exige un uso racional y responsable, protegiendo al consumidor y su derecho a la información. La Entidad exhorta a una cultura de transformación digital y a la adopción ética y sostenible de IA conforme a políticas nacionales.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un concepto de abogacía de la competencia sobre el proyecto de decreto que busca establecer lineamientos para la contratación a largo plazo en el sector eléctrico colombiano. El análisis identificó riesgos asociados a tratos diferenciados injustificados entre tecnologías de generación, falta de claridad en la aplicación de mecanismos administrados versus competitivos, ausencia de reglas para la formación transparente de precios y posibles barreras de entrada por plazos límite de operación. Aunque el proyecto incorpora mejoras respecto a versiones previas, la SIC recomendó continuar el trámite para garantizar la neutralidad tecnológica y evitar distorsiones en la competencia, absteniéndose finalmente de un nuevo pronunciamiento ante la ausencia de cambios sustanciales en la propuesta. Esta posición busca promover un mercado energético más competitivo y sostenible
La SIC emitió un concepto de abogacía de la competencia respecto al proyecto de decreto que busca garantizar la estabilidad tarifaria y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en el mercado regulado. El proyecto obliga a que al menos el 95 % de la generación de plantas hidráulicas despachadas centralmente se venda bajo contratos, priorizando usuarios regulados. La SIC advirtió riesgos sobre la limitación a la libertad económica y posibles distorsiones competitivas, recomendando un enfoque flexible basado en incentivos voluntarios. Se destacó la necesidad de análisis técnicos rigurosos para equilibrar la estabilidad tarifaria con la libre competencia y se reconocieron los avances del Ministerio de Minas y Energía en la sustentación empírica del proyecto.
La SIC analizó el proyecto de decreto busca actualizar la regulación de incentivos a productores agropecuarios, priorizando pequeños y medianos productores y la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Esta iniciativa atiende mandatos constitucionales y normativos para reducir desigualdades estructurales y promover la seguridad alimentaria. La SIC valora positivamente su enfoque social, pero advierte la necesidad de diseñar los apoyos con rigor técnico y neutralidad competitiva para evitar distorsiones de mercado. Recomienda incorporar mecanismos que limiten el escalamiento de incentivos y aseguren proporcionalidad y vinculación directa con área o producción para preservar la competencia.
De acuerdo con el análisis de la SIC, el proyecto busca implementar un mecanismo diferencial de estabilización de precios del ACPM para ciertos vehículos, alineando el ingreso al productor con el precio de paridad internacional. Esto pretende corregir la regresividad e inequidad del gasto público, focalizando los subsidios en sectores con función social prioritaria, mejorando la eficiencia fiscal y apoyando la transición energética. Aunque la focalización territorial inicial podría generar riesgos para la libre competencia, se prevén medidas de trazabilidad, control y supervisión para mitigar estos efectos. Además, se establece un seguimiento para evaluar su impacto y la posible extensión a otros municipios, garantizando así la proporcionalidad y sostenibilidad fiscal del esquema.
La SIC a través de concepto de abogacía de la competencia, analizó que el proyecto de Decreto que moderniza el régimen de zonas francas, incorporando a actores de la economía popular mediante flexibilización de requisitos y cuotas mínimas de empleo (5%) para estos actores, promoviendo inclusión productiva y formalización. La Entidad advierte que los tratos diferenciados y la prelación en contratación pueden generar distorsiones al afectar la competencia y la igualdad de condiciones con otros proveedores y trabajadores. También señala riesgos por la creación de zonas francas con requisitos más laxos que podrían afectar el mercado.
