Acceso   

Ingrese a su cuenta

Usuario *
Clave *
Recordarme

Seccion1

El Consejo de Estado ordenó a la CVC solucionar la problemática de olores ofensivos como consecuencia de la quema de madera para la obtención de carbón producto de las actividades industriales en Yumbo. En esta providencia la Sala analizó el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las CAR’s, de los departamentos, distritos y municipios en materia ambiental. Explica que el parágrafo 4° del artículo 31 de la Ley 99, prevé que las Corporaciones Autónomas Regionales deben realizar sus tareas “en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia”. A su vez, el artículo 66 de esta misma Ley determina que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. A su vez les asignó la responsabilidad de “efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación.

Para la Sala, contrario a lo señalado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, consideró que en el presente caso sí se vulneran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas de la población aledaña a la Planta de Beneficio Animal del Municipio de Ocaña, especialmente, de quienes residen en inmediaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales.

Para la Sala, se establecieron en la licencia ambiental distintos componentes para garantizar la sostenibilidad ambiental y la mitigación del impacto producido por la construcción de la segunda calzada, como lo fueron: el Plan de Manejo Ambiental, las medidas de compensación por aprovechamiento forestal, las medidas de compensación para el medio biótico – fauna, medidas por levantamiento de veda y las medidas por compensación por pérdida de biodiversidad, entre otras, que fueran compatibles con el proyecto. Por tanto, para la Sala, las anteriores medidas de compensación establecidas en la licencia ambiental fueron adecuadas y cumplieron con el análisis de impacto ambiental.

La Sala observó que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. realizó unas intervenciones irregulares del ecosistema urbano Machángara. Dichas actividades estuvieron orientadas a descargar en el cauce el exceso de las aguas lluvias que rebasan la capacidad del sistema de alcantarillado administrado por la empresa. Sin embargo, además de que la empresa no contó con los permisos y autorizaciones correspondientes, tampoco tuvo los soportes técnicos que demandaba el componente ambiental del proyecto. La Sala modificó las órdenes de amparo, con miras a que la CRC determine cuáles son las acciones idóneas que acatará la autoridad ambiental, el señor representante del Campanario Centro Comercial y Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P. para recuperar, en la medida de lo posible los servicios ecosistémicos que presta el zanjón Machángara. “La Sala encuentra que el recurso hídrico es un ecosistema protegido, bien sea que provenga de las lluvias, o constituya una corriente intermitente, acompañado de un cauce natural o artificial. Ese tipo de cauces, sus márgenes y los recursos naturales asociados son elementos o estructuras verdes urbanas que, al pertenecer a la Nación y estar afectos al uso público, no deben ser intervenidos y mucho menos ser alterados, deteriorados o contaminados”.

La Sala confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en la que encontró acreditada la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y al aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución por parte de Cartón de Colombia S.A., con ocasión del aprovechamiento forestal que realiza en las áreas de ronda y forestal protectora de las quebradas Sinaí y La Tobón, Calimita, y su incidencia en el desabastecimiento y contaminación del agua.

La Sala encontró probada la afectación de los derechos e intereses colectivos de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, por cuenta de la ausencia de la infraestructura adecuada para la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado en el barrio Florida Baja la cual es atribuible a las autoridades demandadas, esto es, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Municipio de Armenia y Empresas Públicas de Armenia E.S.P. De acuerdo con el informe expedido por la Secretaría de Salud del Municipio de Armenia, hay vertimientos arrojados a cavidades que no cuentan con recubrimiento interno, en algunos casos cubiertos en su parte superior y uno colmatado; con olores ofensivos en el perímetro cercano a las letrinas, así como hallazgo de “formas inmaduras (larvas y pupas) de mosquito Aedes, en un tanque bajo que, a pesar de poseer tapa, estaba desportillado permitiendo el ingreso de mosquitos.

La Sala explicó que “el régimen tributario especial que prevé la ley de servicios públicos para las empresas que los prestan, las sujetó al ordenamiento fiscal nacional del cual hace parte la contribución especial de obra pública, y ninguna de las reglas especiales establecidas en el artículo 24 de la Ley 142 las eximió”. La Alta Corte estimó que no le asistió razón a las apelantes cuando afirmaron que hubo falsa motivación en los actos administrativos demandados, por cuanto se encuentra plenamente demostrado que las demandantes, como representante legal principal y suplente de Aguas Del Magdalena S.A. E.S.P., contribuyeron en la producción del daño patrimonial causado al Estado al no efectuar el recaudo de la contribución especial equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de los correspondientes contratos de obra pública que fueron celebrados durante su gestión, pues actuaron de manera negligente e imprudente al no dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 6º de la Ley 1106, con base en argumentos como que el secretario general de la empresa así lo conceptuó o que existían posiciones disimiles frente a su aplicación, pues el cargo que desempeñaban les exigía la mayor diligencia posible y esto implicaba el acatamiento del ordenamiento jurídico.

A través de este Auto, para la Sala, especto a la solicitud de suspensión provisional de los efectos del pliego de condiciones definitivo de la Licitación Pública, con el fin de verificar si el trámite contractual adelantado por el Gerente de la Lotería del Quindío, si trasgredió o no el literal g) del artículo 7º de la Ordenanza 009 de 1995, por carecer de autorización para iniciar el trámite de licitación, efectuará un análisis completo de los antecedentes administrativos del acto acusado propio de la sentencia que ponga fin al proceso con miras a verificar si se dio o no la autorización y cuáles son los efectos que produciría en el trámite contractual.

En el caso de la autorización para la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital y municipal en una ruta o sistema de rutas, será el resultado de una licitación pública, en la que se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada para la creación de nuevas empresas. En este sentido, el Decreto municipal 0246 de 2006 determinó que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Manizales crearía nuevas rutas o servicios de transporte público colectivo, cuando se identifiquen necesidades insatisfechas del servicio y los estudios técnicos demuestren que no resulta viable o conveniente su atención mediante la reestructuración de rutas o servicios de transporte existentes.

Para la Sala, se encuentra probado que existe vulneración del derecho colectivo al goce de un medio ambiente sano, por parte de las entidades demandadas (CopoQuindío y otras), por causa de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones determinadas en la Resolución 762 del 18 de julio de 2022, relacionadas con la realización de operativos de verificación de las emisiones contaminantes generadas por las fuentes móviles terrestres de carretera en circulación empleando los equipos y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 4231, 4983 y 5365.