El Consejo de Estado estudió la legalidad de las sanciones impuestas por la SSPD a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA), multada con $501.075.000 por incumplir los indicadores de duración y frecuencia de las interrupciones del servicio de energía eléctrica. La corporación determinó que no se configuró falsa motivación, pues ESSA no identificó ni acreditó cuáles interrupciones debían excluirse del cálculo por corresponder a fuerza mayor u otras circunstancias previstas en el artículo 139 de la Ley 142 de 1994. Precisó que no era suficiente citar las excepciones legales: la empresa debía individualizar los eventos y demostrar que cumplían las condiciones técnicas para no ser considerados fallas del servicio. Asimismo, descartó la falta de competencia, al señalar que los artículos 75 y 79 de la Ley 142 de 1994 facultan a la SSPD para inspeccionar, vigilar y controlar a los prestadores y sancionar los incumplimientos de las normas que rigen los servicios públicos domiciliarios.
El Consejo de Estado confirmó la sentencia que amparó los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y al goce de un ambiente sano de los habitantes del barrio Pizamo, en Pereira, donde deslizamientos ocurridos en septiembre de 2022 y enero de 2023 dejaron cinco viviendas inhabitables y pusieron en riesgo a la comunidad. La corporación determinó que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira contribuyó a esta situación por el manejo inadecuado de las aguas de escorrentía en un predio de su propiedad, pues la infraestructura construida para conducirlas incidió en la saturación del terreno y en los deslizamientos. Precisó que su responsabilidad no deriva de prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, sino de incumplir sus deberes de prevención y cuidado como propietaria del inmueble, y que la existencia de un canal no la exime si este resulta insuficiente para evitar riesgos a terceros.
El Consejo de Estado analizó la acción popular presentada por habitantes del corregimiento de San Miguel, en Sonsón (Antioquia), ante los procesos de erosión y socavación de la margen izquierda del río La Miel, en los sectores Singapur y La Riquita, que generan riesgos de inundaciones, pérdida de infraestructura y aislamiento de la población. Al resolver las apelaciones de CORNARE, UNGRD, ISAGEN y el departamento de Antioquia, la corporación evaluó los informes técnicos, las posibles causas del fenómeno y las competencias de las entidades en la gestión del riesgo. Concluyó que deben mantenerse las medidas de protección de los derechos colectivos y ordenó que Sonsón y Antioquia, con el acompañamiento de estas entidades, adelanten el diseño, formulación y ejecución de un proyecto de intervención que permita mitigar el riesgo y solucionar definitivamente la problemática, con las obras necesarias. El plazo será de 12 meses contados desde la elaboración del estudio técnico detallado.
El Consejo de Estado declaró la nulidad de una sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que había amparado los derechos colectivos al ambiente sano y a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes del barrio Riveras del Río, en Girón, por la contaminación auditiva y ambiental atribuida al establecimiento Fuente de Soda Tres Esquinas J.C.D. La Corporación encontró que el Tribunal no vinculó al proceso a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), pese a que esta autoridad tiene competencias de evaluación, control y seguimiento ambiental, medición de niveles de ruido y adopción de medidas frente a la contaminación. Además, la CDMB había sido requerida para presentar informes técnicos, lo que evidenciaba la relevancia de su intervención. Por ello, consideró que su ausencia configuró una indebida integración del contradictorio, que afectó el debido proceso y su derecho de defensa. En consecuencia, ordenó vincularla y continuar el trámite judicial.
El Consejo de Estado determinó que el municipio de La Tebaida y Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. (EPQ) vulneraron los derechos colectivos a la salubridad pública y a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos domiciliarios, debido a las deficiencias estructurales del sistema de alcantarillado y del box culvert que conduce las aguas hacia la quebrada La Jaramilla. La Sala encontró, con fundamento en los informes técnicos y las pruebas practicadas, que la infraestructura tiene capacidad hidráulica insuficiente para evacuar las aguas residuales y lluvias, situación que genera riesgos de inundaciones y afectaciones sanitarias. Precisó que las competencias del municipio, como garante de la prestación del servicio, y de EPQ, como operador, son diferenciadas pero complementarias. Por ello, ordenó mantener las medidas necesarias para prevenir y mitigar los riesgos en los barrios afectados mientras se define y ejecuta la solución estructural, así como coordinar la selección de la alternativa técnica, la estructuración del proyecto y su cronograma de ejecución.
El Consejo de Estado analizó si la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios vulneró el debido proceso de Electricaribe S. A. E. S. P., en liquidación, al sancionarla por la configuración del silencio administrativo positivo frente a peticiones y recursos de usuarios del servicio de energía eléctrica. La investigación comprendió 60 casos en los que se cuestionó la falta de respuesta oportuna o la notificación adecuada de las decisiones. La Sala concluyó que no hubo incongruencia entre los cargos formulados y las conductas que sustentaron la sanción, pues las actuaciones relacionadas con la notificación hacían parte del examen sobre el cumplimiento de la obligación de responder. También determinó que, al resolver la reposición, la Superintendencia redujo la multa al descartar 28 infracciones, sin aplicar nuevamente los criterios de graduación del Decreto 281 de 2017. Por ello, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico que había anulado los actos sancionatorios.
El Consejo de Estado declaró de oficio la nulidad de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que amparó los derechos colectivos al ambiente sano y a la seguridad y salubridad pública de residentes del barrio Riveras del Río, en Girón, por presunta contaminación auditiva y ambiental generada por el establecimiento Fuente de Soda Tres Esquinas J.C.D. La comunidad denunció ruido, afectaciones a la tranquilidad e irregularidades en el uso del suelo y funcionamiento del negocio. La Sala advirtió que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) no fue vinculada al proceso, pese a sus competencias para evaluar, controlar y hacer seguimiento a la contaminación ambiental, medir los niveles de ruido e imponer medidas preventivas y sanciones. Por ello, ordenó al Tribunal vincular a la autoridad ambiental y continuar el trámite, para garantizar su derecho de defensa y la debida integración del contradictorio.
El Consejo de Estado negó la suspensión provisional de la Resolución 040-RES2312-6660 de 2023, mediante la cual Corantioquia adoptó el Modelo de Esquema de Conectividades Ecosistémicas (MECE), al no advertir, en el estudio preliminar, una contradicción con las normas superiores invocadas. La Corporación consideró que el modelo busca establecer corredores para conectar ecosistemas y facilitar el flujo de la biodiversidad, en ejercicio de las competencias de las autoridades ambientales para participar en el ordenamiento territorial. Asimismo, precisó que la resolución no incorporó ni sustrajo áreas protegidas, por lo que no se configuró la competencia exclusiva del Consejo Directivo prevista en los artículos 27, literal g), y 31, numeral 16, de la Ley 99 de 1993. La legalidad definitiva del acto se resolverá en la sentencia, tras examinar las pruebas y los argumentos de las partes.
El Consejo de Estado analizó la protección de los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, a la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, ante las interrupciones del suministro de agua potable en Cartagena, asociadas, entre otros factores, a la proliferación de microalgas en las fuentes de abastecimiento. La controversia involucra a Acuacar S.A. E.S.P., empresa encargada del servicio de acueducto, cuyos racionamientos implementados en 2026 fueron cuestionados por sus efectos sobre la continuidad del suministro. Al resolver la apelación contra las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la corporación consideró acreditada la falta de continuidad del servicio y la necesidad de proteger oportunamente a la población. Por ello, confirmó la suspensión de los racionamientos que no estén justificados en las causas previstas en la Ley 142 de 1994, como reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos o fuerza mayor, y exigió la socialización previa de las suspensiones. Asimismo, ordenó a Acuacar informar, dentro de las 72 horas siguientes a la notificación, si las medidas aplicadas entre el 17 de mayo y el 1 de julio de 2026 fueron efectivas para mitigar la propagación de las microalgas y, de no ser suficientes, precisar las acciones adicionales para reducir sus efectos sobre el servicio.
El Consejo de Estado delimitó el alcance del control judicial sobre las respuestas de las empresas de servicios públicos en controversias relacionadas con servidumbres. La Sección Primera concluyó que la respuesta de CEDENAR E.S.P. a un derecho de petición no constituye un acto administrativo susceptible de control, pues no creó, modificó ni extinguió una situación jurídica, sino que se limitó a reiterar su posición sobre la existencia de una servidumbre. Por ello, declaró probada la excepción de acto no sujeto a control judicial. La Corporación precisó además que la determinación de la existencia y alcance de derechos reales sobre el predio corresponde a la jurisdicción ordinaria, no a la contencioso-administrativa, y que una empresa de servicios públicos no puede constituir unilateralmente una servidumbre mediante una simple respuesta.