La Corte Constitucional oficializó su vinculación al Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente (SIGCMA) de la Rama Judicial como parte de su proceso de modernización institucional y con el propósito de fortalecer una justicia más eficiente, transparente, oportuna y centrada en la ciudadanía. La incorporación permitirá estandarizar y simplificar procesos, mejorar la trazabilidad y el control de las actuaciones, impulsar la automatización mediante el uso de tecnología, fortalecer la gestión del riesgo y promover el mejoramiento continuo en la prestación del servicio de justicia. Además, la Sala Plena reafirmó su compromiso con la implementación del sistema y designó delegados que participarán de manera permanente en las actividades del SIGCMA. Este es el Boletín oficial

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realiza un exhaustivo Análisis de Impacto Normativo (AIN) ex ante para evaluar la necesidad de regular los cinemómetros, dispositivos que miden la velocidad vehicular. El análisis parte de la identificación de un vacío normativo sobre las condiciones técnicas y de verificación metrológica de estos equipos, a pesar de existir legislación sobre su instalación y operación. La SIC busca establecer reglas claras y obligatorias para garantizar la calidad metrológica, la trazabilidad, la precisión de las mediciones y la estandarización de su instalación y operación, con el fin de aumentar la confianza ciudadana en la validez de las sanciones y fortalecer la seguridad vial. Este proceso incluye la consulta a actores clave del sector y la evaluación de distintas alternativas regulatorias, como el statu quo o la expedición de un reglamento técnico basado en estándares internacionales, utilizando criterios de calidad, disponibilidad de equipos, costos de cumplimiento y viabilidad institucional.Descargar documento

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, destacó que el conversatorio “Derechos Fundamentales en Entornos Digitales” busca abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos que plantean la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para la protección de los derechos fundamentales. En el marco del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, explicó que el debate analiza cómo la evolución tecnológica exige adaptar la interpretación constitucional para garantizar derechos como la libertad de expresión, la honra, el buen nombre, la intimidad, el habeas data y el debido proceso. También señaló que el panel aborda interrogantes sobre la difusión de información falsa, el uso de redes sociales por entidades públicas y las peticiones generadas con IA, con el propósito de construir respuestas jurisprudenciales acordes con los nuevos entornos digitales, sin perder de vista que la innovación debe estar subordinada a la protección de los derechos humanos. Link completo del video del panel: Conversatorio Derechos Fundamentales (8 de julio)/ Palabras de la Presidenta de la Corte

Corte constitucional Agenda 35 años Constitución Esta es la Agenda Académica con la que la Corte Constitucional conmemorará el lunes 6 de julio los 35 años de la Constitución Política de 1991, mediante el encuentro “Un pacto vivo que nos une”, que se realizará entre las 7:20 a. m. y las 12:30 p. m. en el Bloque I de la Universidad Externado de Colombia. La jornada reunirá a exconstituyentes, magistrados, académicos y expertos como Juan Carlos Esguerra, Manuel José Cepeda, Cristina Pardo, Fernando Carrillo, Cecilia López, Ana Fernanda Maiguashca y el jurista español Manuel Aragón Reyes, quienes analizarán la vigencia, el legado y los desafíos de la Constitución de 1991 para fortalecer la democracia, el Estado social de derecho y la protección de los derechos fundamentales. La entrada será libre, con inscripción previa y aforo limitado.

La Corte Constitucional publicó las memorias de los Diálogos Constitucionales realizados el 5 de junio de 2026 en Leticia, Amazonas, encuentro que marcó un hecho histórico al constituir la primera presencia de la corporación en la región amazónica. La jornada reunió a magistrados, representantes de comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo, expertos internacionales y organizaciones ambientales para reflexionar sobre la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. Las memorias destacan los llamados a fortalecer la gobernanza ambiental, proteger los territorios ancestrales y enfrentar amenazas como la minería ilegal, la deforestación, las economías ilícitas y el cambio climático. Asimismo, recogen debates sobre consulta previa, autonomía indígena, justicia intercultural y conservación ambiental. En el marco del encuentro, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo suscribieron dos memorandos de entendimiento para fortalecer la pedagogía constitucional, la coordinación institucional y el seguimiento al cumplimiento de decisiones judiciales en los territorios Memorias dialogo en Leticia/Agenda académica

El Gobierno estableció, mediante decreto, directrices para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá, reconocida como área de interés ecológico nacional, conforme a la Ley 99 de 1993. Busca garantizar la integridad ecológica de la región, impulsando la transición y resiliencia territorial frente al rápido deterioro ambiental causado por la urbanización desbordada, que ha provocado pérdida de biodiversidad, alteración del ciclo del agua y fragmentación de paisajes. Además, el decreto pretende fortalecer la adaptación climática, ordenar el territorio priorizando el recurso hídrico y promover la sostenibilidad de las actividades productivas, culturales y sociales. Estas directrices buscan armonizar la autonomía territorial de los municipios con la necesidad de una protección especial de este patrimonio nacional, reforzando las acciones de las autoridades para evitar daños irreparables y guiar la adaptación de la Sabana. DECRETO 545-2026 Descargar texto

La ANM precisó que la disposición final del estaño, casiterita y cuarzo debe realizarse según la legalidad de su origen, siendo ilegal la extracción sujeta a decomisos y medidas correctivas. El manejo del mercurio, prohibido en actividades mineras conforme a la Ley 1658 de 2013 y al Convenio de Minamata, está bajo competencia exclusiva de las autoridades ambientales, que deben supervisar su transporte, almacenamiento y disposición final como residuo peligroso. La minería de subsistencia se define por extracción manual, sin maquinaria, y su evaluación debe ser caso por caso. La ANM enfatiza que los conceptos emitidos tienen carácter orientativo y no vinculante, quedando a cargo de las autoridades ambientales y de policía el seguimiento y control de actividades relacionadas.

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 A través de este acto el ministerio de Ambiente sustituyó la Resolución 0941 de 2009, creando el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR) y adoptando el Registro Único Ambiental (RUA) para los sectores productivos. Este nuevo marco integra el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) y el Reporte Obligatorio de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (ROE), facilitando la gestión de información sobre el uso de recursos, emisiones y residuos. Los sectores manufactureros comenzarán a reportar en el RUA en 2025 (con datos de 2024), mientras que los demás sectores lo harán en 2026 (con datos de 2025). El IDEAM será el encargado de validar la información y asegurar su publicación anual y acceso público. Las resoluciones 1023 de 2010 y 1362 de 2007 seguirán vigentes hasta finales de 2024 y 2025, respectivamente. MinAmbiente resolución 839-2023 Descargar texto