El gobierno presentó un proyecto para actualizar las normas de protección de datos en Colombia, buscando adaptarlas a los avances tecnológicos y al comercio digital. Las ministras Yesenia Olaya y Diana Marcela Morales, junto con Cielo Rusinque de la SIC, lideraron esta iniciativa. El objetivo es fortalecer la protección de la información personal, especialmente de menores, fortalecer las sanciones y ampliar el ámbito de aplicación, así como reconocer tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, buscando balancear innovación y protección de derechos fundamentales.

Descargar texto/ABC del Proyecto de Ley

La Coalición Regional de creadores latinoamericanos, Organizada por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) fue respaldada por 36 organizaciones de la región, que se unió para proteger los derechos de autor frente al uso indiscriminado de obras en la inteligencia artificial generativa. La coalición exige transparencia a los desarrolladores de IA, promoviendo registros claros de materiales usados y etiquetado del contenido generado. Su objetivo es garantizar una remuneración justa para los creadores y fomentar colaboraciones responsables que impulsen la creatividad y el desarrollo cultural latinoamericano. 

Descargar informe/Collage/Diego Caceres/Alvaro Cabarcas/Andres Cepeda

La Resolución de la ANLA establece las tarifas para evaluar y hacer seguimiento a licencias ambientales, permisos, concesiones y otros instrumentos de manejo ambiental. Define el procedimiento para el cobro, notificación, reliquidación y reembolsos, además de los límites máximos de tarifas según la ley. Las tarifas cubren costos relacionados con proyectos en sectores como hidrocarburos, infraestructura, transmisión eléctrica y construcción de presas. También regula excepciones, casos de urgencia y actividades susceptibles de cobro. La resolución busca garantizar una gestión eficiente y transparente en la prestación de estos servicios ambientales.La Resolución No. 0921 de 2025 de la ANLA establece las tarifas para evaluar y hacer seguimiento a licencias ambientales, permisos, concesiones y otros instrumentos de manejo ambiental. Define el procedimiento para el cobro, notificación, reliquidación y reembolsos, además de los límites máximos de tarifas según la ley. Las tarifas cubren costos relacionados con proyectos en sectores como hidrocarburos, infraestructura, transmisión eléctrica y construcción de presas. También regula excepciones, casos de urgencia y actividades susceptibles de cobro. La resolución busca garantizar una gestión eficiente y transparente en la prestación de estos servicios ambientales.

Descargar texto

El Gobierno designó nuevos representantes del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño). Se nombra como representante principal al señor Gustavo Adolfo Mesías Garrote y como representante suplente al señor Juan Carlos Cabrera Estrada. El decreto, basado en el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política, busca actualizar y formalizar la representación presidencial en el Consejo Directivo de esta Corporación para garantizar una adecuada participación en la toma de decisiones ambientales regionales.

Descargar documento

El Gobierno reglamentó la transferencia de activos estratégicos administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) a otras entidades públicas para apoyar la ejecución de políticas públicas. Es necesario regular la cobertura de riesgo ante sentencias de improcedencia de extinción de dominio, pues la SAE debe responder con restituciones pecuniarias en caso de devoluciones judiciales, constituyendo una reserva técnica para ello. Además, se regula la disposición anticipada de activos sociales y no sociales para su aprovechamiento público o social, facilitando la gestión eficiente y transparente. Se establecen mecanismos para la materialización de estas transferencias mediante actos administrativos y el saneamiento automático de vicios en los títulos y tradición, asegurando la seguridad jurídica y el uso adecuado de los bienes. 

Descargar texto

El proyecto modifica la Resolución CREG 101 067 de 2024 ajustando el artículo 2 y el mecanismo de contratación directa para prestadores bajo toma de posesión por la SSPD, específicamente para quienes están en administración o administración temporal con fines liquidatorios. Busca facilitar la contratación directa de energía para garantizar la continuidad del servicio y mitigar riesgos financieros y sociales derivados del incumplimiento en el mercado mayorista, especialmente en casos donde hay temor o suspensión grave de obligaciones mercantiles, común en empresas en liquidación. La modificación permite un periodo transitorio de tres meses para negociación y suscripción de contratos y establece que dichos contratos no serán considerados para ciertos cálculos tarifarios.

Descargar documento

El magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero Rueda, presentará su nuevo libro titulado “Revocatoria de inscripción de candidaturas a cargos de elección popular” el próximo 20 de agosto de 2025, a las 9:00 a.m., en el antiguo Jockey Club de la Universidad del Rosario. La obra analiza desde una perspectiva jurídica y constitucional los alcances, límites y retos de esta figura clave del sistema electoral colombiano. El evento reunirá a magistrados, académicos, juristas, periodistas y expertos en derecho electoral, y busca promover la reflexión sobre la transparencia y la integridad en los procesos democráticos. Esta publicación representa el segundo aporte editorial del magistrado Baquero en materia electoral.

Descargar texto

La Ley No. 2524 establece un procedimiento especial, rápido y seguro, para la restitución internacional y la protección del derecho de visitas de niños, niñas y adolescentes en casos de sustracción. Define cómo las autoridades judiciales y administrativas deben actuar, informando a la Autoridad Central y garantizando el cumplimiento de los derechos del menor. La ley también regula los plazos, notificaciones, apelaciones y el papel de jueces y traductores. Todo busca proteger el interés superior del menor y asegurar una solución efectiva en casos de sustracción internacional.

Descargar documento