La Sala amparó el derecho a la vivienda digna de la accionante al encontrar que la alcaldía municipal no ha prestado el servicio público de alcantarillado. La Corte Constitucional ha establecido que los sistemas de saneamiento básico deben cumplir con al menos las siguientes características: Cumplimiento de Normas Técnicas: Deben cumplir con todas las normas técnicas y/o contractuales relativas al tipo de solución de saneamiento básico instalado en un bien inmueble, teniendo en cuenta los principios que rigen la prestación de los servicios públicos. Seguridad e Higiene: Deben garantizar la seguridad personal e higiene del conjunto de instalaciones que componen el sistema. Intimidad del Usuario: Deben garantizar la intimidad del sujeto titular del saneamiento básico. Además, se enfatiza que estas características son especialmente relevantes cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, como mujeres, niños y niñas.
La Sala precisó que, en el presente caso, no se discute lo relativo al cumplimiento o no de los requisitos enlistados en el Decreto 564 de 2006 - sino la exigencia prevista en el artículo 210 del POT que establece la obligatoriedad de contar con el concepto de la CAR. La licencia de construcción debía ser solicitada a la Corporación Autónoma Regional (CAR) debido a la exigencia establecida en el artículo 210 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Chía. Este artículo establece que, para el desarrollo de construcciones en áreas específicas, como la Zona de Bosque Protector (ZBP), es obligatorio obtener un concepto favorable de la CAR antes de proceder con la solicitud de la licencia de construcción.
Mediante este decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá se crea el Consejo Consultivo y Asesor Económico (CCAE) que entre otros propósitos tiene servir como órgano consultivo de las políticas y programas de reactivación económica sobre empleo, competitividad, productividad y desarrollo económico, promover la sinergia en la región de Bogotá para formular estrategias compartidas que generen empleo y contribuyan a la reactivación económica.
En este fallo, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 41 de la Ley 1ª de 1991, que establece las sanciones en el Estatuto de Puertos Marítimos, por varias razones fundamentales: Correlación entre faltas y sanciones: La Corte destacó que, aunque la redacción del artículo es genérica, existe una correlación válida entre las infracciones y las sanciones, lo cual es una práctica común en el derecho administrativo sancionador. Esta correlación permite que las sanciones se apliquen de manera que se atienda a la especialidad de la materia, utilizando criterios técnicos y normativos. Margen de apreciación de la administración: Se reconoció que el artículo 41 otorga a la administración, específicamente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, un amplio margen para graduar las sanciones. Sin embargo, este ejercicio debe realizarse dentro de los límites establecidos por la Constitución y otras normativas, lo que previene riesgos de desproporción y arbitrariedad. Normas complementarias: La Corte también señaló que el sistema normativo portuario incluye normas complementarias que permiten determinar de manera razonable las conductas sancionables, superando así el riesgo de arbitrariedad. Esto implica que, al momento de calificar e imponer sanciones, se debe considerar la totalidad del marco normativo aplicable. Principio de legalidad: La sentencia reafirma que la existencia de normas que regulan el ámbito portuario y que establecen obligaciones y prohibiciones específicas contribuye a la tipicidad de las conductas sancionables, lo que es esencial para el respeto del principio de legalidad. En resumen, la Corte concluyó que, a pesar de la redacción general del artículo 41, existen suficientes elementos normativos y criterios técnicos que garantizan un ejercicio razonable y no arbitrario de la potestad sancionadora en el ámbito de los puertos marítimos.
El siniestro ocurrido se relacionó con la inestabilidad de la obra ejecutada por la Unión Temporal Boyacá en el 2500, específicamente en un tramo de la vía que había sido objeto de construcción y pavimentación bajo un contrato suscrito con el INVIAS. Este siniestro se manifestó a través de daños en la infraestructura vial, que incluyeron deslizamientos y deterioros significativos en la carretera.