El Ministerio de Ambiente precisó que los plazos para el trámite y decisión de licencias, permisos y demás instrumentos de control ambiental son de obligatorio cumplimiento para las autoridades, no meramente orientativos. El documento detalla las causales para la suspensión o ampliación de términos, principalmente amparadas en la Ley 1437 de 2011 y situaciones extraordinarias como caso fortuito o fuerza mayor. La Entidad enfatiza la obligación de las autoridades ambientales de garantizar la eficiencia, celeridad y oportunidad en la evaluación, regida por principios constitucionales (Art. 209). El Ministerio también menciona lineamientos para el fortalecimiento institucional, como la digitalización (Ley 2052 de 2020) y simplificación de procesos (Ley 1753 de 2015).

El Ministerio de Ambiente aclaró el alcance del artículo 6 de la Ley 2173 de 2021, que impone a medianas y grandes empresas la obligación de sembrar árboles como parte de su gestión ambiental. La entidad precisó que esta es una obligación legal de carácter imperativo. Su incumplimiento se configura como una infracción ambiental, sujeta a las investigaciones y sanciones previstas en el régimen sancionatorio ambiental general establecido por la Ley 1333 de 2009, modificada por la Ley 2387 de 2024. Las autoridades ambientales están facultadas para ejercer control, seguimiento e imponer medidas correctivas. No obstante, la exigibilidad de la ejecución material de la siembra y la presentación de los programas quedan condicionadas a la delimitación y publicación de las "Áreas de Vida" por parte de los municipios o distritos, según la Resolución 358 de 2026.

La CRA expidió el nuevo Marco Tarifario para el servicio público de aseo dirigido a los grandes prestadores, con el que busca transformar la gestión de residuos sólidos en Colombia. La metodología, resultado de seis años de estudios y un amplio proceso de participación ciudadana, promueve la transición hacia un modelo más moderno y sostenible, alineado con los principios de la economía circular y la política de "Basura Cero". La regulación deja atrás un esquema centrado en la disposición de residuos en rellenos sanitarios para priorizar la separación en la fuente, el aprovechamiento y el tratamiento de los residuos sólidos. Asimismo, fortalece el reconocimiento del papel de los recicladores de oficio, beneficiará a más de 35 millones de habitantes de municipios con más de 5.000 suscriptores al servicio de aseo y fomentará la valorización de los residuos como fuente de nuevas materias primas y energías renovables, reduciendo de manera progresiva su disposición final. En este nuevo modelo, los alcaldes tendrán un papel clave en la implementación y fortalecimiento de la política de "Basura Cero". CRA Resolución 1040-2026 /Comunicado de prensa nuevo marco tarifario grandes prestadores de aseo

El Ministerio de Comercio reglamentó el procedimiento para el acceso, evaluación y reconocimiento de proyectos bajo el Instrumento de Promoción de la Inversión para la Manufactura de Híbridos y Eléctricos Ligeros (INPIMHEL). La normativa detalla los requisitos para que personas jurídicas nacionales o extranjeras accedan a este beneficio, incluyendo la solicitud de un Memorando de Entendimiento (MOU) y la presentación de documentos clave como el Plan de Inversión vinculante y el Plan de Desarrollo Industrial Inicial (PDII). Se establecen las pautas para la asignación y administración de cupos de importación, así como un riguroso sistema de seguimiento, control y reporte de las inversiones, la integración nacional, la mano de obra y los compromisos ambientales y tecnológicos. El reconocimiento tendrá una vigencia máxima de sesenta meses y busca fomentar la producción nacional de vehículos y componentes.

El Ministerio de Ambiente reactivó la Comisión de Estudio para la Promoción y Desarrollo de los Mercados de Carbono en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional, que dispuso la elaboración de un informe técnico sobre las condiciones y necesidades para la implementación de proyectos REDD+ en territorios indígenas. La comisión, cuyas actividades habían concluido en 2023, retomará sus funciones para elaborar este documento con la participación de la academia, la sociedad civil y representantes de los pueblos indígenas. El informe deberá identificar las necesidades específicas de estas comunidades, proponer ajustes a la política REDD+ y garantizar la protección de sus derechos a la libre determinación y a la consulta previa.