La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) precisó que el tratamiento de aguas residuales forma parte del servicio público domiciliario de alcantarillado y de sus actividades complementarias. En consecuencia, la existencia de infraestructura destinada a esta actividad no habilita, por sí sola, el cobro de una tarifa independiente a los usuarios finales. La entidad señaló que los costos asociados al tratamiento deben reconocerse dentro del esquema tarifario del servicio de alcantarillado, conforme a la metodología regulatoria vigente. Asimismo, recordó que, cuando intervienen distintos prestadores, pueden utilizarse mecanismos como los contratos de interconexión, siempre bajo las condiciones y requisitos establecidos por la regulación, evitando cobros separados a los mismos usuarios por un mismo servicio.

La CRA hizo precisiones sobre la aplicación del descuento del 2% por la antigüedad de la flota vehicular. La entidad aclara que, en el cálculo de la edad de la flota para este descuento, no se deben considerar las fracciones de año; el descuento solo aplica cuando se configura un año completo adicional. La edad de cada vehículo debe calcularse desde su fecha exacta de compra, contrastada con la fecha de corte del cálculo, y no solo el año del modelo o la matrícula. Además, la CRA establece que el descuento se actualizará y aplicará de forma semestral, independientemente de si el año adicional de antigüedad se cumple en un mes específico. Esta directriz busca estandarizar la aplicación de la Resolución CRA 943 de 2021.

El Gobierno derogó el Decreto 0170 de 2026, que establecía aranceles y restricciones a productos importados de Ecuador. Esta decisión se toma luego de que el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador eliminara su "tasa por servicio aduanero" sobre las mercancías colombianas, eliminando así las circunstancias que motivaron las medidas recíprocas. El objetivo es normalizar las condiciones de acceso al mercado binacional, promover el bienestar económico y beneficiar a sectores productivos, exportadores y poblaciones de frontera. No obstante, para las subpartidas de arroz, la derogatoria de las medidas y sanciones se diferirá por 45 días, debido a la persistencia del contrabando en la frontera sur y la necesidad de fortalecer los controles aduaneros.

El Ministerio de Vivienda impulsa un proyecto de resolución que transformará la focalización del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural (SFVR). La medida principal es la integración de la categoría "Sostenibilidad Social y Ambiental", que incluye el componente "Territorios Biodiversos". Este enfoque priorizará a hogares en zonas vitales como Territorios Campesinos Agroalimentarios, Territorios Étnicos Constituidos y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. La reforma busca alinear la política de vivienda con la protección de ecosistemas, fortalecer comunidades rurales, asegurar habitabilidad digna y un ambiente sano, además de mitigar riesgos. Se establecerá la interoperabilidad de información con otras entidades para una verificación ágil y segura de los criterios.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de decreto para adicionar el Título 14 al Decreto 1077 de 2015, reglamentando la "Vivienda y Hábitat Progresivos". Esta iniciativa busca garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna y su cumplimiento progresivo, especialmente para hogares de bajos ingresos. La norma propone soluciones flexibles y adaptativas, aplicables en zonas urbanas, de expansión y rurales, con participación del Gobierno Nacional y entidades territoriales. El proyecto es una respuesta crucial para atender reasentamientos derivados de desastres, calamidades públicas, emergencias económicas o sociales, adaptación al cambio climático, planes de retorno de víctimas del conflicto y procesos de reincorporación. Permite la construcción de viviendas por fases, desde una unidad básica habitable con infraestructuras esenciales, hasta su ampliación y consolidación tributarias para futuras ampliaciones.