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SC Sent. de Cons.

La alta Corte determinó que “las prohibiciones contenidas en los numerales 5, 7 y 8 del artículo 15 del Decreto Ley 953 de 1997 desconocían las garantías de tipicidad y certeza del derecho al debido proceso, pues presentaban redacciones ambiguas y con una vaguedad insuperable que permitía la interpretación arbitraria de los operadores en la determinación de su alcance y suponía

Para la Alta Corte, “la suscripción del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú, por otra, y su aprobación por parte del Congreso de la República cumplieron el procedimiento constitucional”.

La alta Corte declaró constitucional los numerales 3 y 4 del artículo 11 (parcial) del Decreto ley 020 de 2014, por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación. “La Sala comprende el reclamo de los demandantes y de los otros tantos intervinientes que manifestaron en este proceso su frustración por el hecho de que los

Para la Sala, el artículo 203 la Ley 1955 de 2019, al estudiar la constitucionalidad de la disposición demandada, concluyó que la norma debía declararse inexequible por violación del principio de unidad de materia, al no encontrar una conexidad directa o inmediata; igualmente, se trata de una norma permanente de seguridad social al margen de un fin de planeación.

La Alta Corte reiteró la jurisprudencia, en particular, sobre laudos arbitrales, “imponen un examen estricto sobre su procedencia. La Corte encontró que en el presente caso se acreditaron los requisitos de legitimación por activa y por pasiva, inmediatez y subsidiariedad, pero no ocurrió lo mismo respecto del requisito de relevancia constitucional”.

La Corte Constitucional consideró que el parágrafo 1º del artículo 5º de la Ley 138 de 1994 “vulnera la faceta de certeza del principio de legalidad tributaria (arts. 338 y 150.12 de la CP), porque no determina con razonable claridad y precisión la forma en la que la base gravable de dicho tributo debe liquidarse, y dicha indefinición es insuperable en los términos de la

La Corte abordó el estudio de una demanda en contra del artículo 9 (parcial) de la Ley 797 de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, relacionada con los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

La Corte decidió declarar exequibles los artículos 3 (parcial) y 7 de la Ley 2024 de 2020, en lo referente a la obligación de pago en plazos justos en el ámbito mercantil. La Sala encontró que la norma demandada “no desconoce la Constitución Política, dado que la medida de plazos justos, que beneficia a las micro, pequeñas y medianas empresas con carácter imperativo en el pago

La Sala concluyó que la norma acusada debe ser declarada inexequible por cuanto vulnera la Carta Política, “toda vez que el legislador excedió su facultad de configuración, dado que incorporó al precepto acusado conceptos indeterminados, ambiguos y vagos que no permiten determinar las reglas de responsabilidad de los destinatarios del régimen disciplinario militar, ni a

La Corte declaró inexequible el numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1609 del 2013, “Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas”, con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2023, a fin de permitir que en dicho lapso, el Congreso expida la ley