El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de norma que define el primer mecanismo de contratación a largo plazo de energía eléctrica, un hito para la estrategia energética nacional. La iniciativa busca fortalecer la resiliencia de la matriz, impulsar la diversificación con fuentes no convencionales renovables (FNCER) y mitigar el cambio climático. Contratos a 15 años, con precios ajustables, permitirán la integración de nuevos proyectos de generación y almacenamiento, asegurando el abastecimiento futuro de manera eficiente y sostenible. Este mecanismo, que se implementará antes del 30 de junio de 2026, es clave para la política de desarrollo bajo en carbono del país, abriendo la puerta a una matriz más competitiva y comprometida con el ambiente.

El Ministerio de Agricultura publicó proyecto normativo para adoptar un Manual de Normas Técnicas Básicas, de cumplimiento obligatorio, para la realización de proyectos de adecuación de tierras. Este manual, elaborado con la UPRA y la ADR, busca guiar a organismos ejecutores públicos y privados en todas las etapas de los proyectos. Su objetivo es garantizar que las iniciativas se ajusten a estándares técnicos, económicos, sociales, ambientales y jurídicos actualizados, fomentando el uso eficiente del agua y el suelo. La medida es fundamental para la soberanía alimentaria, la protección del campesinado y el acceso a financiación del Fondo Nacional de Adecuación de Tierras (FONAT) y otros recursos públicos a nivel nacional y territorial.

El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de norma para declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis, ubicados en la estratégica región suroeste del departamento de Antioquia. Esta iniciativa busca asegurar la disponibilidad y protección de zonas clave para la agricultura, estableciendo un marco legal para resguardar el sustento de miles de familias y fortalecer la seguridad alimentaria de la región, a la vez que se dictan otras disposiciones relevantes para el sector agrícola local. La medida se fundamenta en artículos constitucionales y leyes que buscan proteger y ordenar el uso del suelo para fines productivos, con documentos técnicos y una memoria justificativa anexos.

La DIMAR proyecta modificar el Reglamento Marítimo Colombiano (REMAC 4), específicamente el Artículo 4.5.3.6, que rige el Esquema de Cartografía Náutica Nacional (ECNN). Esta medida, basada en el Convenio SOLAS de 1974 y la legislación colombiana, adopta la quinta actualización del ECNN. La modificación busca ampliar significativamente la cobertura de cartas náuticas, tanto en formato físico como electrónico, para el territorio marítimo colombiano. El objetivo es fortalecer la seguridad en la navegación, mejorar el conocimiento de los espacios marinos y apoyar los intereses marítimos nacionales, sirviendo como guía para futuros proyectos cartográficos. La resolución entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

La DIAN aclaró las medidas tributarias del Decreto 1474 de 2025, destinadas a recaudar fondos para la emergencia económica. Se aumenta el impuesto al patrimonio y en 15 puntos porcentuales la tarifa de renta a entidades financieras. Se reduce de USD200 a USD50 el umbral de exclusión de IVA para importaciones de bajo valor, nivelando el campo con productores locales. El IVA para bebidas de alto contenido alcohólico sube del 5% al 19%, y se fortalece el impuesto al consumo de licores y tabaco. Las apuestas online ahora pagarán IVA y emitirán facturación electrónica. Se mantiene el impuesto del 1% a la extracción de petróleo y carbón. Adicionalmente, se implementa un régimen de alivio para deudas con la DIAN, con reducción de sanciones e intereses, y un impuesto de normalización del 19% para activos omitidos.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) publicó una la Circular dirigida a usuarios y generadores, que busca armonizar la regulación energética colombiana con los reglamentos de la Decisión CAN 816. Dicha decisión establece el marco para la interconexión subregional de sistemas eléctricos y el intercambio de energía en la Comunidad Andina. El estudio incorpora comentarios recibidos sobre una versión previa (Circular 123 de 2025) y las últimas modificaciones regulatorias de la Comisión.

El Ministerio de Transporte emitió una circular dirigida a gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito, instándolos a la actualización obligatoria del valor de las multas de tránsito para el año 2026. Esta medida, con vigencia a partir del 1 de enero de 2026, se fundamenta en el Artículo 313 de la Ley 2294 de 2023, que creó la Unidad de Valor Básico (UVB) para diversos cobros y sanciones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público fijó el valor de la UVB en $12.110,00 para 2026, según la Resolución 3488 de 2025. La circular incluye una tabla con los nuevos valores de las multas, que van desde $168.813 hasta $60.776.457, dependiendo de su equivalencia en UVB. El objetivo es asegurar el cumplimiento normativo y beneficiar a entes territoriales y la comunidad.

El proyecto de decreto prohibirá la estabilización del ingreso al productor fósil para combustibles líquidos derivados del petróleo que se usen como materia prima en la producción de otros combustibles, incluidos los destinados a quemadores industriales. Esta medida responde al elevado costo fiscal del FEPC, estimado en 131 mil millones de pesos solo para el diésel industrial entre enero y abril de 2025, lo cual desvirtúa el propósito original del fondo de beneficiar al consumidor final. Ahora, el ingreso al productor de estos combustibles se establecerá a precio libre. Se exceptúan de esta prohibición los combustibles para la producción de gasolina oxigenada con etanol anhidro y diésel mezclado con biocombustibles o combustibles renovables, en consonancia con los objetivos ambientales y de transición energética del país.