La SIC enfatiza la importancia de regular adecuadamente el mercado de servicios móviles para corregir fallas de competencia. Propone la restricción temporal de prácticas comerciales de recuperación de usuarios portados, sugiriendo que los operadores deben abstenerse de contactar a los usuarios que se han portado a otra empresa durante y tres meses después de la portación. Este enfoque busca equilibrar la competencia y resolver problemas estructurales en el mercado.
El Ministerio de Ambiente negó la solicitud al Resguardo Indígena Remanso Chorro Bocón, que requería la sustracción de 1043,3739 hectáreas de la Reserva Forestal de la Amazonía para un proyecto minero de explotación de oro. Tras una revisión exhaustiva, se identificaron inconsistencias en la información presentada, como la falta de metadatos en la documentación cartográfica y discrepancias en la extensión solicitada.
La "Política de Gestión Ambiental Urbana" en Colombia busca promover el desarrollo sostenible y resiliente en las ciudades, considerando el crecimiento urbano y sus implicaciones ambientales. Se identifican desafíos significativos, como la expansión urbana que ha superado 121.978 hectáreas entre 2005 y 2018, de las cuales el 43% se superpone con áreas de especial interés ambiental. Otro punto crítico es la insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, donde el sector industrial contribuye significativamente a la carga contaminante. A pesar de mejoras en el tratamiento de aguas, solo el 44% de las aguas residuales es tratado adecuadamente.
La CREG publicó para comentarios la actualización del modelo de frontera estocástica, que es un elemento clave en la metodología para remunerar la actividad de comercialización de energía eléctrica en Colombia. Este modelo permite evaluar la eficiencia de las empresas comercializadoras al compararlas con un grupo de referencia que representa el desempeño óptimo en el sector. A través de esta comparación, se pueden calcular los costos óptimos de las empresas, asegurando que la remuneración que reciben por sus servicios se base en su desempeño real y eficiente.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) lanzó convocatoria pública titulada "Tecnologías Limpias para la extracción de Oro", con el objetivo de promover una minería responsable y sostenible, libre de mercurio. Está dirigida a personas naturales y jurídicas que desarrollen, comercialicen o implementen soluciones tecnológicas innovadoras para el sector minero. Los participantes podrán presentar sus iniciativas ante la ANM y otros actores del sector, además de ser parte de la Feria Virtual de Tecnologías Limpias 2025. La fecha límite para inscribirse es el 11 de marzo de 2025, y los interesados deben enviar sus experiencias y soluciones a través de un formulario disponible en el sitio web de la ANM. Para más información, se les puede contactar vía correo electrónico.
A través de este documento emitido por la Agencia de Desarrollo Rural se analiza la ejecución de manera directa de los recursos de financiación de los proyectos por parte de las organizaciones étnicas beneficiarias del PIDAR. Este análisis recoge lo que se ha venido discutiendo en distintas mesas de trabajo contando con la participación activa de varias dependencias, sobre la operación para la ejecución del PIDAR. Incluye las contrataciones directas de que trata el PND y tiene el sustento normativo que pueden ser ejecutados a través del modelo de operación de los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, de acuerdo con las normas citadas y explicadas por esta autoridad.
La Entidad señala que, para la conexión del servicio público de gas natural, se deben cumplir ciertos requisitos técnicos y jurídicos. Según la Resolución CREG 067 de 1995, modificada por la Resolución CREG 59 de 2012, y el Reglamento de Instalaciones Internas de Gas, establecido en la Resolución MME 90902 de 2013, se requiere un Certificado de Conformidad que garantice la realización de pruebas de hermeticidad, escapes y funcionamiento antes de la conexión. Estas pruebas son responsabilidad del usuario, quien debe realizarse con organismos acreditados.
El usuario puede invocar la prescripción como excepción en procesos ejecutivos o coactivos, la cual puede ser reconocida por un juez. La prescripción se detiene si hay reclamaciones en curso, contándose el término desde que la factura queda en firme tras resolver la reclamación. La SSPD no tiene competencia para establecer procedimientos específicos sobre este tema, y ofrece un sitio web donde se puede consultar la normativa aplicable.