El Gobierno aplazó la entrada en vigencia de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 17) "Contratos de Seguro" hasta el 1 de enero de 2028. La decisión modifica el Decreto 1271 de 2024, que inicialmente fijaba el 2027 como fecha de implementación para las entidades del Grupo 1. La Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) solicitó el aplazamiento, citando "brechas en la adopción de herramientas tecnológicas, en la disponibilidad de datos históricos de calidad y en la capacidad operativa". Tanto la Superintendencia Financiera como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública respaldaron la medida, reconociendo los significativos desafíos de adaptación. Este ajuste busca asegurar la confiabilidad de la información financiera y facilitar una transición gradual y ordenada para el sector asegurador.

El Gobierno emitió un decreto para la reactivación ferroviaria del país, modificando el régimen de zonas francas. La normativa establece la creación de "zonas francas permanentes especiales" dedicadas a la infraestructura y actividades ferroviarias, buscando atraer nuevas inversiones, generar empleo y potenciar la competitividad regional. Esta estrategia se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo para fortalecer la intermodalidad y reducir costos logísticos. El decreto permite que el material rodante opere más allá del área declarada de la zona franca para conectarse a la red nacional, considerando toda el "Área Ferroviaria" como continua. Se fijan nuevos requisitos de inversión y empleo, y se aclara que las inversiones obligatorias de contratos preexistentes no se contabilizarán como "nueva inversión" para acceder a los beneficios, garantizando equidad. Además, la norma busca promover encadenamientos productivos con la economía popular, impulsando el desarrollo local.

El Gobierno expidió Decreto excepcional para abordar la crisis habitacional en ocho departamentos gravemente afectados, como Córdoba y Antioquia, tras un frente frío que causó inundaciones y deslizamientos. La emergencia dejó más de 252.000 personas damnificadas y miles de viviendas averiadas o destruidas. Las medidas incluyen la flexibilización de requisitos para subsidios de vivienda, la agilización de trámites urbanísticos y la autorización a alcaldes para realizar ajustes excepcionales en los Planes de Ordenamiento Territorial. El Ministerio de Vivienda y Fonvivienda podrán intervenir directamente, adquirir suelos y financiar proyectos de reasentamiento colectivo, buscando garantizar soluciones habitacionales dignas y seguras para la población afectada, cuya identificación se realizará mediante el Registro Único de Damnificados.

El decreto prohíbe la facturación de energía para inmuebles afectados hasta que el servicio sea seguro y restablecido. Además, difiere pagos por consumos anteriores hasta 12 meses, y hasta 36 meses para reposición de equipos dañados, sin intereses. Se suspenden por dos años sanciones a operadores de red por subejecución de inversiones y se crea un régimen tarifario especial que prioriza la asignación de energía más económica a zonas afectadas, buscando garantizar la continuidad del servicio y aliviar a los usuarios, especialmente de estratos 1, 2 y 3.

El Gobierno dictó medidas excepcionales y transitorias destinadas a personas y comunidades del sector minero en ocho departamentos severamente impactados por un "frente frío" que generó inundaciones y parálisis productiva. Este paquete de ayuda busca proteger el mínimo vital de mineros de subsistencia, tradicionales y de pequeña escala, quienes enfrentan un alto riesgo de caer en la ilegalidad o perder sus medios de vida ante el incumplimiento de obligaciones. Las disposiciones incluyen la suspensión de intereses de plazo, el diferimiento o condonación del canon superficiario, facilidades especiales de pago y la prórroga extraordinaria de términos administrativos. La iniciativa, que excluye a la mediana y gran minería por su mayor capacidad de gestión, subraya la necesidad fáctica y jurídica de intervenir donde la legislación ordinaria es insuficiente, garantizando la proporcionalidad y el enfoque diferencial para sujetos vulnerables.

La CREG estableció los los procedimientos dentro de los cuales se debe adelantar la ejecución de las obras o proyectos adoptados por el Ministerio de Minas y Energía en el Plan de Continuidad y en el Plan de Expansión de la Red de Poliductos. Se aplicará a todos los participantes de las actividades de la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles, a los interesados en participar en los procesos de selección, y a los demás agentes y beneficiarios del servicio público de la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles. Para la interpretación y aplicación de esta resolución se tendrán en cuenta las definiciones establecidas en algunas normas indicadas en este acto.

La Entidad prorrogó fecha para recibir comentarios sobre dos propuestas normativas. Estos proyectos de resolución buscan definir las nuevas metodologías de remuneración para los márgenes mayoristas y minoristas en la comercialización de gasolina corriente y ACPM. El documento convoca formalmente a los distribuidores de combustible y demás actores del sector para que presenten sus sugerencias técnicas mediante los canales digitales habilitados. Los interesados tienen ahora como fecha límite el 6 de abril de 2026 para enviar sus observaciones siguiendo el formato institucional.

La Superintendencia precisa que el derecho de inspección permite verificar la situación administrativa y financiera, pero no es absoluto. Su alcance se limita a documentos vinculados a la reunión ordinaria, excluyendo secretos industriales o datos que perjudiquen a la sociedad. Los asociados pueden ejercerlo personalmente o por representantes, bajo estricta confidencialidad y solo para ilustrar su voto. No incluye pedir copias ni anotar sobre documentos originales, aunque se permite tomar notas aparte. El máximo órgano social puede reglamentar horarios y citas para no afectar la operación. Finalmente, no debe usarse para fines distintos, como valoraciones externas o due diligence, fuera de los términos legales