Para la Sala, se encuentra probado que existe vulneración del derecho colectivo al goce de un medio ambiente sano, por parte de las entidades demandadas (CopoQuindío y otras), por causa de la omisión en el cumplimiento de las obligaciones determinadas en la Resolución 762 del 18 de julio de 2022, relacionadas con la realización de operativos de verificación de las emisiones contaminantes generadas por las fuentes móviles terrestres de carretera en circulación empleando los equipos y procedimientos establecidos en las Normas Técnicas Colombianas (NTC) 4231, 4983 y 5365.

En esta providencia la Sala analizó el marco normativo sobre los criterios y condiciones para expedir reglamentos técnicos; el marco normativo sobre reglamentos técnicos en materia del servicio público domiciliario de gas combustible y la naturaleza de los reglamentos técnicos. Se estudió la legalidad de algunos apartes de la Resolución 18 0581 de 23 de abril de 2008, emitida por MinMinas en la que se expidió el Reglamento técnico para plantas de envasado de gas licuado del petróleo. A pesar de que esta resolución se encuentra derogada, para la Sala esto no impide adelantar el correspondiente control, en vista de que, en su momento, surtieron efectos, cuya validez e implicaciones estarían atadas a lo que al respecto se decida, teniendo en cuenta que un eventual pronunciamiento de nulidad, en principio, tendría efectos retroactivos, con el correspondiente restablecimiento de las cosas a su estado anterior, esto es, como sí los actos cuestionados nunca hubiesen existido.

A través del presente concepto la SuperSociedades  indicó que, salvo lo establecido en normas imperativas especiales, en caso de que cierto acto o negocio pueda implicar conflicto de intereses o competencia con la sociedad en la que el administrador ejerce sus funciones, el administrador se abstendrá de participar, a menos que se cumpla el siguiente procedimiento: si el administrador tuviere facultades para convocar a la asamblea general de accionistas o junta de socios, deberá efectuarla, o de lo contrario, revelarlo al representante legal, o a quien tenga facultades para convocar, para que se efectúe la convocatoria

La SDA indicó que el Proyecto de Ley 389-2024 “Por medio del cual se reconoce al Río Sumapaz, su cuenca y afluentes como sujeto de derechos, se establecen medidas para su protección y conservación y se dictan otras disposiciones”, como está planteado, es jurídicamente inviable. Para la SDA el proyecto legislativo sí tiene un impacto en la ordenación del gasto y en las asignaciones presupuestales, por lo que se recomienda realizar el estudio correspondiente en este aspecto.

A través del presente concepto la Entidad indicó que las actividades de explotación minera que pretendan obtener un título minero, bajo el marco normativo de la formalización de minería tradicional o en virtud de la formalización que ocurra con posterioridad a las declaratorias y delimitaciones de área de reserva especial o que pretendan ser cobijadas a través de la no de los mecanismos para la formalización bajo el amparo de un título minero en la pequeña minería, deberán tramitar y obtener licencia ambiental temporal para la formalización minera.

A través del presente concepto la DIAN aclaró que, la redacción del punto #6 del título VI del referido Concepto General queda así: “VI. TASA MÍNIMA DE TRIBUTACIÓN (...) 6. Para determinar el impuesto depurado (ID) del año gravable 2023 ¿el impuesto neto de renta (INR) correspondería al impuesto neto de renta del año gravable 2022? Para determinar el ID del año gravable 2023, el INR corresponde al impuesto neto de renta del año gravable 2023 (ver casilla 94 del Formulario 110)”.

A través del presente concepto la CREG indicó que la compensación de calidad individual que deba aplicarse a un usuario por haber superado los indicadores máximos DIUG y FIUG en un determinado mes deberá ser aplicada a ese usuario en la factura que se le genere con posterioridad a contar con la información requerida para hacer el cálculo de la compensación, según los plazos de reporte establecidos para los agentes. Es decir, independientemente del ciclo de facturación que haya definido el comercializador, la compensación a un usuario., debe aplicársele en la factura inmediatamente siguiente al plazo en el que el comercializador cuente con toda la información requerida para calcular su valor. En otras palabras, si el comercializador no cuenta con la información necesaria para el cálculo de la compensación el día que va a generar la factura, esta compensación deberá ser aplicada al usuario en la siguiente factura.

A través del presente concepto, la Entidad indicó que los proyectos que prevean compartir activos de conexión, en los términos previstos en la Resolución CREG 200 de 2019, podrán llevar a cabo los trámites de obtención de licencia ambiental y solicitar ante la autoridad respectiva la aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 2099 de 2021, informando que se van a acoger a la mencionada resolución de la CREG. En este caso, el desarrollador del proyecto que obtenga la licencia ambiental para su proyecto podrá presentarla para que sea considerada para asignación de capacidad de transporte, al ser uno de los criterios definidos para ello en la regulación.