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prensa juridica

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El Ministerio de Ambiente ratificó los acuerdos concertados con el municipio de Vetas (Santander) en 2021 y 2022 para la delimitación del páramo de Santurbán, incluida la línea de trazado acordada, que no será reabierta a negociación. El reconocimiento comprende seis componentes: delimitación, reconversión productiva, fiscalización, gestión del agua, coordinación institucional y financiación. Entre los compromisos figuran la caracterización predio a predio para establecer alternativas a las actividades agropecuarias y la destinación de al menos 200 hectáreas por parte de la industria minera de Vetas a restauración, preservación o conservación. La cartera incorporará los acuerdos al proyecto de resolución única de delimitación del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y establecerá un plan de implementación con responsables, metas, indicadores y fechas. Además, fijó un plazo de 60 días hábiles para atender asuntos técnicos pendientes, sin que ello implique la expedición de la resolución definitiva, que depende de concluir la concertación con los demás municipios.

El texto adoptado por la Sala Plena de la Corte Constitucional el 21 de mayo de 2026, cuya sentencia pasó posteriormente por el proceso de firmas y revisión, dejó sin efectos la decisión de unificación del Consejo de Estado que restringió la competencia de los tribunales arbitrales en controversias económicas derivadas de actos administrativos expedidos con facultades excepcionales. La Corte encontró que la Sección Tercera incurrió en defectos sustantivos y desconoció el precedente, al interpretar de forma restrictiva el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 y agregar una limitación que la ley no contempla. Precisó que los árbitros no pueden juzgar la legalidad de esos actos, pero sí decidir sobre sus consecuencias económicas y el restablecimiento del equilibrio contractual, conforme al artículo 116 de la Constitución. La restricción desconoció los derechos al debido proceso, acceso a la justicia e igualdad.

El Consejo de Estado confirmó la decisión que declaró la nulidad de los actos de la DIAN que negaron a Themac Colombia S.A.S. la devolución de $262 millones pagados por IVA en la importación de 405 contenedores metálicos destinados al manejo de residuos sólidos. La Sala precisó que la certificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), requerida para acceder a la exclusión del impuesto por la destinación ambiental de los equipos, puede obtenerse y aportarse con posterioridad a la importación. Además, aclaró que la normativa no exige que la solicitud de certificación se presente antes de la declaración de importación, ni establece que la falta de ese documento en ese momento implique la pérdida del beneficio. En consecuencia, concluyó que la DIAN no podía imponer requisitos temporales no previstos en la regulación y confirmó la procedencia de la liquidación oficial de corrección para obtener la devolución del IVA.

El Consejo de Estado negó las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) contra el departamento del Valle del Cauca, con las que buscaba recuperar las sumas retenidas por concepto de las estampillas Pro-Universidad del Valle y Pro-Hospitales Universitarios Departamentales sobre los pagos realizados por EMCALI por la transmisión de energía entre 2012 y 2016. La Sala concluyó que estas operaciones no están excluidas del gravamen por corresponder a una relación contractual entre agentes de la cadena eléctrica y no al consumo del servicio por parte del usuario final. Además, estableció que se configuró el hecho generador de la estampilla Pro-Universidad del Valle, pues Cali había adoptado su cobro para actos y documentos de entidades municipales, condición que comprende a EMCALI. En consecuencia, revocó la decisión de primera instancia que había ordenado devolver parte de las sumas retenidas.

El Ministerio de Ambiente analizó la posibilidad de que una misma persona jurídica ostente de manera simultánea las calidades de Usuario Generador y Usuario Receptor de aguas residuales, en el marco de la Resolución 1256 de 2021. La Cartera concluyó que la norma no contiene una prohibición expresa y que la concurrencia de ambas calidades es jurídicamente viable cuando la empresa genera las aguas residuales y posteriormente las utiliza para un uso distinto al que las originó, supuesto que configura un reúso. Precisó que la identidad entre generador y receptor no convierte automáticamente la actividad en recirculación, pues esta última solo opera cuando el uso se da dentro de la misma actividad económica y en procesos unitarios de la misma. En caso de reúso, el titular deberá obtener la concesión de aguas y cumplir las obligaciones técnicas, ambientales y de seguimiento de los artículos 4, 5 y 6 de la resolución.

La Agencia Nacional de Minería proyecta adoptar el "Procedimiento de Relacionamiento Territorial Previo al Título Minero", una regulación que reúne en un solo acto administrativo las reglas que hoy se encuentran dispersas en las resoluciones 1099 de 2023, 558 de 2024 y 1242 de 2026, las cuales quedan derogadas. La entidad analiza la necesidad de contar con un procedimiento único, ágil y eficiente, organizado por etapas, con plazos claros y responsables definidos, para que comunidades y autoridades territoriales conozcan de antemano cómo se desarrollarán los espacios de información, participación y concertación antes del otorgamiento de un título minero. El proyecto incorpora la etapa de concertación con alcaldes y la audiencia pública minera, mantiene las garantías de participación ordenadas por la Corte Constitucional en las sentencias C-389 de 2016 y SU-095 de 2018, y preserva las exclusiones de los procesos de formalización minera. Además, atiende los lineamientos de austeridad del Gobierno al privilegiar encuentros virtuales y reducir desplazamientos, sin desmejorar la coordinación con los entes territoriales.

La SIC otorgó una patente de invención vigente hasta el 29 de abril de 2042 para un sistema y método que clasifica suelos finos dentro del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) mediante dispersión óptica en medio líquido. La entidad analizó el examen de fondo de la solicitud radicada en abril de 2022, verificó que las cinco reivindicaciones superaron las objeciones técnicas formuladas y concluyó que la creación cumple los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial exigidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El desarrollo difiere del estado de la técnica más cercano en que registra la evolución temporal de la intensidad óptica de una suspensión de suelo con un haz de prueba y un haz de referencia normalizado, extrae características temporales y frecuenciales de la curva de sedimentación y las procesa con un clasificador previamente entrenado para asignar de forma automática la muestra a una categoría del SUCS. El efecto técnico, según la SIC, es eliminar la dependencia de ensayos geotécnicos con apreciaciones manuales y obtener una clasificación rápida, objetiva y reproducible de la plasticidad y compresibilidad del suelo.

La SIC publicó el informe motivado del caso Metroparques, en el que analiza dos conductas restrictivas de la libre competencia: el abuso de la figura del contrato interadministrativo por parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques, y el direccionamiento de ocho invitaciones privadas realizadas en 2021 y 2022 para favorecer a las comercializadoras JPINO, 1SOLUCIONES Y CONSTRU AMERICANA. La entidad verificó que la EICE modificó su objeto social en junio de 2020 para incluir labores de mantenimiento de parques sin experiencia alguna, subcontrató el 100 por ciento de las obras y servicios de los convenios 288 y 961 de 2021, y cobró honorarios de administración que representaron un detrimento de 1.368 millones de pesos, todo tras más de 14 procesos competitivos previos del AMVA. La Delegatura para la Protección de la Competencia sostuvo que esas maniobras eludieron los mecanismos de selección abierta exigidos por la Ley 1150 de 2007 y desplazaron a los oferentes del mercado, y recomendó sancionar a las cinco personas jurídicas y a los siete servidores públicos y representantes legales que autorizaron, ejecutaron o toleraron las conductas investigadas.