El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de norma que definirá los indicadores y ponderadores para determinar la eficiencia fiscal y administrativa en la gestión del agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2027. El objetivo primordial es incentivar la adecuada administración territorial y garantizar la prestación, sostenibilidad y ampliación de estos servicios esenciales. Se evaluará el uso de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), la destinación a subsidios, la ejecución presupuestal, así como el avance en cobertura, calidad y continuidad del agua, la estratificación socioeconómica y la gestión tarifaria. La metodología se nutrirá de información oficial de plataformas como FUT, CUIPO, SUI, SIVICAP y DANE, manteniendo los parámetros del año anterior para asegurar la continuidad y seguridad jurídica.

El Gobierno busca reglamentar el "Diseño y Operación de Hidroaeródromos", a fin de revitalizar la aviación acuática en el país. Esta medida responde a la necesidad de aprovechar el vasto potencial hídrico nacional para mejorar la conectividad, el turismo y el acceso a servicios de salud en regiones remotas. Los hidroaviones fueron pioneros en la aviación colombiana desde 1919, conectando puertos fluviales, pero su uso disminuyó por el desarrollo de aeródromos terrestres y preocupaciones de seguridad. Ahora, con tecnologías modernas de monitoreo y las actuales políticas gubernamentales, la nueva regulación, alineada con la OACI, establece requisitos para el diseño y operación segura de hidroaeródromos, permitiendo incluso operaciones transitorias en superficies acuáticas no certificadas y exigiendo a los operadores un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

El Gobierno actualizó las disposiciones tributarias relacionadas con el interés presunto y el componente inflacionario aplicables a las obligaciones fiscales. Para el año gravable 2026, estableció un rendimiento mínimo anual del 9,09 % para los préstamos otorgados entre sociedades y sus socios, calculado con base en la tasa DTF correspondiente a 2025.

El Gobierno creó la Comisión Nacional de Concertación “Kimy Pernia Domicó”, una instancia permanente de diálogo, coordinación y seguimiento con la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá (CONNPEC). La medida busca fortalecer la articulación de la acción estatal y garantizar una atención integral a los pueblos Emberá (Chamí, Dóbida, Katío y Eyabida), comunidades que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad y riesgos de afectación a su pervivencia física y cultural. La comisión promoverá la participación de las autoridades indígenas en la formulación y seguimiento de acciones relacionadas con el desarrollo social, económico, cultural y territorial, conforme a la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y las decisiones judiciales de protección, con participación de representantes de 19 departamentos y Bogotá D.C.

El Gobierno reglamentó la Ley 2294 de 2023, modificando el Decreto 1076 de 2015 para fortalecer la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico. Esta normativa reconoce a los gestores comunitarios como actores clave, otorgándoles exenciones significativas: no requerirán concesión de aguas para consumos menores a 1.0 litros por segundo destinados a consumo humano o subsistencia rural, bajo ciertas condiciones. Para caudales entre 1.0 y 4.0 lps de uso doméstico, se elimina la exigencia del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua y la autorización sanitaria. Asimismo, los proyectos de reúso de aguas residuales domésticas para actividades agrícolas e industriales, que cumplan criterios de calidad, tampoco necesitarán concesión. El decreto busca impulsar el acceso universal al agua y la sostenibilidad hídrica mediante la autonomía y participación de las comunidades.

La CRA presentó una propuesta para modificar el Factor de Productividad del Servicio Público de Aseo, fijándolo en 1,84 % para el próximo periodo de facturación de 2026. La iniciativa, sustentada en la Ley 142 de 1994, busca garantizar una prestación más eficiente del servicio, incentivar mejoras en la productividad de los prestadores y trasladar a los usuarios los beneficios derivados de dichas eficiencias. Para establecer este ajuste, la entidad aplicó una metodología de Productividad Total de los Factores, basada en información financiera de los prestadores correspondiente a 2023 y 2024. El cambio tarifario tendría aplicación por única vez y pretende fortalecer el desempeño operativo y la transparencia regulatoria. El proyecto estará disponible para comentarios de la ciudadanía durante diez días.

La CREG modificó la regulación sobre la declaración y comercialización de la Capacidad Temporal (CTEMP) de gas natural, ampliando el periodo durante el cual puede ser ofrecida y contratada por los transportadores. Esta capacidad, que anteriormente estaba limitada a un día, podrá ahora comercializarse hasta por 30 días continuos o discontinuos dentro de un trimestre estándar. La medida responde a una propuesta del Consejo Nacional de Operación de Gas Natural (CNO Gas) y busca brindar mayor flexibilidad operativa ante situaciones excepcionales como baja generación hidroeléctrica, alta demanda de generación térmica a gas o mantenimientos de alto impacto en la infraestructura, como los asociados al mantenimiento de SPEC y al Fenómeno de El Niño. Con ello, se pretende optimizar el uso de los gasoductos, garantizar la continuidad del servicio y reducir riesgos de desabastecimiento.

La CREG publicó un proyecto de resolución que define las exigencias de calidad del servicio aplicables a los compensadores síncronos que se instalarán en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. La iniciativa busca garantizar una prestación continua y eficiente del servicio eléctrico, en un contexto de mayor integración de energías renovables no convencionales, mediante el fortalecimiento de la estabilidad de tensión, la inercia del sistema y la confiabilidad de la red. El documento establece las máximas horas anuales de indisponibilidad permitidas según el tipo de compensador, así como las condiciones para la programación de mantenimientos mayores. Además, incorpora lineamientos sobre compensaciones por incumplimientos y estará en consulta pública durante diez días hábiles para recibir comentarios de agentes, usuarios y autoridades.