Colombia Compra precisó la forma de acreditar las obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral en los contratos de obra, respecto del personal mínimo exigido en los estudios previos y del personal operativo vinculado a la ejecución. La entidad examinó los artículos 41 de la Ley 80 de 1993, 23 de la Ley 1150 de 2007 y 50 de la Ley 789 de 2002, y concluyó que la verificación opera en cinco momentos: presentación de la oferta, perfeccionamiento, inicio y ejecución del contrato, y liquidación. Para personas jurídicas, acreditar los aportes de sus empleados constituye criterio de admisión de la oferta; para personas naturales, la verificación se realiza con cada pago. Precisó, además, que la afiliación del equipo de trabajo no se exige como cumplimiento de ley, pues es un ofrecimiento verificable al suscribir y ejecutar el contrato.
La Contraloría General de la República analizó la naturaleza jurídica, el origen de los recursos y las reglas de sectorización del Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La entidad examinó el artículo 267 de la Constitución, el artículo 4 del Decreto Ley 267 de 2000, el Decreto 1648 de 2023 y la Resolución REG-EJE-0157 de 2026, y concluyó que el Fondo administra recursos públicos del Presupuesto General de la Nación y del Impuesto Nacional al Carbono, por lo que reúne las condiciones para ser sujeto de vigilancia y control fiscal. Precisó, además, que la carencia de personería jurídica no obsta su inclusión en la resolución de sectorización, para la cual sugirió ajustar la definición del subsector "Patrimonios Autónomos" a la verdadera naturaleza de estos vehículos fiduciarios.
La Agencia Nacional de Minería precisó el régimen jurídico aplicable a los materiales provenientes de excavaciones de una obra de infraestructura hidráulica, en un área con traslape respecto de un contrato de concesión. La entidad examinó la normativa de Residuos de Construcción y Demolición (Resoluciones 472 de 2017 y 1257 de 2021) y el Código de Minas, y precisó que la propiedad del terreno no otorga derecho pleno sobre los minerales, que pertenecen al Estado. Distinguió entre materiales removidos de manera incidental en obras civiles, sujetos al régimen de RCD y a las autoridades ambientales o territoriales, y los minerales o materiales de construcción cuya explotación exige concesión minera, con posibilidad de adición de mineral en el título traslape. También evaluó la comercialización vía RUCOM y Certificado de Origen, y concluyó que el pago de regalías no habilita por sí mismo el libre tráfico comercial del material.
El Consejo de Estado amparó el derecho al debido proceso de Inversiones Alzate Gómez & Cía. S.A.S., tras establecer que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios demoró injustificadamente la resolución del recurso de apelación presentado contra la decisión de EPM que negó el rompimiento de la solidaridad por las deudas de servicios públicos de un inmueble arrendado a Tecni Lavar S.A.S. La Sala explicó que la Superintendencia suspendió el trámite mientras verificaba la posible configuración del silencio administrativo positivo, actuación que concluyó el 1.º de septiembre de 2026. Desde esa fecha desapareció la causa de la suspensión y transcurrieron 23 días hábiles sin una decisión de fondo, superando el plazo legal de 15 días. Además, la entidad no informó las razones de la demora ni el término para resolver. Por ello, ordenó decidir la apelación dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.
El Consejo de Estado estudió la demanda de Inversiones Green Park S.A.S. y otros contra la CAR, por la suspensión de las obras de excavación, explanación y construcción de un proyecto inmobiliario en La Calera, que contaba con licencias municipales. La Sala confirmó que el predio estaba dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá cuando se impuso la medida, por lo que le eran aplicables las restricciones ambientales, pese a las licencias y usos del suelo invocados. Precisó que la CAR no vulneró el debido proceso al ordenar la suspensión sin requerimiento previo, pues las medidas preventivas ambientales son de ejecución inmediata y deben sustentarse en un acto motivado. También señaló que su carácter transitorio no obliga a levantarlas cuando se cumplen algunas condiciones, sino cuando desaparecen todas las causas que las originaron. Aunque se acreditó el cumplimiento de tres obligaciones ambientales, persistía la ubicación del predio dentro de la reserva, situación que cambió con su realinderación en 2014. Por ello, descartó la vulneración del debido proceso, la desproporción y la falsa motivación, y confirmó la decisión que negó las pretensiones.
El Consejo de Estado estudió la controversia entre Moderline S.A.S. y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por la adjudicación a Olivieri S.A.S. de un proceso para suministrar e instalar mobiliario de oficina y redes de comunicaciones en las dependencias de la Alcaldía. Moderline cuestionó que el Distrito modificara, después del cierre de la licitación, el valor de la oferta económica del adjudicatario al incorporar el IVA, lo que incidió en su evaluación y puntaje. La Sala encontró que esta actuación desconoció las reglas de subsanación y los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva, y configuró objeto ilícito. Aunque declaró la caducidad de la demanda contra el acto de adjudicación, precisó que podía declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato. Por ello, anuló el negocio jurídico y ordenó que Olivieri restituyera al Distrito la utilidad recibida, cuya cuantía deberá establecerse mediante incidente, al acreditarse el beneficio obtenido por la entidad.
El Ministerio de Minas y Energía informó que el fenómeno de El Niño podría extenderse hasta mayo de 2027, según la probabilidad del 61 % estimada por la NOAA. El IDEAM prevé menos lluvias y temperaturas más altas, con mayor impacto en diciembre de 2026 y enero de 2027. Aunque se espera que el fenómeno comience a debilitarse durante el primer trimestre de 2027, sus efectos sobre ríos y embalses podrían prolongarse durante varios meses. Al 11 de noviembre, los embalses del Sistema Interconectado Nacional registraban el 78,74 % de su volumen útil, frente a la meta de superar el 80 % al cierre del mes. El Gobierno mantiene el Plan Energía YA y pide ahorrar agua, energía y gas, especialmente entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que la Superintendencia de Sociedades es competente para ejercer la vigilancia subjetiva sobre In Smart Identity France Sucursal Colombia y cobrar la contribución correspondiente, porque su objeto social se relaciona con la explotación de tecnología de la información y no con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada. La Sala explicó que la inscripción de la sucursal en el registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos de vigilancia solo faculta a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para supervisar esas actividades específicas, no los aspectos jurídicos, económicos, administrativos y contables de la sociedad. Además, In Smart no desarrolla actualmente actividades sujetas a esa vigilancia sectorial y cumple los criterios legales para estar bajo supervisión de Sociedades. Por ello, declaró competente a esta última entidad para ejercer la vigilancia subjetiva y recaudar la contribución destinada a financiar su funcionamiento.