El proyecto busca adoptar una nueva Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MGEPEA), instrumento de obligatorio cumplimiento para los proyectos, obras y actividades que requieren licencia ambiental en Colombia. La propuesta reemplazaría la metodología vigente desde 2018 e incorpora lineamientos para evaluar los impactos asociados al cambio climático, incluyendo la cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y medidas de adaptación y mitigación. Asimismo, actualiza criterios para la delimitación de áreas de influencia, la caracterización ambiental, la evaluación de impactos, la selección de alternativas de diseño, ubicación y tecnología, y fortalece el acceso a la información y la participación ciudadana en los procesos de licenciamiento ambiental, en línea con el Acuerdo de Escazú y las metas nacionales de sostenibilidad.

El Ministerio de Ambiente sometió a consulta pública un proyecto de resolución mediante el cual adopta nuevos términos de referencia para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) requeridos en los proyectos de construcción y operación de rellenos sanitarios. La propuesta actualiza los lineamientos vigentes desde 2006 para ajustarlos a la normativa ambiental actual, incorporar criterios relacionados con la mitigación y adaptación al cambio climático, y atender los lineamientos fijados por la Corte Constitucional sobre la evaluación de los impactos climáticos de los proyectos sujetos a licenciamiento ambiental. El proyecto también define reglas de transición para los trámites en curso y establece la obligación de considerar las perspectivas culturales de las comunidades étnicas presentes en las áreas de influencia de estas iniciativas.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución para modificar la Resolución 667 de 2016 y actualizar los indicadores mínimos de gestión, los indicadores complementarios y los informes de seguimiento que deben presentar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible sobre la ejecución de sus Planes de Acción Cuatrienal. La propuesta incorpora nuevos indicadores asociados a planificación ambiental, gestión del recurso hídrico, cambio climático, áreas protegidas, restauración de ecosistemas, economía circular y control ambiental, además de establecer criterios metodológicos para los indicadores complementarios. Asimismo, ajusta la periodicidad, contenido y reporte de los informes semestrales y anuales a través del Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental (SIPGA), con el propósito de fortalecer el seguimiento a la gestión de las CAR, mejorar la calidad de la información y evaluar su contribución al cumplimiento de las políticas ambientales nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con esta propuesta se busca reglamentar parcialmente el artículo 22 de la Ley 2169 de 2021 y establecer el marco normativo e institucional de los mercados de carbono en Colombia mediante la incorporación de un nuevo capítulo al Decreto 1076 de 2015. La propuesta crea el Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado e Instrumentos de Precio al Carbono, coordinado por el Ministerio de Ambiente, con participación de entidades como el IDEAM, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio. El proyecto define principios, criterios y condiciones para la participación de iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero, regula mecanismos como el impuesto al carbono, los pagos por resultados y los mercados de carbono voluntarios y de cumplimiento, e incorpora requisitos de transparencia, monitoreo, verificación, salvaguardas sociales y ambientales y prevención de la doble contabilidad, con el propósito de fortalecer la integridad ambiental y contribuir al cumplimiento de las metas climáticas nacionales y del Acuerdo de París.

La CRA detalló la metodología tarifaria del servicio de aseo, enfocándose en los costos de barrido y limpieza. En respuesta a una solicitud, la CRA confirmó que EMVARIAS S.A. E.S.P. fue parte de la muestra de prestadores encuestados, adjuntando su información. Se aclaró que los costos laborales específicos no se desagregaron en la encuesta, sino que se basaron en parámetros legales de 2024.

El Gobierno promulgó recientemente la Ley a través de la cual se busca asegurar la cadena de ganado bovino sostenible y libre de deforestación. La normativa prioriza la interoperabilidad de sistemas de información agrícola, ambiental y catastral para la trazabilidad y el monitoreo efectivo. Se fortalecen organismos como la Comisión Nacional de Trazabilidad Animal y se designan Zonas de Alta Vigilancia en núcleos de deforestación activa. La ley exige a toda la cadena productiva implementar debida diligencia para garantizar proveedurías sin deforestación, promueve la certificación "Productor Libre de Deforestación" y actualiza el Sello Ambiental Colombiano. Además, incluye financiación y evaluación periódica, garantizando la transparencia de la información y fomentando acuerdos de cero deforestaciones entre sectores público y privado.

El Gobierno estableció lineamientos para que las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional orienten sus acciones en materia de Empresas y Derechos Humanos. Este decreto, anclado en la Constitución Política y diversos tratados internacionales como los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE, busca robustecer el deber estatal de proteger los derechos fundamentales frente a potenciales impactos negativos derivados de la actividad empresarial. La nueva normativa exige a las entidades gubernamentales incorporar criterios de debida diligencia y enfoque basado en derechos humanos en sus políticas, contratación pública, promoción de inversión y gestión de empresas estatales, impulsando la prevención, investigación, sanción y reparación de abusos. Con miras a superar esfuerzos fragmentados, el decreto promueve una coordinación interinstitucional coherente y participativa, reafirmando el compromiso del país con el acceso a la justicia y la sostenibilidad en el desarrollo empresarial. Este marco responde a recomendaciones internacionales y jurisprudencia que subraya la obligación estatal de regular y supervisar la actividad privada.

La CREG estableció parámetros para la estimación de la tasa de descuento aplicable al servicio público de transporte de combustibles líquidos por poliductos en Colombia. La medida define el código de referencia GICS 551020 y fija el 31 de marzo de 2026 como fecha para la recopilación de información necesaria en el cálculo. Este acto, enmarcado en la regulación de la cadena de distribución de combustibles que incluye refinadores, importadores, almacenadores y transportadores, culmina un proceso que reafirma las facultades de la CREG para regular tarifas y metodologías. La tasa de descuento resultante es del 14,82%, un factor crucial para la remuneración de esta actividad esencial. La decisión busca garantizar la eficiencia y transparencia en la prestación del servicio.