El Ministerio de Transporte adoptó una guía de obligatorio cumplimiento para prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en las vías del país, problemática que combina impactos ambientales con riesgos para la seguridad vial. El documento, construido de manera participativa, fija responsabilidades claras y lineamientos técnicos para reducir la mortalidad de especies y orientar decisiones basadas en evidencia. La estrategia aborda de forma integral acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación, con prioridad en corredores ecológicos y zonas de alta biodiversidad. Entre las medidas previstas se incluyen la identificación de puntos críticos, la gestión de velocidades, la instalación de pasos de fauna funcionales y el reporte sistemático de incidentes. La guía articula a Instituto Nacional de Vías (Invías), concesionarios, autoridades ambientales, Policía y comunidades, con el objetivo de avanzar hacia una infraestructura vial más segura y ambientalmente sostenible.
El Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución para promover la medición prepago en el servicio público de energía eléctrica. La iniciativa busca mitigar el riesgo de cartera y asegurar la continuidad del suministro, enfocándose en usuarios del régimen transitorio especial en la región Caribe, donde persisten riesgos operativos y financieros. Las empresas podrán instalar medidores prepagos, a su costo, en escenarios como mora recurrente, conexiones no autorizadas, alto endeudamiento o para nuevos usuarios. Este mecanismo preventivo permite a los consumidores autogestionar su consumo y reduce la exposición de las empresas a deudas vencidas. La resolución también contempla la protección del usuario al incluir lineamientos para la reversibilidad a la modalidad pospago y exige informes periódicos a las prestadoras para evaluar el impacto de la medida. Su vigencia es transitoria, hasta la emisión de una regulación integral por parte de la CREG.
El Ministerio de Minas busca adoptar el Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039, una iniciativa para garantizar la seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y evaluado por el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT), este plan estratégico busca atender el crecimiento de la demanda eléctrica y las necesidades operativas en regiones clave como el Caribe, Antioquia-Chocó, Oriental y Suroccidental. Incluye la ejecución de diez obras principales, entre ellas nuevas subestaciones, líneas de transmisión, transformadores, compensadores síncronos y reactores, con fechas de operación escalonadas hasta 2032.
El Ministerio de Minas y Energía activó un plan de contingencia para asegurar el abastecimiento de combustibles en el departamento de Nariño. Esta medida se toma debido al incumplimiento de Ecopetrol en la entrega de diésel desde la Refinería de Cartagena y al mantenimiento del poliducto Yumbo–Buenaventura, que impide el esquema de cabotaje habitual hacia Tumaco. En consecuencia, y según lo establecido en la Resolución 01853 de 2024, se ha autorizado temporalmente el transporte terrestre de combustible en carrotanques desde las plantas de abastecimiento ubicadas en Yumbo y/o Cartago (Valle del Cauca) hacia Nariño. El objetivo es preservar la continuidad y regularidad del servicio público de distribución mientras se normaliza la situación
El Ministerio de Ambiente formalizó la entrega de 11 de los 13 convenios que materializan compromisos de la Consulta Previa y del Plan Nacional de Desarrollo. Con una inversión que supera los $40.000 millones, estos acuerdos están específicamente dirigidos a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en 16 departamentos del país. El programa busca restaurar ecosistemas marinos, vincular a familias en incentivos de conservación y fortalecer la participación de los Consejos Comunitarios, reconociendo el papel histórico de estas comunidades como guardianas de la biodiversidad y sus saberes ancestrales, en un esfuerzo por recuperar su dignidad y fomentar la gestión autónoma del territorio.
La CREG hizo modificaciones en la programación de sus talleres presenciales, enfocados en la metodología de remuneración del margen de distribución mayorista y minorista de gasolina motor corriente y diésel. Estos ajustes afectan lo previamente anunciado en las Circulares CREG 239, 240 y 247 de 2026. En Riohacha, el taller sobre el margen mayorista mantendrá su sede en el hotel Ribai, pero se realizará el viernes 6 de marzo en un nuevo horario: de 7:30 a 10 a.m. Para Bogotá D.C., los talleres se unifican en una sola fecha: el martes 24 de marzo. El taller de margen mayorista será de 9 a 11 a.m., mientras que el de margen minorista se llevará a cabo de 2 a 4 p.m. La CREG reitera la invitación a distribuidores y demás interesados a inscribirse en su portal web y participar activamente en este espacio de construcción colectiva, con el fin de recabar elementos de juicio para la futura propuesta de remuneración
La SSPD hizo precisiones sobre la revisión periódica obligatoria de instalaciones de gas natural. La entidad subraya que los distribuidores no pueden suspender el servicio de forma inmediata ni amenazar a los usuarios si aún no se cumplen los cinco años desde la última inspección o conexión. La revisión debe realizarse en un plazo máximo de cinco años, con un período mínimo de aviso de cinco meses antes del vencimiento. Solo tras un debido proceso de notificación y el incumplimiento del usuario dentro del plazo establecido, se podría proceder a la suspensión. Los cobros por reconexión solo aplican si la suspensión es legítima y efectiva.
El Ministerio de Ambiente emitió recientemente un concepto técnico-jurídico ante las consultas de la CAR sobre los desafíos en el monitoreo de ruido bajo la Resolución 0627 de 2006, especialmente en procedimientos de flagrancia. La dificultad surge por la manipulación de fuentes sonoras, la invasión del espacio público y la complejidad para cumplir los tiempos y métodos de medición (como medir "fuente encendida" y "fuente apagada") establecidos en la normativa durante intervenciones rápidas. La Ley 2450 de 2025 (Ley contra el Ruido) se destaca por fortalecer las competencias de las autoridades de policía. Ahora, pueden aplicar medidas correctivas por contaminación acústica derivada de actividades económicas sin necesidad de mediciones técnicas previas, si hay evidencia clara de afectación.