La SSPD recibirá comentarios hasta el 17 de julio de 2026 en el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. La Entidad publicó un proyecto de resolución que fija en 3.731 el número de prestadores que servirá de base para calcular la tarifa de la contribución especial de la vigencia 2026. De este universo, 569 corresponden a los sectores de energía y gas combustible, 3.139 a acueducto, alcantarillado y aseo, y 23 a prestadores multiservicios, con base en la información del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS) y las verificaciones efectuadas por las superintendencias delegadas con corte al 31 de diciembre de 2025. El proyecto también aclara que la omisión en la inscripción al RUPS no impedirá el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control ni el cobro de la contribución especial cuando posteriormente se identifique al prestador.

 El Ministerio de Vivienda publicó la infografía de implementación de construcción sostenible; una hoja de ruta para promotores y autoridades locales. La normativa exige a nuevos proyectos de vivienda y otros tipos de edificaciones cumplir con porcentajes mínimos de ahorro de agua y energía. El proceso implica el diseño con medidas pasivas (aprovechamiento natural) y activas (sistemas tecnológicos), la solicitud de licencia con un anexo de sostenibilidad, y la declaración de cumplimiento. Curadurías y municipios son clave, validando la información, otorgando licencias y realizando verificaciones en obra para asegurar la correcta implementación de las medidas. La existencia de un sello verde homologado agiliza la validación. El incumplimiento conlleva acciones correctivas.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución que modifica la Resolución 0221 de 2025, actualizando y ampliando la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en el macizo de Santurbán, Santander. La medida incorpora al área protegida varios polígonos, como la Zona Reservada con Potencial – ZRP Bloque No. 736 y el Área de Reserva Especial ARE-503563, que antes estaban excluidos y cuyas solicitudes mineras fueron rechazadas. Con esta integración, la zona de reserva se incrementa a 75.432,42 hectáreas. Además, se prorroga su vigencia por dos años adicionales, hasta el 4 de marzo de 2029, para permitir la culminación de estudios técnicos complejos y garantizar la toma de decisiones definitivas de ordenamiento ambiental, aplicando el principio de precaución para proteger este ecosistema estratégico.

El Ministerio de Ambiente publicó proyecto para delimitar de manera progresiva el Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín. Esta acción, en acatamiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, formaliza la protección de casi 30.000 hectáreas en municipios donde el proceso participativo ha culminado exitosamente. La medida busca salvaguardar este ecosistema estratégico, fuente vital de agua para más de 2.5 millones de colombianos en Santander y Norte de Santander. El proyecto prioriza la conservación, restringe actividades de alto impacto como la urbanización expansiva y refuerza la conectividad ecológica, garantizando un enfoque técnico-científico y participativo sin reducir la protección ambiental.

El Ministerio de Ambiente inició un proceso para declarar de manera definitiva la Reserva de Recursos Naturales Renovables "La Baja" en la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en el crucial Macizo de Santurbán. Esta medida busca proteger un sistema hidroecológico vital, garantizando la conservación del agua, la conectividad ecosistémica y la estabilidad ambiental para más de 2.5 millones de personas en Santander y Norte de Santander. La declaratoria, respaldada por estudios técnicos y un marco legal robusto, prioriza la prevención de daños ambientales graves, como la movilización de elementos peligrosos por alteraciones rocosas. Se exceptuarán actividades mineras preexistentes y legalmente consolidadas, buscando un equilibrio con la protección integral del territorio.

El Gobierno transformó el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) al habilitar una segunda postulación para poblaciones vulnerables. Esta modificación al artículo 6° de la Ley 3a de 1991 beneficia a las víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y a quienes pierdan su hogar por desastres naturales, conflicto armado o cualquier causa ajena a su voluntad. El SFV es un aporte estatal para facilitar la adquisición de vivienda social, priorizando a mujeres cabeza de familia, trabajadoras informales, madres comunitarias y comunidades étnicas. La cuantía del subsidio la determina el Gobierno Nacional, considerando recursos y condiciones socioeconómicas. La ley asegura un enfoque diferencial y requisitos flexibles para las víctimas, garantizando su derecho a la vivienda sin afectar postulaciones iniciales.

El Gobierno estableció una reglamentación integral para el cierre de minas. La norma incorpora el cierre como una etapa obligatoria del ciclo de vida de los proyectos mineros y fija medidas administrativas, técnicas, sociales, laborales, ambientales y financieras que deberán aplicarse desde la explotación hasta el seguimiento posterior al cierre. Además, crea modalidades de cierre adaptadas a las características de cada proyecto, fortalece la protección de los trabajadores mediante planes de transición laboral, reconversión productiva y garantías de seguridad social, y promueve la participación de las comunidades. Asimismo, dispone que las áreas intervenidas puedan destinarse a restauración ecológica, conservación, energías renovables, actividades agropecuarias sostenibles, turismo e infraestructura comunitaria, en el marco de una transición energética justa.

El Gobierno reguló el procedimiento para corregir el componente “sexo” en el registro civil. Ahora, personas mayores de edad con identidades de género diversas pueden ajustar este dato mediante escritura pública ante notario, incluyendo la opción 'no binario'. El trámite será gratuito por única vez, busca garantizar la correspondencia documental con la identidad de género auto percibida, evitar discriminación y asegurar la confidencialidad del proceso.