El Gobierno aprobó la concesión del nuevo terminal marítimo multipropósito Río Córdoba en Ciénaga, Magdalena, un proyecto transformador con una inversión superior a los 82 millones de dólares. Este puerto estratégico integrará carretera, tren y sistema portuario, proyectando movilizar más de 160 millones de toneladas de carga, fortaleciendo el transporte multimodal y reduciendo costos logísticos. Conectado al Ferrocarril del Atlántico y otros corredores clave, impulsará la competitividad del país. Se generarán más de 5.300 empleos directos e indirectos, con una inversión social de 20,5 millones de dólares para comunidades locales, impactando positivamente la economía regional. Además, más del 90% de la carga será movilizada por vía férrea, reduciendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzando los compromisos ambientales de Colombia.

El Ministerio de Minas y Energía actualizó los requisitos técnicos y procedimientos para la suspensión temporal, abandono temporal o definitivo de pozos continentales y costa afuera en el desarrollo de actividades de exploración y producción de hidrocarburos. La normativa busca fortalecer la seguridad, integridad y confiabilidad de estas operaciones, asegurando la aplicación de las mejores prácticas de la industria y la protección del ambiente. La resolución, que deroga la Resolución 40622 de 2023, detalla condiciones específicas para el abandono definitivo, incluyendo el uso de cementos que cumplan estándares API, la necesidad de barreras primarias y secundarias, y la evaluación de cemento para garantizar el aislamiento efectivo. También establece la obligatoriedad de informes de seguimiento para pozos suspendidos temporalmente y plazos de ejecución y prórrogas para programas de abandono definitivo, con sanciones de hasta 5.000 dólares por incumplimiento. Esta actualización responde a la necesidad de precisar criterios y tiempos, identificada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para una fiscalización más eficiente.

El Ministerio de Minas ordenó el giro de $17.980.307.137,01 a municipios productores de oro, plata y platino, correspondientes al recaudo del impuesto percibido durante febrero de 2026. Esta significativa distribución de recursos, que excluye un pequeño reintegro por débitos no debidos, se realiza en cumplimiento de la Ley 488 de 1998 y el Decreto 2173 de 1992, asegurando que los fondos beneficien directamente a las comunidades donde se extraen estos metales preciosos. El proceso implicó la recolección de los impuestos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, seguida por la distribución detallada de la Agencia Nacional de Minería. Municipios como Amalfi, El Bagre, Marmato, Remedios y Segovia, en Antioquia y Caldas, son algunos de los beneficiados directos, recibiendo los fondos en sus cuentas bancarias validadas. Esta medida, que fortalece las finanzas locales, es un acto de ejecución que rige desde su expedición.

El Ministerio de Ambiente propone modificar la Resolución 1491 de 2025, extendiendo de seis (6) a doce (12) meses el plazo para que las autoridades municipales y distritales delimiten las "Áreas de Vida". Esta prórroga busca asegurar una implementación rigurosa de la Ley 2173 de 2021, que promueve la restauración ecológica en el país. La decisión surge tras evidenciarse la complejidad técnica y administrativa de la delimitación, la disparidad de capacidades institucionales en los territorios y el elevado volumen de consultas recibidas, lo cual ha dificultado una aplicación uniforme de la normativa y ha retrasado la conformación de estos espacios esenciales para la protección y el manejo sostenible de los recursos naturales.

El Gobierno actualizó las reglas del Registro Único de TIC (RUTIC) para depurar y mejorar la calidad de la información del sector. La norma introduce nuevas causales de archivo que permiten retirar del registro a proveedores inactivos o incumplidos, con el fin de garantizar datos más confiables para la formulación de políticas públicas. En particular, se establecen causales como la falta de pago de contraprestaciones, la no presentación de reportes de información durante el último año y la inactividad prolongada de los proveedores. También se incluyen reglas específicas para el servicio de radiodifusión sonora, como la renuncia, terminación o no prórroga de concesiones. Con estas medidas, el Ministerio TIC busca contar con un inventario más preciso de operadores y fortalecer la inspección, vigilancia y control del sector.

El Gobierno adicionó los lineamientos de política pública para la integración de los Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en las Zonas No Interconectadas (ZNI).

 El Ministerio de Vivienda busca modificar los términos de referencia de la “Convocatoria de desarrollo empresarial para el impulso comunitario en el sector vivienda”, que invierte el 5% del mayor recaudo energético. La medida ajusta la Resolución 0011 de 2026 con el fin de optimizar la participación. Entre los cambios, se amplía la fuente de información para el criterio de zonas afectadas por el desempleo, permitiendo análisis municipales actualizados además de los datos del DNP. Asimismo, se extiende el plazo para subsanar requisitos, atendiendo a solicitudes de entidades territoriales y considerando festividades como Semana Santa. Estos ajustes, que deben respetar principios de igualdad y publicidad, buscan garantizar los objetivos de la convocatoria y facilitar la ejecución de proyectos habitacionales comunitarios.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de decreto que reglamenta la inversión privada en vivienda de interés social y prioritaria rural, dando cumplimiento al artículo 25 de la Ley 2079 de 2021 y una reciente orden judicial. La iniciativa busca asegurar el derecho a una vivienda digna para los hogares de menores ingresos en el campo, permitiendo que proyectos de vivienda rural sean financiados a través de mecanismos como "obras por impuestos", "obras por regalías" y donaciones. El Ministerio definirá las condiciones operativas, criterios de sostenibilidad y participación comunitaria, asegurando la adecuada destinación de los recursos y el control sobre estas inversiones para impulsar el desarrollo habitacional en las zonas más necesitadas del país.