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Proyecto de norma

Proyecto de norma (83)

La "Política de Gestión Ambiental Urbana" en Colombia busca promover el desarrollo sostenible y resiliente en las ciudades, considerando el crecimiento urbano y sus implicaciones ambientales. Se identifican desafíos significativos, como la expansión urbana que ha superado 121.978 hectáreas entre 2005 y 2018, de las cuales el 43% se superpone con áreas de especial interés ambiental. Otro punto crítico es la insuficiente infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, donde el sector industrial contribuye significativamente a la carga contaminante. A pesar de mejoras en el tratamiento de aguas, solo el 44% de las aguas residuales es tratado adecuadamente.

El proyecto de norma busca regular los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y otros residuos, conforme al Convenio de Basilea y a la adhesión del país a la OCDE. Su objetivo principal es garantizar el control efectivo de dichos movimientos en el territorio nacional, estableciendo procedimientos específicos. Entre las medidas más relevantes, se destaca que los residuos sujetos al Control Ámbar, definidos por el Convenio de Basilea y la Decisión OECD/LEGAL/0266, requieren autorización para su traslado, asegurando que se manejen de manera segura y sostenible. Para residuos menos peligrosos, se aplicará un Procedimiento de Control Verde.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible busca, a través del proyecto de norma que ajusta el Formato y el instructivo para el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, modernizar y eficientizar el registro del uso del agua. La resolución propone incluir datos más completos sobre el uso de agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas, así como sobre el tratamiento de aguas residuales provenientes de soluciones individuales de saneamiento. Esto se deriva de la necesidad de cumplir con normativas recientes, como la Ley 1955 de 2019 y el Decreto 1210 de 2020, que exigen un registro detallado y específico. Al actualizar el formato y el instructivo, el ministerio busca que las autoridades ambientales puedan gestionar de manera más efectiva los recursos hídricos, promoviendo un uso sostenible y responsable del agua, garantizando así una mejor administración de este recurso vital para la población rural y el medio ambiente.

El proyecto de resolución tiene como objetivo modificar la Resolución 1023 de 2005 para incorporar nuevas guías ambientales. Estas guías se centran en el tratamiento de vehículos al final de su vida útil, el manejo ambiental de vías terciarias y la protección de la fauna silvestre en proyectos de infraestructura lineal. Se enfatiza la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos en la protección de los recursos naturales y el entorno. Estas guías están dirigidas tanto a entidades desintegradoras y autoridades ambientales como a entes territoriales que ejecutan proyectos de intervención. La normativa refuerza la importancia de la autogestión y autorregulación en los sectores productivos y establece que dichas guías son complementarias a las licencias y autorizaciones ambientales existentes.

Los comentarios se recibirán a través de los correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El documento establece los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de energía eólica costa afuera en Colombia. Su objetivo principal es definir los lineamientos y requisitos necesarios para evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos de dichos proyectos. Se busca garantizar que se realice una caracterización adecuada del ambiente, considerando aspectos abióticos, bióticos y socioeconómicos, así como la justificación y relevancia estratégica del proyecto a nivel local, regional y nacional. Además, se enfatiza la importancia de presentar información precisa sobre la localización, construcción y operación del proyecto, así como los mecanismos de recolección y análisis de datos. El documento también aborda la necesidad de establecer medidas de mitigación para los gases de efecto invernadero y la implementación de buenas prácticas de gestión ambiental, asegurando que el desarrollo de la energía eólica sea sostenible y minimice su impacto en el medio ambiente.

El proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente sustituye el Capítulo 7 del Título 9 del Decreto 1076 de 2015, relacionado con la tasa retributiva por el uso del agua como receptor de vertimientos puntuales. Este cambio se enmarca en la Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026), que establece un parágrafo transitorio sobre la tasa retributiva para prestadores de servicios de alcantarillado, con un factor regional de 1 hasta el 31 de diciembre de 2024. El decreto busca actualizar los estudios y criterios para calcular esta tasa, promoviendo la recuperación de recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales. Se establece que las autoridades ambientales deben reportar anualmente al Ministerio sobre la aplicación de este instrumento económico y los resultados de monitoreo de fuentes hídricas. Además, se definen las aguas continentales lénticas y lóticas, y se especifica que el capítulo aplica a las autoridades ambientales y a los usuarios que realizan vertimientos. Este marco normativo busca fortalecer la gestión ambiental y garantizar un uso sostenible del agua, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural. Los comentarios se recibirán hasta el 13 de diciembre a través de los correos: Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente sustituye el Capítulo 7 del Título 9 del Decreto 1076 de 2015, relacionado con la tasa retributiva por el uso del agua como receptor de vertimientos puntuales. Este cambio se enmarca en la Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026), que establece un parágrafo transitorio sobre la tasa retributiva para prestadores de servicios de alcantarillado, con un factor regional de 1 hasta el 31 de diciembre de 2024. El decreto busca actualizar los estudios y criterios para calcular esta tasa, promoviendo la recuperación de recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales. Se establece que las autoridades ambientales deben reportar anualmente al Ministerio sobre la aplicación de este instrumento económico y los resultados de monitoreo de fuentes hídricas. Además, se definen las aguas continentales lénticas y lóticas, y se especifica que el capítulo aplica a las autoridades ambientales y a los usuarios que realizan vertimientos. Este marco normativo busca fortalecer la gestión ambiental y garantizar un uso sostenible del agua, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural. Los comentarios se recibirán hasta el 13 de diciembre a través de los correos: Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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La "Política Nacional de Protección y Bienestar Animal (PNPYBA) 2024- 2034", establece un marco integral para la protección y bienestar de los animales en el país. El documento, elaborado por diversas entidades gubernamentales, busca promover el respeto y la dignidad de todos los seres vivos, alineándose con estándares internacionales. Se presentan antecedentes que fundamentan la necesidad de esta política, así como un marco conceptual que define el bienestar animal. La política incluye objetivos claros y estrategias para su implementación, abordando aspectos como la educación, la legislación y la participación ciudadana. Se busca fomentar una cultura de cuidado y responsabilidad hacia los animales, garantizando su protección y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad.

El proyecto de norma publicado por MinAmbiente busca adoptar la Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales (MGEPEA) en Colombia. Su objetivo es mejorar el acceso a la información ambiental, fomentar la participación pública en decisiones ambientales y garantizar el acceso a la justicia en estos asuntos, en cumplimiento de la Ley 2273 de 2022 y el Acuerdo de Escazú. La metodología es un instrumento obligatorio para la elaboración de estudios ambientales necesarios en el proceso de licenciamiento ambiental, asegurando información precisa para la toma de decisiones. Además, se busca fortalecer la participación de las comunidades en la gestión ambiental, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. La resolución se aplica a todas las personas y autoridades ambientales en el país, promoviendo un enfoque colaborativo en la protección y recuperación del medio ambiente, tal como lo establece la Ley 99 de 1993.

Los comentarios se recibirán hasta el 13 de diciembre a través del correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Se busca el "Protocolo de Monitoreo de Vertimientos a Fuentes Superficiales y al Alcantarillado", un documento técnico unificado a nivel nacional. Este protocolo establece directrices para el monitoreo de vertimientos de aguas residuales, tanto domésticas como no domésticas, a fuentes superficiales y al alcantarillado público. La resolución entra en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial. Se fundamenta en el artículo 2.2.3.3.4.13 del Decreto 1076 de 2015, que asigna al Ministerio la responsabilidad de expedir dicho protocolo, incluyendo aspectos como puntos de control, infraestructura técnica mínima y metodología de muestreo. Además, se enmarca en la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que busca mejorar la calidad del agua y asegurar un manejo sostenible de los recursos naturales, en cumplimiento de la legislación ambiental vigente. La participación social y el control periódico de actividades potencialmente contaminantes son esenciales para la implementación efectiva del protocolo.