Proyecto de norma (114)
El Ministerio de Ambiente y busca adoptar lineamientos para promover la producción sostenible en los cultivos de aguacate, buscando proteger recursos naturales y garantizar la conservación ambiental. La resolución establece que las autoridades ambientales territoriales coordinarán con entidades agropecuarias para asegurar el cumplimiento de normativas vigentes, otorgar permisos y brindar asistencia técnica, adaptando los cultivos a las características biofísicas de cada región. Además, se enfatiza la vigilancia y control ambiental en áreas con cultivos, especialmente en reservas forestales, con sanciones para el incumplimiento. Estas medidas buscan un equilibrio entre productividad y conservación ecológica, fortaleciendo el ordenamiento ambiental territorial en el sector agrícola colombiano.
En 2026, el Ministerio de Ambiente implementará varios proyectos normativos clave: la reglamentación del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) para actualizar su estructura y funciones; modificaciones al Decreto 1076 de 2015 para promover la transición energética justa y regular proyectos de energías contaminantes; regulación de salvaguardas sociales y ambientales en mitigación de gases efecto invernadero; gestión integral de residuos peligrosos; creación de consejos territoriales del agua; y establecimiento del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE) para avanzar en la descarbonización y conservación ambiental del país.
Colombia fortalece desde 2021 sus canales digitales para difundir información sobre salvaguardas sociales y ambientales, alcanzando comunidades locales, pueblos indígenas y actores institucionales mediante noticias, podcasts, videos y redes sociales. En 2023, se reactivaron alianzas con emisoras comunitarias y figuras regionales para ampliar el alcance en zonas rurales y urbanas. El Programa REM Visión Amazonía, alineado con la normatividad nacional e internacional, busca reducir la deforestación y fortalecer la gobernanza ambiental en la región amazónica. Además, el Programa Herencia Colombia impulsa la conservación y financiación a largo plazo de áreas protegidas, con un enfoque participativo, inclusivo y adaptado al contexto nacional. Estos esfuerzos se integran con marcos regulatorios históricos y compromisos internacionales para garantizar una gestión ambiental sostenible y respetuosa de los derechos de las comunidades.
El proyecto de resolución modifica la Resolución 551 de 2022 para actualizar y fortalecer el Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan de Manejo Ambiental del Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo. Su objetivo es garantizar una gestión ambiental coherente y participativa, incorporando al Alcalde de Cartagena y delegados comunitarios en el Comité Ambiental Interinstitucional, y clarificar competencias entre entidades como EPA Cartagena y CARDIQUE. Así se promueve la conservación, manejo sostenible y restauración de los ecosistemas marinos, asegurando la cooperación interinstitucional y la activa participación de las comunidades locales en la protección del área protegida.
El Ministerio de Ambiente busca modificar la Resolución No. 848 de 2008 para incluir al pez Basa (Pangasianodon hypophthalmus) como especie exótica invasora, ante su alto riesgo de afectar la biodiversidad acuática del país. Esta especie, con hábitos omnívoros y alta capacidad de dispersión, amenaza ecosistemas de las cuencas del Magdalena y Caribe, donde habitan numerosas especies nativas y amenazadas. Su expansión natural se facilita por infraestructuras hidráulicas y prácticas acuícolas, generando desequilibrios ecológicos y potencial impacto socioeconómico. Por ello, se proponen medidas para su prevención, control, manejo y erradicación, incluyendo monitoreo, regulación de acuicultura y sensibilización, con el fin de proteger los ecosistemas colombianos frente a este riesgo ambiental.
El Ministerio de Ambiente establece los lineamientos para el ordenamiento participativo ambiental del área de reserva forestal del Cocuy para armonizar la conservación de ecosistemas estratégicos, como páramos y bosques, con los derechos y medios de vida de las comunidades rurales históricamente habitadas en el territorio. Busca garantizar la protección de servicios ecosistémicos, la integridad ecológica, y la conectividad entre áreas protegidas, a la vez que fomenta la participación comunitaria y la sostenibilidad de las actividades productivas campesinas, en respuesta a tensiones generadas por restricciones anteriores y para asegurar un desarrollo ambientalmente sostenible. Se recibirán comentarios hasta el 4 de noviembre al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El proyecto de resolución prorroga por dos años la vigencia de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, declaradas inicialmente mediante la Resolución 1814 de 2015 y extendidas sucesivamente hasta 2023. Se actualizan los perímetros de ciertos polígonos, aumentando su área total de 82.475,74 a 139.905,22 hectáreas, como en el caso del área "Relictos de Caoba de Jurado" bajo la corporación Codechocó. La prórroga responde a criterios ecológicos, prediales y de gobernanza territorial, manteniendo la protección de estas zonas clave para la conservación ambiental y el manejo sostenible de los recursos naturales renovables. Este acto administrativo reafirma el compromiso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la conservación del medio ambiente. Anexos
El proyecto de norma establece criterios de calidad para el uso de aguas superficiales, subterráneas y marinas, aplicables según el tipo de uso como agrícola, pecuario, recreativo, pesquero, estético e industrial (sin criterios específicos). Incluye parámetros fisicoquímicos y microbiológicos como demanda bioquímica y química de oxígeno, nutrientes (nitrógeno y fósforo), sólidos, metales, y sulfuro de hidrógeno, ajustables por la autoridad ambiental según condiciones naturales o antropogénicas. Los planes de ordenamiento hídrico deberán implementar estas disposiciones tras su publicación, que entra en vigor un año después. Se prescriben límites específicos para cada uso y tipo de cuerpo de agua, promoviendo la protección del recurso hídrico y la prevención de eutrofización, además de recomendaciones para estudios complementarios como bioensayos.
El proyecto de resolución modifica los términos de referencia para la elaboración del Estudio Ambiental de Prefactibilidad (EAP) de Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN), incorporando lineamientos y parámetros para estudios detallados y criterios para su localización en zonas de recarga de acuíferos, según el Decreto 1077 de 2015. Se requiere presentar mapas hidrogeológicos y de vulnerabilidad con escala y fuente, y la autoridad ambiental podrá decidir la viabilidad según el análisis preliminar sin estudios adicionales si la información es suficiente. En caso contrario, se deben realizar estudios hidrogeológicos detallados. Además, el EAP debe incluir análisis de impactos ambientales, modificaciones urbanísticas previstas y metodologías empleadas para su elaboración. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) es responsable de otorgar permisos ambientales para estos proyectos. Las guías permiten flexibilidad según características específicas del proyecto, contemplando justificaciones técnicas para omisiones y la inclusión de información extra relevante para la evaluación ambiental.
El decreto reglamenta el artículo 15 de la Ley 1931 de 2018, estableciendo las definiciones de corto, mediano y largo plazo para las contribuciones nacionales ante la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático. Busca garantizar una ambición progresiva y coordinada bajo la conducción del Ministerio de Ambiente, con participación multisectorial, alineada con la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050) y el Sistema Nacional de Cambio Climático. Define etapas claras para la formulación, implementación, reporte y revisión de las contribuciones nacionales, promoviendo mayor ambición y adaptación. De esta forma se fortalece la gobernanza ambiental, impulsando el desarrollo sostenible, la carbono-neutralidad y la resiliencia climática, asegurando el cumplimiento de los compromisos internacionales.
