Proyecto de norma (133)
El Ministerio de Ambiente busca actualizar los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de dragado de profundización de canales de acceso a puertos marítimos. La medida busca superar las limitaciones técnicas y metodológicas de la anterior Resolución 1272 de 2006, promoviendo una evaluación más robusta y eficiente de los impactos ambientales. Esta actualización incorpora criterios de adaptación, mitigación y gestión del riesgo climático, siguiendo una orden de la Corte Constitucional. Además, amplía su ámbito de aplicación para incluir dragados en puertos de menor calado como Tumaco y San Andrés, que antes no estaban cubiertos por la normativa vigente.
Esta iniciativa define una metodología para identificar y permitir actividades agropecuarias de bajo impacto en estos ecosistemas estratégicos, cruciales para el agua y la biodiversidad. El objetivo es equilibrar la conservación ambiental con la garantía del derecho a la alimentación y los derechos de los campesinos, reconocidos como habitantes tradicionales del páramo. La metodología busca reconocer buenas prácticas, orientar programas de reconversión para actividades de alto impacto y promover el desarrollo agropecuario sostenible. Se aplicará en páramos ya delimitados o en proceso, con el apoyo de autoridades ambientales y entidades del sector, asegurando la participación de las comunidades.
El Ministerio de Ambiente publicó proyecto de resolución que actualiza los términos de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la exploración de energía geotérmica en Colombia. La medida, que deroga la Resolución 0561 de 2022, busca integrar la evaluación de impactos del cambio climático, fortalecer la participación ciudadana y el acceso a la información, y armonizar la normativa con la regulación técnica del sector. Esta actualización responde a la evolución normativa y a decisiones judiciales recientes, como la Sentencia C-280 de 2024 de la Corte Constitucional, que exige la inclusión de la evaluación de impactos climáticos. El objetivo es asegurar un control ambiental más riguroso y promover el desarrollo sostenible de estas fuentes de energía renovable, en línea con la transición energética del país.
El Ministerio de Minas impulsa proyecto para regular la importación y exportación de materiales radiactivos. Esta normativa busca establecer requisitos y procedimientos claros para estas actividades, cubriendo fuentes radiactivas de las categorías 1 a 5. El objetivo principal es fortalecer la seguridad tecnológica y física, armonizar las disposiciones con los compromisos internacionales de Colombia, como los del OIEA, y garantizar una gestión segura de estos materiales, incluyendo la disposición final. La resolución también deroga la Resolución 181419 de 2004 y asigna al Ministerio la función de autoridad competente en esta materia, exigiendo, entre otros, la acreditación del suministrador y garantías financieras para el desuso.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para aclarar el acceso a recursos genéticos. La medida modifica los artículos 2.2.2.8.1.2 y 2.2.2.9.1.4 del Decreto 1076 de 2015, y corrige un yerro formal en su Título 1. El objetivo principal es disipar la confusión de investigadores al definir con exactitud cuándo ciertas actividades de investigación científica no comercial, como la sistemática molecular, ecología molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso a recursos genéticos, eximiéndolas de la obligatoriedad de suscribir contratos de acceso. No obstante, si estas mismas actividades se realizan con fines de bioprospección, comerciales o industriales, requerirán autorización previa mediante un contrato. Además, la norma establece que el Ministerio podrá otorgar el permiso de recolección de especímenes silvestres junto con el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos.
El Ministerio del Medio Ambiente publicó para consulta ciudadana para el Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 del "Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)". Este proceso busca la participación activa de la ciudadanía en la revisión y fortalecimiento de la planificación de la dependencia. La Oficina Asesora de Planeación coordina la iniciativa, la cual estará disponible desde el 29 de enero hasta el 14 de febrero de 2026. Los interesados pueden acceder al documento de soporte, que se encuentra en un archivo Excel (DS-E-SIG-39_V1.xlsx), y dirigir sus comentarios a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., buscando asegurar la transparencia y la ética en la gestión ambiental del Ministerio.
El Ministerio de Ambiente impulsa un proyecto de resolución para la Sabana de Bogotá. La iniciativa establece directrices de ordenamiento ambiental, declarando la región de interés ecológico nacional con prioridad agropecuaria y forestal. Estas normas, de superior jerarquía, buscan proteger su rica biodiversidad y ecosistemas clave como páramos y humedales. Orientan a autoridades y actores privados a planificar el territorio, gestionando los recursos hídricos de forma sostenible, garantizando la integridad ecológica y la adaptación al cambio climático. Es un llamado a la acción coordinada para salvaguardar el patrimonio natural para las futuras generaciones.
Esta Cartera Ministerial abrió una consulta pública para definir la Hoja de Ruta que implementará el Acuerdo de Escazú en Colombia. Este esfuerzo busca fortalecer la democracia ambiental y garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, poniendo especial énfasis en la protección de quienes defienden el territorio y el ambiente. La iniciativa, abierta a la ciudadanía, comunidades y organizaciones hasta mediados de febrero, propone acciones concretas para la protección integral de defensores, un acceso efectivo a la justicia ambiental y la promoción de una participación incidente e informada. La ruta, elaborada interinstitucionalmente, será implementada por una futura Comisión Intersectorial.
El Ministerio de Ambiente impulsa una nueva resolución para el ordenamiento ambiental participativo del área de reserva forestal del Cocuy. Este proyecto busca armonizar la imperativa conservación ecológica con los derechos y medios de vida de las comunidades campesinas, reconociéndolas como sujetos de especial protección. La iniciativa, que derogaría la Resolución 1275 de 2014, enfatiza la participación ciudadana y la agroecología, articulando criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales. Su objetivo es garantizar un desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la protección de ecosistemas estratégicos, atendiendo a las tensiones históricas entre la normativa ambiental y las actividades productivas tradicionales en la región.
El Ministerio de Ambiente se prepara para adoptar una resolución crucial que establecerá los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental. Esta medida será indispensable para la tramitación de licencias ambientales de proyectos relacionados con el tratamiento térmico sin combustión de residuos con riesgo biológico o infeccioso, así como para la disposición de desechos peligrosos en rellenos o celdas de seguridad. La iniciativa busca armonizar los lineamientos para estos estudios a nivel nacional, asegurando que las evaluaciones sean consistentes y rigurosas. El objetivo principal es proteger las riquezas naturales del país y garantizar un ambiente sano, previniendo el deterioro ambiental. Las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de grandes centros urbanos serán las encargadas de aplicar estos nuevos criterios. Se contempla un régimen de transición para los proyectos que ya hayan iniciado su proceso o lo hagan en un plazo determinado.
