Proyecto de norma (175)
MinAmbiente propone la creación de la Comisión Intersectorial del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, una instancia crucial para abordar los compromisos pendientes del acuerdo de cooperación de 2009. Este proyecto de decreto busca garantizar un espacio de diálogo, concertación y participación ciudadana, especialmente para las comunidades rurales y campesinas afectadas en el Huila. La Comisión coordinará acciones no cubiertas por la licencia ambiental de la ANLA, atendiendo problemáticas urgentes y cruciales. Estará integrada por Ministerios, autoridades territoriales y, fundamentalmente, representantes de veedurías y ASOQUIMBO, asegurando transparencia y un seguimiento efectivo a los acuerdos.
El Ministerio de Ambiente propone modificar la Resolución 1491 de 2025, extendiendo de seis (6) a doce (12) meses el plazo para que las autoridades municipales y distritales delimiten las "Áreas de Vida". Esta prórroga busca asegurar una implementación rigurosa de la Ley 2173 de 2021, que promueve la restauración ecológica en el país. La decisión surge tras evidenciarse la complejidad técnica y administrativa de la delimitación, la disparidad de capacidades institucionales en los territorios y el elevado volumen de consultas recibidas, lo cual ha dificultado una aplicación uniforme de la normativa y ha retrasado la conformación de estos espacios esenciales para la protección y el manejo sostenible de los recursos naturales.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de norma para declarar la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo "Corazón del Mundo, Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindua", con una extensión de 1.5 millones de hectáreas. Esta medida integral busca proteger el ecosistema vital y su invaluable riqueza biocultural, respondiendo a la solicitud de los pueblos indígenas Wiwa, Kogui, Kankuamo y Arhuaco. La reserva blindará el territorio contra actividades extractivas, la expansión agrícola y el turismo no regulado, garantizando la conservación del agua, la biodiversidad y el patrimonio cultural. Fundamentada en principios de prevención y precaución ambiental, esta acción consolidará un régimen de ordenamiento que asegura la integridad ecológica y el bienestar de las generaciones futuras.
Los Ministerios de Minas y Ambiente buscan reglamentar la economía circular en el sector minero, dando cumplimiento al artículo 12 de la Ley 2250 de 2022. La propuesta persigue que residuos mineros como estériles y colas de metales preciosos, piedras y materiales de construcción sean aprovechados secundariamente por empresas o asociaciones especializadas, fomentando la reincorporación de minerales y generando valor agregado. El marco regulatorio establece permisos mineros y requisitos ambientales estrictos para este aprovechamiento, incluyendo la necesidad de análisis y remoción de mercurio antes del uso de cianuro. Además, la normativa detalla cómo se realizará la recuperación y restauración ambiental de zonas afectadas por explotaciones sin un responsable identificado. La resolución subraya el pago de regalías por el aprovechamiento secundario, impulsa la asistencia técnica, la investigación y la innovación, y excluye a los mineros de subsistencia, promoviendo un modelo de producción y consumo más eficiente y sostenible.
El proyecto de norma busca que las instalaciones dedicadas al aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos implementen un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) mandatorio. Esta iniciativa responde a los derechos constitucionales a un ambiente sano y a los compromisos adquiridos tras la adhesión del país a la OCDE, adoptando su recomendación sobre gestión ecológica de residuos. Las empresas y personas responsables deberán formular, mantener y reportar un SGA detallado, que incluye desde el compromiso ambiental hasta planes de cierre y mejora continua. Se establece un régimen de transición de hasta 24 meses para la adaptación una vez el Ministerio de Ambiente expida la metodología.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto que reglamenta la Ley 2387 de 2024, sobre la sanción de amonestación pública escrita. Esta medida busca fortalecer la prevención y sanción de infracciones ambientales, permitiendo a las autoridades reemplazar multas por amonestaciones para personas naturales con capacidad socioeconómica insuficiente. La amonestación siempre irá acompañada de asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental o la realización de servicio comunitario. La opción de los cursos es por única vez; futuras infracciones implicarán servicio comunitario. Las actividades comunitarias abarcan desde apoyo en educación ambiental, restauración ecológica y limpieza de ecosistemas, hasta gestión de residuos. El incumplimiento de estas medidas complementarias acarreará multas, fomentando la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.
El Ministerio de Ambiente busca establecer lineamientos para el ordenamiento participativo ambiental de la Reserva Forestal del Cocuy con el fin de actualizar su manejo frente a las dinámicas territoriales, ambientales y sociales actuales. La iniciativa responde a la necesidad de proteger ecosistemas estratégicos, garantizar la conservación de bosques, fuentes hídricas y biodiversidad, y orientar el uso sostenible del suelo. Además, pretende corregir vacíos de procesos anteriores incorporando la participación efectiva de comunidades campesinas y actores locales, integrando saberes técnicos y tradicionales. El proyecto también busca armonizar la conservación ambiental con actividades productivas sostenibles, como la agricultura campesina, y generar bases técnicas que permitan definir una zonificación definitiva del territorio.
El Ministerio de Ambiente propone modificar el artículo 2° de la Resolución 762 de 2022 para precisar su ámbito de aplicación, limitándolo a fuentes móviles terrestres nuevas, tanto de carretera como de uso fuera de ella. El ajuste busca diferenciar el tratamiento regulatorio frente a equipos usados, ante dificultades técnicas para verificar sus emisiones y trazabilidad. La medida responde a la necesidad de que el Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) se base en condiciones verificables y acordes con la naturaleza de las fuentes, fortaleciendo así el control ambiental y la seguridad jurídica del proceso.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de acto administrativo que adiciona términos de referencia específicos para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de pequeña minería. Esta medida busca facilitar la obtención de la Licencia Ambiental global o definitiva, reconociendo que los lineamientos genéricos anteriores generaban cargas desproporcionadas. La iniciativa responde a la Ley 2250 de 2022, que impone plazos de licenciamiento, y a la Sentencia C-280 de 2024, que exige incorporar criterios de cambio climático adaptados a la escala. El objetivo es fortalecer la calidad de los estudios, optimizar su evaluación y asegurar un control ambiental efectivo y proporcional a los impactos de esta actividad, permitiendo a los solicitantes adaptar la información y justificar omisiones pertinentes
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución con el que busca declarar una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta. La medida pretende proteger cerca de 942.000 hectáreas de este ecosistema estratégico mientras se define una figura definitiva de conservación. El objetivo es salvaguardar la integridad ecológica, climática, hídrica y biocultural del territorio, prevenir daños ambientales y enfrentar presiones como la minería, el cambio de uso del suelo y la pérdida de conectividad entre ecosistemas. La iniciativa también busca garantizar la seguridad hídrica regional, conservar la biodiversidad y proteger los valores culturales y espirituales de los pueblos indígenas que habitan la Sierra.
