Proyecto de norma (195)
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución para modificar la Resolución 667 de 2016 y actualizar los indicadores mínimos de gestión, los indicadores complementarios y los informes de seguimiento que deben presentar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible sobre la ejecución de sus Planes de Acción Cuatrienal. La propuesta incorpora nuevos indicadores asociados a planificación ambiental, gestión del recurso hídrico, cambio climático, áreas protegidas, restauración de ecosistemas, economía circular y control ambiental, además de establecer criterios metodológicos para los indicadores complementarios. Asimismo, ajusta la periodicidad, contenido y reporte de los informes semestrales y anuales a través del Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental (SIPGA), con el propósito de fortalecer el seguimiento a la gestión de las CAR, mejorar la calidad de la información y evaluar su contribución al cumplimiento de las políticas ambientales nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Con esta propuesta se busca reglamentar parcialmente el artículo 22 de la Ley 2169 de 2021 y establecer el marco normativo e institucional de los mercados de carbono en Colombia mediante la incorporación de un nuevo capítulo al Decreto 1076 de 2015. La propuesta crea el Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado e Instrumentos de Precio al Carbono, coordinado por el Ministerio de Ambiente, con participación de entidades como el IDEAM, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio. El proyecto define principios, criterios y condiciones para la participación de iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero, regula mecanismos como el impuesto al carbono, los pagos por resultados y los mercados de carbono voluntarios y de cumplimiento, e incorpora requisitos de transparencia, monitoreo, verificación, salvaguardas sociales y ambientales y prevención de la doble contabilidad, con el propósito de fortalecer la integridad ambiental y contribuir al cumplimiento de las metas climáticas nacionales y del Acuerdo de París.
El Ministerio de Ambiente proyecta adoptar formalmente el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC) 2025-2040. Esta medida estratégica busca enfrentar la creciente problemática de la erosión en las zonas costeras, marinas e insulares del país. El PMEC, fruto de un proceso técnico intersectorial y participativo liderado por el Comité Técnico Nacional de Gestión Integral del Territorio Marino-Costero (CTN GITMC) de la Comisión Colombiana del Océano, establece lineamientos, programas y proyectos. Su visión es construir "comunidades, ecosistemas y economía resilientes al clima", involucrando a múltiples actores públicos y privados en su implementación para orientar la planificación y gestión del riesgo en la costa colombiana.
El Ministerio de Ambiente ha propuesto adoptar los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) requerido para tramitar la licencia ambiental en proyectos de generación de energía eólica costa afuera. Esta medida responde a las disposiciones constitucionales y legales que buscan garantizar el desarrollo sostenible y la protección ambiental. La resolución establece lineamientos específicos y complementarios para estos proyectos, excluyendo la obligación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas y enfatizando la necesidad de incorporar información adicional pertinente. Además, regula la transición para proyectos en trámite y reafirma que la presentación del EIA no asegura la obtención de la licencia, quedando abierta la potestad de requerir información adicional para evaluación.
El ministerio de Ambiente dio a conocer un proyecto de decreto que fija pautas estrictas para el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, buscando un equilibrio entre el desarrollo y la conservación ecológica. La norma, amparada en la Ley 99 de 1993, busca blindar los ecosistemas prioritarios, regular el uso del suelo rural y proteger el recurso hídrico de la región frente a la presión urbana. El articulado garantiza que los procesos de formalización urbanística en curso sigan su trámite vigente y exige asegurar el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos preexistente. Asimismo, las autoridades ambientales y territoriales deberán salvaguardar los derechos de permanencia de las comunidades campesinas que habitan la zona.
El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para reglamentar el Artículo 15 de la Ley 1931 de 2018, definiendo los plazos de corto, mediano y largo plazo para las contribuciones nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Este decreto establece que el corto plazo comprende cinco años, el mediano diez años y el largo plazo supera los diez años, alineándose con el Acuerdo de París y la Estrategia Climática de Largo Plazo nacional. Además, se crea un ciclo nacional de ambición climática, que busca garantizar el aumento progresivo de metas y compromisos para mitigar gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos climáticos, coordinado bajo la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). Con ello, Colombia fortalece su compromiso internacional, asegurando una gestión ambiental coherente y sostenible que promueva la carbono neutralidad y resiliencia climática hasta 2050.
El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), estructuraron un riguroso proyecto normativo que adopta los nuevos términos de referencia (TdR-13) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este instrumento técnico será obligatorio para todas las empresas que pretendan tramitar licencias ambientales globales o definitivas en actividades de explotación minera a mediana y gran escala en el país. El exhaustivo documento técnico unifica la metodología para identificar riesgos, exigir medidas de compensación biótica y evaluar la compatibilidad de los proyectos con el ordenamiento del territorio, optimizando el control del Estado sobre los grandes distritos mineros y blindando los ecosistemas estratégicos nacionales.
El Ministerio de Ambiente propone adoptar los nuevos términos de referencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito indispensable para tramitar licencias ambientales globales o definitivas en la explotación de pequeña minería. La futura norma busca optimizar la evaluación y el control de los factores de deterioro ambiental en este renglón económico. El documento establece que el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales se resolverá de manera conjunta con la licencia ambiental bajo un modelo de ventanilla única. Asimismo, fija un régimen de transición para proteger los trámites que ya iniciaron evaluación bajo la regla anterior y deroga la Resolución 590 de 2018.
El Ministerio de Ambiente presentó un proyecto de Análisis de Impacto Normativo (AIN) con el objetivo de sustentar un reglamento técnico que regule la publicidad de productos con declaraciones ambientales en Colombia. La iniciativa busca combatir frontalmente el "ecoblanqueo" o greenwashing, erradicando afirmaciones falsas o exageradas para asegurar que los beneficios anunciados sean verídicos y comprobables. Asimismo, persigue proteger los derechos del consumidor al reducir la asimetría de información y estandarizar conceptos clave como "biodegradable" o "ecoamigable". Finalmente, el proyecto busca garantizar la competencia leal, salvaguardando a las empresas que invierten legítimamente en sostenibilidad, e impulsar patrones de consumo responsable en el país.
MinAmbiente propone nuevos términos de referencia para licencias ambientales de aeropuertos y pistas
El Ministerio de Ambiente busca adoptar los nuevos términos de referencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), requisito indispensable para tramitar licencias ambientales en la construcción y operación de aeropuertos o nuevas pistas. La futura norma, que derogará la Resolución 114 de 2015, busca estandarizar y optimizar la evaluación de impactos ecosistémicos y sociales en la infraestructura aeroportuaria. El borrador establece un régimen de transición: los trámites ya iniciados continuarán con las directrices previas, mientras que los estudios en desarrollo no radicados deberán adaptarse obligatoriamente a los nuevos lineamientos en un plazo máximo de seis meses tras la publicación oficial.
