Colombia y el Reino de los Países Bajos organizan la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, del 24 al 29 de abril en Santa Marta. Con amplio respaldo internacional, el evento busca impulsar soluciones concretas frente a la crisis climática, reuniendo a gobiernos, academia, sociedad civil, pueblos indígenas y afrodescendientes. El objetivo es avanzar en una transición energética justa, abordando la reducción de la dependencia económica de fósiles, la transformación de la oferta y demanda energética, y el fortalecimiento de la cooperación internacional. La ministra Irene Vélez (Colombia) enfatiza la necesidad de eliminar los combustibles fósiles, responsables del 75% de las emisiones, mientras Stientje van Veldhoven (Países Bajos) subraya el enfoque en cómo acelerar la implementación de soluciones. Es una plataforma para quienes ya están listos para actuar

El Gobierno expidió el decreto a través del cual dicta medidas extraordinarias para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Esta acción legislativa responde a la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica por un "Frente Frío" que causó inundaciones masivas y daños severos a la infraestructura de servicios, poniendo en riesgo la salud pública de miles de familias. El Ministerio de Vivienda agilizará la estructuración y viabilización de proyectos, pudiendo redirigir rendimientos financieros. Se flexibiliza el uso de recursos del SGP-APSB para mantenimiento, esquemas alternos y programas de mínimo vital. Además, los subsidios para usuarios comunitarios de acueducto se elevan al 90% y se facilita la constitución de servidumbres gratuitas para obras críticas. Estas disposiciones buscan conjurar la crisis y asegurar la continuidad de los servicios hasta finales de 2026.

El Gobierno expidió un decreto para enfrentar la emergencia económica, social y ecológica declarada en ocho departamentos, incluyendo Córdoba, Antioquia, La Guajira y Magdalena. La crisis, causada por severos eventos hidrometeorológicos y el fenómeno del "Frente Frío", ha afectado gravemente a 763 sedes educativas, incluyendo instituciones de educación superior que atienden a 68.000 estudiantes. Este decreto amplía el objeto del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), que anteriormente se limitaba a educación inicial, básica y media. Ahora, el FFIE podrá viabilizar y financiar proyectos de construcción, mejoramiento y dotación de infraestructura física y digital para la educación superior pública en los departamentos impactados por la emergencia. Esta medida extraordinaria busca garantizar el derecho a la educación y la continuidad del servicio ante la insuficiencia de mecanismos ordinarios para la magnitud del desastre.

El Gobierno modificó el régimen del Decreto 1083 de 2015 y establece nuevas reglas para el nombramiento de los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades. La norma mantiene que estos cargos son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, pero introduce la posibilidad de realizar invitaciones públicas para que aspirantes que cumplan los requisitos se postulen al cargo. Además, el Presidente podrá solicitar conceptos de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas sobre los candidatos y realizar entrevistas. La medida busca armonizar la facultad presidencial con mayores estándares de transparencia, idoneidad y experiencia en cargos clave de inspección, vigilancia y control.

El Gobierno subrogó un capítulo del Decreto 1072 de 2015 para unificar y reglamentar exhaustivamente las prácticas laborales y los contratos de aprendizaje. La medida enfatiza la protección del trabajo como derecho social, garantizando condiciones dignas, libertad sindical y negociación colectiva para todos, incluidos aprendices y practicantes. El decreto distingue claramente la naturaleza formativa de las prácticas, evitando su confusión con relaciones laborales, y define el contrato de aprendizaje como un vínculo especial con fin formativo. Además, establece mecanismos contractuales, incluye requisitos para estudiantes extranjeros y obliga a implementar protocolos contra el acoso sexual, consolidando una regulación más clara y justa para el ámbito formativo laboral.

El Gobierno publicó decreto que dicta medidas extraordinarias para el sector transporte ante la grave emergencia económica, social y ecológica declarada. Un fenómeno hidrometeorológico atípico provocó inundaciones masivas, movimientos en masa y crecientes súbitas, causando daños severos en la infraestructura vial del país. Hasta el 20 de febrero, se reportaron 190 eventos en la red vial nacional, con 71 cierres totales, comprometiendo la conectividad territorial, el abastecimiento de bienes esenciales y la movilidad de la ayuda humanitaria. El decreto autoriza al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) a invertir y ejecutar recursos extraordinarios para atender, mitigar, rehabilitar y recuperar la infraestructura vial afectada. Además, de forma excepcional, INVÍAS podrá adicionar contratos de obra, mantenimiento e interventoría actualmente en ejecución en las zonas impactadas sin límite de valor, siempre que se justifique su necesidad para conjurar la crisis. Las medidas son temporales y aplicables exclusivamente en los departamentos cubiertos por el Decreto 150 de 2026, buscando restablecer la transitabilidad y proteger a la población.

El Gobierno oficializó el aplazamiento de la entrada en vigencia del régimen de reservas técnicas para las entidades aseguradoras y de la Norma de Información Financiera NIIF 17. La fecha de implementación, inicialmente fijada para el 1 de enero de 2027, se posterga ahora al 1 de enero de 2028. Esta decisión surge tras una solicitud de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), que advirtió sobre "brechas en la adopción de herramientas tecnológicas, en la disponibilidad de datos históricos de calidad y en la capacidad operativa". La Superintendencia Financiera de Colombia y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública avalaron la prórroga, reconociendo los "retos importantes" para las entidades vigiladas. El aplazamiento busca facilitar una transición "gradual y ordenada", garantizando la sostenibilidad del sector y mitigando posibles impactos en la información financiera.

El Gobierno publicó un Decreto que busca impulsar la producción y reindustrialización del país. La medida principal permite ahora que mercancías nacionales y nacionalizadas, incluso si pertenecen a terceros, ingresen a depósitos privados destinados a transformación y/o ensamble. Esta flexibilización, que requiere un contrato y que las mercancías estén ligadas a la actividad comercial del titular del depósito, está diseñada para fomentar procesos productivos, especialmente en el sector automotriz. Además, el decreto establece un plazo de almacenamiento de quince días hábiles para mercancías importadas bajo esta modalidad, seguido del tiempo de producción más dos meses, asegurando así un control aduanero eficiente y la correcta disposición final de los bienes. La normativa también exige la clara identificación y separación de todos los tipos de mercancías dentro de estos depósitos para mantener la trazabilidad.