La CRA suspendió a partir del 30 de junio de 2026, la actuación administrativa para la adopción de fórmulas tarifarias del servicio de aseo para municipios con más de 5.000 suscriptores. Esta medida se toma conforme al artículo 12 del CPACA, debido a una recusación presentada contra la Experta Comisionada. La suspensión permanecerá vigente hasta que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resuelva la recusación y su decisión adquiera firmeza, momento en el cual se reiniciará el proceso tarifario. Esta resolución se inscribe en una serie de suspensiones motivadas por diversas recusaciones contra comisionados desde 2025.

La SIC publicó un proyecto que busca ampliar por cuatro años la vigencia de la Resolución 32209 de 2020, que reglamenta el etiquetado y el control metrológico de productos preempacados. Esta prórroga busca asegurar la correspondencia entre la cantidad declarada y la real, previniendo engaños al consumidor. La decisión surge de una evaluación que, si bien reafirma la importancia de la regulación, identificó oportunidades para optimizar su diseño, mejorar requisitos técnicos y armonizarla con estándares internacionales actualizados. Durante este periodo, la SIC realizará un Análisis de Impacto Normativo completo para sustentar una futura modificación de la normativa, buscando fortalecer la protección al consumidor, racionalizar cargas regulatorias y asegurar la estabilidad jurídica en el sector.

El Ministerio de Vivienda se prepara para adoptar el "Plan Director para la Justicia Hídrica en Colombia 2026-2050", una hoja de ruta estratégica para cerrar las brechas históricas y asegurar el derecho fundamental al agua potable y saneamiento básico en todo el país. Esta resolución responde a las profundas desigualdades, evidenciadas por millones de colombianos sin acceso seguro al agua, especialmente en zonas rurales y étnicas. El Plan se fundamenta en el reconocimiento del agua como bien común y derecho humano, integrando el ciclo hidrosocial, el ordenamiento territorial alrededor del agua y una gobernanza multinivel. Sus líneas estratégicas se enfocan en fortalecer la institucionalidad, optimizar la planeación e inversión, y diversificar las formas de gestión. El objetivo es transformar la gestión del sector, adaptándose a desafíos como el cambio climático, para garantizar un acceso equitativo y sostenible para el año 2050.

El Ministerio de Vivienda, junto al Ministerio de Ambiente proyectan establecer una nueva metodología para la formulación, implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). Esta normativa busca armonizar las políticas nacionales con el innovador Programa Basura Cero, enfocado en impulsar la economía circular, la inclusión de recicladores y la reducción de la disposición final de residuos. Derogando la Resolución 754 de 2014, la iniciativa responde a mandatos constitucionales y leyes recientes, promoviendo la protección ambiental, la salud pública y la participación ciudadana en una gestión de residuos más eficiente y sostenible a nivel territorial.

La CRA dio a conocer la norma que subroga el Título 1 de la Resolución CRA 943 de 2021. Este acto administrativo establece una metodología tarifaria adaptada a las personas prestadoras de los servicios de acueducto y/o alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores en áreas urbanas, a todas las que operan en el área rural (independientemente del número de suscriptores) y, de manera destacada, a los gestores comunitarios. La resolución marca una "cuarta etapa" en la regulación tarifaria, orientada a reconocer las condiciones específicas de los pequeños prestadores y acueductos comunitarios. Para ello, define estándares, metas e incentivos diferenciados, flexibles y progresivos, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Ley 2294 de 2023 y el cumplimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento Básico (DASH). El proceso de elaboración incluyó una activa participación ciudadana, con jornadas de consulta pública en varias ciudades y un periodo de tres meses para recibir observaciones. La aplicación de esta nueva metodología tarifaria iniciará el 1 de enero de 2027.