El Ministerio de Ambiente aclaró el contexto normativo sobre la gestión de llantas usadas, precisando que su rol no es regular la constitución de empresas, sino establecer los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental. Esta normativa exige a los productores la formulación y cumplimiento de requisitos para garantizar la recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los neumáticos. El objetivo es que las llantas sean valorizadas como materia prima para diversos usos, lo cual contribuye directamente a la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental. Los gestores de llantas usadas, quienes realizan actividades de reencauche, almacenamiento y aprovechamiento, son parte fundamental de este sistema bajo la supervisión de la autoridad ambiental.

El CONPES formuló la Política Nacional de Economía Popular, una estrategia integral orientada a fortalecer este componente del tejido productivo y social del país. Con un presupuesto indicativo de $1,48 billones y un horizonte de implementación hasta 2036, la política busca superar las brechas que actualmente limitan el desarrollo de la economía popular, entre ellas las débiles capacidades institucionales, la baja productividad, las restricciones para acceder a oportunidades laborales y los riesgos asociados a la seguridad. La estrategia contempla el fortalecimiento de las capacidades institucionales y productivas de sus unidades, la ampliación de las oportunidades de inclusión laboral y la mejora del bienestar psicosocial de actores como mujeres, jóvenes, migrantes, vendedores informales y recicladores. Liderada por los Ministerios del Trabajo y de Comercio, la política contempla 54 acciones, entre ellas la puesta en marcha del Sistema de Información de Economía Popular (SIEP), el acceso a financiación y mercados públicos y el fortalecimiento de la protección social, con el propósito de consolidar a la economía popular como sujeto de política pública.

La CRA publicó un proyecto que modificará parcialmente la metodología tarifaria para prestadores de servicios de acueducto y/o alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana. La iniciativa busca fortalecer los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera y sostenibilidad, garantizando una adecuada valoración de los costos y una mejor calidad del servicio. Se prevé el reconocimiento explícito de costos derivados de contratos de suministro e interconexión, la precisión de alternativas de cálculo para condiciones especiales y esquemas regionales, y ajustes en la aplicación del Costo Medio de Administración y Operación. Además, se reestructurarán fórmulas para el recálculo anual de activos, se incorporarán disposiciones para nuevos impuestos y se mejorará la trazabilidad de la información en los estudios de costos y tarifas, incluyendo la medición de satisfacción del usuario.

La CRA ha puesto en marcha un proyecto que modifica la regulación vigente para promover el uso eficiente del agua, especialmente durante periodos de escasez por fenómenos naturales y variabilidad climática. La iniciativa busca armonizar los desincentivos por consumo excesivo y pérdidas de agua con los nuevos marcos tarifarios adoptados en 2026. La propuesta actualiza el ámbito de aplicación, las reglas para determinar el consumo objetivo y los mecanismos de facturación. Asimismo, fortalece los incentivos para que las empresas prestadoras del servicio de acueducto reduzcan pérdidas y gestionen el recurso de manera más eficaz, incluyendo una nueva categoría para suscriptores no residenciales y grandes unidades habitacionales. Las prestadoras deberán intensificar sus programas de reducción de pérdidas y uso eficiente, y se reconocerá a aquellas que demuestren una gestión destacada en el ahorro hídrico.

La SSPD reiteró el marco normativo para el servicio público de aseo en Colombia, que abarca desde la recolección municipal de residuos sólidos hasta actividades como el corte de césped y el lavado de áreas públicas. Se enfatiza la sujeción de todos los prestadores a la inspección y vigilancia, exigiendo el cumplimiento de requisitos como la formalización, permisos ambientales y sanitarios, registro en el RUPS y la adhesión al PGIRS. Se aclara que las zonas rurales se incluyen en la prestación y que existen metodologías tarifarias específicas para grandes y pequeños prestadores, asegurando saneamiento básico para todos los usuarios. La actividad de tratamiento de residuos no aprovechables se considera una alternativa viable a la disposición final.