El Gobierno reglamentó el mecanismo de no causación del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, mediante el Decreto 0509 de 2026. La norma desarrolla el artículo 52 de la Ley 2277 de 2022 y establece que los contribuyentes podrán quedar exentos del tributo si obtienen la Certificación de Economía Circular (CEC), que será expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El Ministerio de Transporte modificó la normativa sobre vehículos de micromovilidad, estableciendo definiciones, clasificación y características técnicas para su circulación en todo el país. La medida busca integrar estos vehículos, como patinetas y bicicletas eléctricas, al sistema vial garantizando seguridad y promoviendo la movilidad sostenible. Se exige registro obligatorio en el RUNT, dotación de láminas de identificación y cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad como sistemas de frenos, luces, limitadores de velocidad y casco certificado para los usuarios. También se establecen limitaciones de velocidad, principalmente 25 km/h en zonas recreativas y 40 km/h fuera del perímetro urbano. La norma contempla actualización técnica continua y regulaciones ambientales para baterías y llantas usadas, fortaleciendo la convivencia vial.

La SIC busca derogar y actualizar disposiciones previas sobre cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados y dispositivos relacionados. Se prohíbe la publicidad, promoción y exhibición visible de estos productos en puntos de venta físicos y electrónicos, permitiendo solo listados textuales sin elementos visuales. Además, se establecen mecanismos estrictos para impedir la venta a menores de 18 años, incluyendo sistemas de doble verificación en comercio electrónico y protocolos rigurosos para la entrega a domicilio, que exigen la presentación de documento de identidad. Estas medidas buscan fortalecer la protección especial de niños, niñas y adolescentes y garantizar el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia de control del tabaco. La circular entrará en vigencia al mes siguiente a su publicación oficial.

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Meta que negó la suspensión provisional de las resoluciones expedidas por Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA, mediante las cuales se abrió investigación ambiental contra Distracom S.A., se formularon cargos, se impuso una medida preventiva de suspensión de obras y posteriormente una sanción relacionada con presuntas afectaciones a la ronda de protección de una fuente hídrica en Acacías, Meta, durante la construcción del proyecto hotelero Las Olas Distracom Las Corocoras. La Sala concluyó que los argumentos de la empresa -caducidad de la facultad sancionatoria, vulneración del debido proceso, falsa motivación, indebida valoración probatoria y errores en la tasación de la multa- no podían resolverse en sede cautelar porque exigen un análisis profundo del expediente administrativo y del fondo del litigio. El alto tribunal precisó que la suspensión provisional solo procede cuando la violación normativa surge de manera evidente de la confrontación entre los actos y las normas invocadas, situación que no se configuró en este caso. Además, reiteró que el silencio administrativo positivo no opera en materia sancionatoria ambiental.

Se publicó un proyecto de norma para adoptar e implementar el trámite de registro y sustitución de las cuentas maestras que utilizan las entidades territoriales para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a agua potable y saneamiento básico. La propuesta busca establecer un procedimiento técnico y operativo unificado que garantice trazabilidad financiera, seguridad jurídica y control sobre estos recursos públicos. La iniciativa define los requisitos documentales para el registro inicial y la sustitución de cuentas maestras, fija plazos para la revisión de solicitudes y establece causales específicas para autorizar cambios de cuenta, como deficiencias bancarias o incumplimientos contractuales. Además, obliga a municipios, distritos y departamentos a manejar los recursos en una única cuenta registrada ante el ministerio, evitando su mezcla con otros fondos públicos.