proyecto de norma (40)
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) propone actualizar la reglamentación del Sistema General de Regalías (SGR) para permitir que proyectos de inversión en fase III, declarados de importancia estratégica, accedan a operaciones de crédito público cuando la disponibilidad presupuestal bienal o las vigencias futuras sean insuficientes. El decreto establece los requisitos y el rol de una entidad financiera de redescuento para la constitución de un patrimonio autónomo (Fondo Regional). La entidad ejecutora designada será la responsable de la contratación y ordenación del gasto del proyecto. Si los proyectos son cofinanciados con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), las entidades financieras de redescuento serán las ejecutoras. En caso contrario, la entidad ejecutora deberá suscribir un contrato interadministrativo con el fideicomitente del patrimonio autónomo para autorizar la operación de crédito público, estableciendo las vigencias futuras como garantía primaria de pago. La ejecución de los proyectos debe seguir el régimen de contratación que corresponda a la naturaleza de la entidad ejecutora. El patrimonio autónomo, constituido por fiducia mercantil, financiará todos los componentes del proyecto, incluyendo obras, interventoría y costos asociados.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) propone adoptar una metodología para identificar las tipologías de los Esquemas Asociativos Territoriales (EAT), orientada al reconocimiento de sus capacidades, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 2294 de 2023. El instrumento busca clasificar estos esquemas a partir de información disponible sobre sus capacidades institucionales, administrativas, técnicas, financieras y de gestión, y servir como insumo para focalizar políticas públicas, asistencia técnica diferenciada y el análisis para la asunción de competencias, dentro del modelo de descentralización diferencial. El DNP realizará anualmente el cálculo de las tipologías, antes del 31 de octubre. La metodología podrá fortalecerse con nuevos indicadores y criterios a medida que mejore la disponibilidad y calidad de la información oficial.
Ante la creciente necesidad de proteger la salud pública y asegurar el derecho a un ambiente sano y una vivienda digna, el Gobierno publicó el proyecto de Política de Calidad Acústica. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida, promover condiciones de habitabilidad confortables y fomentar la coexistencia armónica en todos los entornos, abordando la contaminación acústica como un factor clave de deterioro ambiental. Con ello, se sientan las bases para la prevención, mitigación y control efectivo de los ruidos que impactan la tranquilidad y el bienestar.
El Gobierno impulsa un proyecto para crear la Política de Calidad Acústica en Colombia. El DNP, junto a Ministerios de Ambiente, Salud, Defensa y Transporte, lidera la formulación e implementación de esta política, buscando garantizar el derecho a un ambiente sano, la salud pública y una vivienda digna, reconociendo el ruido como factor de deterioro ambiental. A través de este decreto, el DNP establece un marco para que entidades nacionales y territoriales coordinen acciones de prevención, mitigación y control del ruido, integrando la calidad acústica en la planificación urbana y las normas de construcción. Además, el DNP preside la Comisión de Seguimiento e Implementación, encargada de monitorear su progreso mediante planes de trabajo anuales, asegurando que la política se materialice con recursos existentes y la participación ciudadana, mejorando así la calidad de vida en todo el país.
El proyecto de decreto modifica el Decreto 2972 de 2010, actualizando la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental (CONASA) con el fin de fortalecer la coordinación intersectorial para la implementación de la Política Integral de Salud Ambiental (PISA). Incluye la participación de ministerios como Salud, Ambiente, Agricultura, Ciencia y otros, adecuando su composición a las transformaciones institucionales recientes. Además, establece la administración del Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA) bajo el Ministerio de Salud, impulsa la creación de Consejos Territoriales en Salud Ambiental y promueve la gestión integral de los determinantes socioambientales en salud para mejorar la calidad de vida y afrontar desafíos ambientales y climáticos.
La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías publicó un proyecto de acuerdo que modifica el marco normativo existente para la viabilización de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. Esta actualización, que reforma el Acuerdo 03 de 2021, introduce requisitos sectoriales específicos para garantizar el cumplimiento de condiciones jurídicas, técnicas, financieras, ambientales y sociales, optimizando así el uso de las regalías. El documento incluye directrices detalladas para el sector Salud y Protección Social, ajustes para proyectos de transporte y la compra de predios, y habilita al DNP para realizar cambios formales en los formatos. Estas medidas buscan racionalizar procesos, mejorar la calidad de las inversiones y alinear la gestión de proyectos con las leyes 2056 de 2020 y actos legislativos previos, impulsando el desarrollo y bienestar en las regiones colombianas.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso en consideración un proyecto de resolución con el que pretende reglamentar y compilar disposiciones del Decreto Único del Sistema General de Regalías (SGR), con el objetivo de actualizar, armonizar y fortalecer la gestión de los recursos provenientes de regalías en el país. Entre los principales objetivos del proyecto se encuentra la unificación de criterios técnicos y procedimentales para la formulación, presentación, viabilización, aprobación y ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR. La iniciativa busca reducir ambigüedades normativas y facilitar la aplicación homogénea de las reglas por parte de entidades territoriales y ejecutores.
El DNP publicó para comentarios un proyecto de decreto que fija los requisitos para la celebración y ejecución de las Alianzas de Impacto Público Privado (AIPP), mecanismo orientado a fortalecer la provisión de bienes y servicios con impacto social mediante la articulación entre el sector público y actores privados. La iniciativa define condiciones técnicas, jurídicas y financieras que deberán cumplir las entidades estatales y los aliados privados, así como reglas sobre estructuración, seguimiento, gestión de riesgos y evaluación de resultados. El objetivo es dar mayor seguridad jurídica, transparencia y control a estas alianzas, asegurando que los proyectos respondan a necesidades públicas verificables y generen valor social medible.
La Agenda Regulatoria 2026 del Departamento Nacional de Planeación articula un conjunto de proyectos normativos clave para el país, encaminados a actualizar, modificar o derogar regulaciones obsoletas, adaptándose a evoluciones tecnológicas y necesidades sociales. Destacan iniciativas como la política de calidad acústica, regulaciones para ciudades verdes y resilientes, y ajustes a avalúos catastrales. La participación interinstitucional es fundamental, integrando ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, Transporte, y otros sectores estratégicos. Además, se contempla un proceso de consulta pública abierto para garantizar la transparencia y la inclusión ciudadana, con el fin de fortalecer el marco normativo y mejorar la gestión pública. Esta agenda reafirma el compromiso con la modernización y sostenibilidad normativa en Colombia.
