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El proyecto de norma del DNP tiene como objetivo principal establecer y adicionar requisitos sectoriales al Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (SGR) para la viabilización de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del SGR. Busca unificar criterios y procedimientos para garantizar que los proyectos cumplan con estándares técnicos, ambientales, sociales y administrativos específicos según su sector, facilitando así su evaluación, transparencia y ejecución efectiva. Además, promueve la articulación entre entidades involucradas y asegura el cumplimiento normativo para optimizar el uso de los recursos públicos destinados al desarrollo regional y nacional.

El documento establece la adopción de una metodología para medir el desempeño en la gestión de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), con el fin de garantizar transparencia, eficiencia y control en la ejecución de estos proyectos. Se resalta el papel del DNP en la supervisión y evaluación, asegurando que las entidades beneficiarias y ejecutoras cumplan con los estándares establecidos. La metodología incluye indicadores de gestión, seguimiento del avance físico y financiero, y criterios de calificación que incentivarán una planificación rigurosa y reportes oportunos. Además, se contempla la actualización de capacidades institucionales y la consideración de externalidades, fortaleciendo así el sistema de monitoreo y promoviendo una gestión más efectiva de los recursos públicos destinados al desarrollo territorial.

El proyecto de norma busca fortalecer la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en línea con la Constitución y tratados internacionales. Reglamenta aspectos clave de la Ley 1618 de 2013 y otras leyes relacionadas, ampliando las acciones afirmativas en contratación pública y fomentando la inclusión laboral mediante mecanismos de preferencias y cuotas. Propone flexibilizar requisitos habilitantes en los procesos de contratación para facilitar la participación de emprendimientos y empresas dirigidas por personas con discapacidad, promoviendo la igualdad material y el acceso a oportunidades. Además, busca consolidar políticas públicas integrales que impulsen el empleo y la inclusión social, asegurando la continuidad y coherencia en la regulación del apoyo a esta población en el ámbito laboral y empresarial.

El proyecto de decreto del DNP tiene como objetivo principal promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en la contratación pública, flexibilizando los requisitos habilitantes para facilitar su participación y consolidar la igualdad material. Establece una cuota de inclusión en contratos de prestación de servicios bajo modalidad de contratación directa y crea un sistema de preferencias para emprendimientos y empresas lideradas por personas con discapacidad. Busca subsanar vacíos normativos, fortalecer incentivos y garantizar el cumplimiento de leyes como la 1618 de 2013 y el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, promoviendo mecanismos afirmativos efectivos que aseguren su participación real y efectiva en el empleo público.

Tiene como objetivo facilitar el financiamiento de proyectos de emprendimiento y generación de empleo en municipios afectados por la disminución en la explotación de recursos naturales no renovables, promoviendo la diversificación económica y la ocupación progresiva de la mano de obra local en actividades distintas a la minería y extracción. Además, establece las líneas de inversión prioritarias, procedimientos para la viabilización, priorización y aprobación de proyectos, y las entidades responsables del proceso, contribuyendo al desarrollo sostenible y competitivo de estas regiones.

El proyecto de acuerdo modifica el artículo 5.2.1. del Acuerdo Único del SGR para adoptar la metodología de convocatorias públicas y competitivas en la distribución y asignación del 30% de los rendimientos financieros del SGR durante el bienio 2025-2026. Esta metodología, impulsada busca promover la participación de municipios donde se exploten recursos naturales no renovables y en zonas portuarias, evaluando proyectos según criterios de impacto social, fortalezas institucionales y necesidades básicas insatisfechas.

Su objetivo es el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, vial, educativa, ambiental, agrícola, pesquera y de servicios públicos. Se definen requisitos habilitantes, criterios de selección basados en aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, la asignación clara de riesgos contractuales, y límites en modificaciones y remuneración. El decreto también establece la formación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y mecanismos de seguimiento comunitario para garantizar transparencia y participación ciudadana en la ejecución de las AIPP. Además, estipula que la remuneración en los proyectos no podrá superar el 50 % del aporte público, asegurando la planificación, equidad y proporcionalidad en su asignación.

El proyecto de decreto busca modificar los lineamientos para el fortalecimiento de la Planeación Participativa y la reglamentación del Sistema Nacional de Planeación en Colombia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2294 de 2023. Este cambio responde a la necesidad de garantizar una participación más inclusiva y efectiva de la ciudadanía en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. Se reconoce que la participación ciudadana es un derecho humano fundamental y un componente esencial para el desarrollo territorial y la cohesión social, promoviendo una democracia más robusta.

El proyecto de norma busca establecer el procedimiento para calcular la Tasa Desempleo Estructural en 11.07% para 2023, que servirá como base para la ampliación de la licencia remunerada de paternidad. Esta resolución se enmarca en el parágrafo 2 del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 2114 de 2021, que amplía la licencia de paternidad a dos semanas, con la posibilidad de aumentar una semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural, hasta un máximo de cinco semanas.

Los comentarios se recibirán hasta el 1 de marzo de 2025 a los correos electrónicos: maguirreEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. El proyecto de norma del Departamento Nacional de Planeación (DNP) modifica los Títulos 12 y 13 del Decreto 1821 de 2020, estableciendo nuevas disposiciones para la financiación de proyectos de inversión con operaciones de crédito público respaldadas por la Asignación para la Inversión Regional. Se definen requisitos y condiciones para la aprobación de proyectos de inversión en fase III, que deben ser declarados de importancia estratégica. Se establece un procedimiento para contratar créditos públicos y la creación de un patrimonio autónomo, destinado a gestionar los recursos. Además, se señalan certificaciones y documentaciones necesarias para la aprobación de proyectos, como la falta de disponibilidad presupuestal y la declaratoria de importancia estratégica. El objetivo es asegurar la correcta distribución y uso eficiente de los fondos del SGR en los proyectos de inversión regionales y locales, fomentando una mayor cobertura y apoyo a poblaciones vulnerables.