Su objetivo es el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, vial, educativa, ambiental, agrícola, pesquera y de servicios públicos. Se definen requisitos habilitantes, criterios de selección basados en aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, la asignación clara de riesgos contractuales, y límites en modificaciones y remuneración. El decreto también establece la formación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y mecanismos de seguimiento comunitario para garantizar transparencia y participación ciudadana en la ejecución de las AIPP. Además, estipula que la remuneración en los proyectos no podrá superar el 50 % del aporte público, asegurando la planificación, equidad y proporcionalidad en su asignación.