La DIAN explicó el contexto normativo sobre el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) aplicado a los cánones de arrendamiento. La Entidad aclara que, si bien el Estatuto Tributario no contempla una exención específica para los recursos provenientes de arrendamientos, una cuenta bancaria ya marcada como exenta debe continuar cumpliendo estrictamente con los requisitos del artículo 879 para mantener dicho beneficio en todas sus operaciones. La entidad subraya que la inmobiliaria, al ser la titular de la cuenta desde donde se realizan los giros, ostenta la calidad de sujeto pasivo de derecho del GMF, pudiendo así descontar el 4x1000. Sin embargo, aunque la obligación legal no puede trasladarse, los acuerdos privados entre inmobiliarias y propietarios pueden pactar la asunción económica del costo del gravamen, sin afectar la relación jurídico-tributaria con el Estado.

El Gobierno aprobó la concesión del nuevo terminal marítimo multipropósito Río Córdoba en Ciénaga, Magdalena, un proyecto transformador con una inversión superior a los 82 millones de dólares. Este puerto estratégico integrará carretera, tren y sistema portuario, proyectando movilizar más de 160 millones de toneladas de carga, fortaleciendo el transporte multimodal y reduciendo costos logísticos. Conectado al Ferrocarril del Atlántico y otros corredores clave, impulsará la competitividad del país. Se generarán más de 5.300 empleos directos e indirectos, con una inversión social de 20,5 millones de dólares para comunidades locales, impactando positivamente la economía regional. Además, más del 90% de la carga será movilizada por vía férrea, reduciendo significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzando los compromisos ambientales de Colombia.

El Ministerio de Ambiente propone modificar la Resolución 1491 de 2025, extendiendo de seis (6) a doce (12) meses el plazo para que las autoridades municipales y distritales delimiten las "Áreas de Vida". Esta prórroga busca asegurar una implementación rigurosa de la Ley 2173 de 2021, que promueve la restauración ecológica en el país. La decisión surge tras evidenciarse la complejidad técnica y administrativa de la delimitación, la disparidad de capacidades institucionales en los territorios y el elevado volumen de consultas recibidas, lo cual ha dificultado una aplicación uniforme de la normativa y ha retrasado la conformación de estos espacios esenciales para la protección y el manejo sostenible de los recursos naturales.

El Gobierno actualizó las reglas del Registro Único de TIC (RUTIC) para depurar y mejorar la calidad de la información del sector. La norma introduce nuevas causales de archivo que permiten retirar del registro a proveedores inactivos o incumplidos, con el fin de garantizar datos más confiables para la formulación de políticas públicas. En particular, se establecen causales como la falta de pago de contraprestaciones, la no presentación de reportes de información durante el último año y la inactividad prolongada de los proveedores. También se incluyen reglas específicas para el servicio de radiodifusión sonora, como la renuncia, terminación o no prórroga de concesiones. Con estas medidas, el Ministerio TIC busca contar con un inventario más preciso de operadores y fortalecer la inspección, vigilancia y control del sector.

 El Ministerio de Vivienda busca modificar los términos de referencia de la “Convocatoria de desarrollo empresarial para el impulso comunitario en el sector vivienda”, que invierte el 5% del mayor recaudo energético. La medida ajusta la Resolución 0011 de 2026 con el fin de optimizar la participación. Entre los cambios, se amplía la fuente de información para el criterio de zonas afectadas por el desempleo, permitiendo análisis municipales actualizados además de los datos del DNP. Asimismo, se extiende el plazo para subsanar requisitos, atendiendo a solicitudes de entidades territoriales y considerando festividades como Semana Santa. Estos ajustes, que deben respetar principios de igualdad y publicidad, buscan garantizar los objetivos de la convocatoria y facilitar la ejecución de proyectos habitacionales comunitarios.