La Superintendencia de Industria y Comercio emitió concepto favorable de abogacía de la competencia sobre el proyecto de decreto que modifica el Decreto 1082 de 2015 para fortalecer la Compra Pública Sostenible. La entidad concluyó que la incorporación obligatoria de criterios ambientales y sociales en la contratación estatal, junto con nuevas reglas sobre la caución para impugnar el Registro Único de Proponentes (RUP), la verificación de inhabilidades, las cláusulas anticorrupción y las listas restrictivas internacionales, no restringe de manera indebida la libre competencia. Por el contrario, consideró que estas medidas promueven el desarrollo sostenible, la transparencia y la selección objetiva, siempre que los requisitos estén vinculados al objeto del contrato, sean proporcionales, no limiten injustificadamente la participación de oferentes y preserven la libre concurrencia y la pluralidad en los procesos de contratación pública.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realiza un exhaustivo Análisis de Impacto Normativo (AIN) ex ante para evaluar la necesidad de regular los cinemómetros, dispositivos que miden la velocidad vehicular. El análisis parte de la identificación de un vacío normativo sobre las condiciones técnicas y de verificación metrológica de estos equipos, a pesar de existir legislación sobre su instalación y operación. La SIC busca establecer reglas claras y obligatorias para garantizar la calidad metrológica, la trazabilidad, la precisión de las mediciones y la estandarización de su instalación y operación, con el fin de aumentar la confianza ciudadana en la validez de las sanciones y fortalecer la seguridad vial. Este proceso incluye la consulta a actores clave del sector y la evaluación de distintas alternativas regulatorias, como el statu quo o la expedición de un reglamento técnico basado en estándares internacionales, utilizando criterios de calidad, disponibilidad de equipos, costos de cumplimiento y viabilidad institucional.Descargar documento