En el análisis, la SIC identificó la necesidad de superar vacíos normativos que obstaculizan el desarrollo de esquemas de Autogeneración Colectiva y Generación Distribuida Colectiva. Se destacaron preocupaciones sobre cómo algunas disposiciones podrían limitar la competencia en el mercado de comercialización de energía, afectando a generadores distribuidos.
La SIC publicó un concepto de abogacía de la competencia sobre un proyecto de resolución que busca integrar comunidades energéticas (CE) al Sistema Energético Nacional en Colombia. Se estructuran los antecedentes normativos, destacando la regulación establecida por el Decreto 2236 de 2023 y la Ley 2294 de 2023, que promueven el uso de fuentes renovables. Las razones para la expedición del proyecto incluyen la necesidad de actualizar el régimen de autogeneración y generación distribuida, así como responder a la diversificación de actores en el sector eléctrico. Sin embargo, se advierte que las normas propuestas podrían perpetuar la asimetría en el acceso a beneficios económicos, favoreciendo a comercializadores integrados con operadores de red.
La SIC explicó que las visitas administrativas son diligencias que se realizan para verificar el cumplimiento de la ley en materia de libre competencia económica por parte de las empresas. Estas visitas se llevan a cabo en una etapa preliminar, antes de una investigación formal, con el objetivo de recolectar información útil sobre el funcionamiento de los mercados y detectar posibles infracciones a la competencia. Los funcionarios de la delegatura de Protección de la Competencia son quienes realizan estas visitas, aprovechando su experiencia para identificar evidencias del cumplimiento de la normativa. Durante el proceso, se garantiza la confidencialidad de la información recopilada.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha ofrecido una serie de talleres gratuitos destinados a empoderar a las personas, emprendedores y empresas en el conocimiento de sus derechos y responsabilidades. Estos talleres incluyen un enfoque en la metrología legal, donde se abordan los fundamentos y la importancia de las mediciones precisas en la vida cotidiana. También se tratará la protección de datos personales en plataformas digitales, enseñando a los participantes sobre sus derechos y cómo manejar su información de forma segura. Otro tema destacado es la protección del consumidor en el comercio electrónico, brindando herramientas para realizar compras seguras y ejercer derechos en transacciones en línea. Además, se realizará un Taller de Registro de Marca (el 26 de marzo) que enseñará a los asistentes sobre el proceso de registro, incluyendo búsquedas de antecedentes y clasificación de productos o servicios, asegurando así un registro eficiente y exitoso de sus marcas.
La Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de la implementación de su Política de Participación Ciudadana pone a disposición de la ciudadanía en general para sus comentarios la Estrategia de Participación Ciudadana y Relacionamiento con la Ciudadanía SIC 2025, el cual busca promover la participación de los grupos de valor con la Entidad. Documento de consulta y link comentarios
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comunicó que el proyecto de decreto sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile no requiere un concepto de abogacía de la competencia, ya que no introduce restricciones a la competencia ni medidas regulatorias sobre precios o condiciones de mercado. El proyecto busca garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales, específicamente la implementación del esquema "roaming como en casa". Aunque el decreto no interfiere en la dinámica competitiva del sector, la SIC enfatiza que futuras regulaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para implementar estos compromisos deberán ser analizadas en cuanto a su impacto en la competencia, conforme a la Ley 1340 de 2009. La SIC aclara que su pronunciamiento se limita al proyecto de decreto remitido y no se extiende a las disposiciones regulatorias derivadas de su implementación.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) evalúa de manera positiva el esfuerzo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por estructurar un nuevo proyecto de resolución orientado a regular aspectos comerciales del suministro en el Mercado Mayorista de gas natural. Resalta la importancia de un proceso participativo que incluye a diversos agentes del mercado, lo cual favorece la identificación temprana de desafíos tanto operativos como regulatorios, generando así un enfoque más transparente y equitativo. Sin embargo, la SIC señala preocupaciones sobre la inflexibilidad de los procesos y mecanismos de contratación vigentes, que podrían obstaculizar la adaptación a las dinámicas cambiantes del mercado. También enfatiza el compromiso del proyecto con la adaptabilidad, permitiendo que los agentes propongan nuevas modalidades contractuales, pero sugiere que se valore el posible impacto de estas medidas en el incremento de precios del gas natural, especialmente para la demanda esencial y regulada. Esto podría afectar negativamente a los consumidores si no se gestiona adecuadamente.
La SIC enfatiza la importancia de regular adecuadamente el mercado de servicios móviles para corregir fallas de competencia. Propone la restricción temporal de prácticas comerciales de recuperación de usuarios portados, sugiriendo que los operadores deben abstenerse de contactar a los usuarios que se han portado a otra empresa durante y tres meses después de la portación. Este enfoque busca equilibrar la competencia y resolver problemas estructurales en el mercado.
El análisis se enfoca en dos ejes: la insuficiente valoración de consultorías que sustentan el proyecto y la posible creación de barreras de entrada al mercado debido a requisitos regulatorios muy exigentes, lo que podría afectar la libre competencia. Se menciona que el proyecto se basa en un mandato legal (Ley 2251 de 2022), que limita el número de agentes que pueden prestar servicios, lo que generaría restricciones. La SIC recomienda incluir una evaluación de las consultorías usadas, establecer mecanismos claros de supervisión y fomentar la competencia en la selección de servicios, así como ofrecer apoyo técnico y un sistema de ventanilla única para los interesados en convertirse en CALE. Esto busca garantizar un marco regulatorio justo que no restrinja la competencia.