La CRA explicó avances en la actualización de la regulación tarifaria del servicio público de aseo, haciendo especial énfasis en la actividad de aprovechamiento. La entidad ha implementado un robusto proceso participativo, incluyendo "Diálogos de País" y encuentros regionales por "nodos", para integrar los aportes del gremio reciclador, en cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional. El proyecto de resolución y sus documentos técnicos están disponibles para consulta pública. En cuanto al costo de recuperación de residuos, la CRA no propone una fórmula, sino valores fijos máximos por tonelada, como $21.519 para Bogotá D.C. o $31.789 para el Segmento I. Este costo, destinado a remunerar a organizaciones de recicladores de oficio, será asumido por usuarios que no realicen separación en la fuente, conforme al Decreto 1381 de 2024. La CRA reitera su compromiso con un proceso transparente donde la voz de los recicladores es clave.

El Gobierno impulsa la transición energética con un proyecto de decreto del Ministerio de Minas que establece un marco regulatorio para los agentes de la cadena de valor del hidrógeno. La iniciativa busca modificar y adicionar normativas existentes para promover la innovación, investigación, producción, almacenamiento, distribución y uso de este energético. El objetivo es consolidar un mercado que fomente la competencia, la asequibilidad y la seguridad del suministro, apoyando la descarbonización de sectores como el transporte y la industria, y contribuyendo a la reindustrialización del país y una transición energética justa. La norma exige autorizaciones para los agentes y el reporte de información a un sistema unificado, garantizando claridad y vigilancia en este sector estratégico.

El Ministerio de Ambiente impulsa una nueva resolución para el ordenamiento ambiental participativo del área de reserva forestal del Cocuy. Este proyecto busca armonizar la imperativa conservación ecológica con los derechos y medios de vida de las comunidades campesinas, reconociéndolas como sujetos de especial protección. La iniciativa, que derogaría la Resolución 1275 de 2014, enfatiza la participación ciudadana y la agroecología, articulando criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales. Su objetivo es garantizar un desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la protección de ecosistemas estratégicos, atendiendo a las tensiones históricas entre la normativa ambiental y las actividades productivas tradicionales en la región.

El Ministerio de Ambiente se prepara para adoptar una resolución crucial que establecerá los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental. Esta medida será indispensable para la tramitación de licencias ambientales de proyectos relacionados con el tratamiento térmico sin combustión de residuos con riesgo biológico o infeccioso, así como para la disposición de desechos peligrosos en rellenos o celdas de seguridad. La iniciativa busca armonizar los lineamientos para estos estudios a nivel nacional, asegurando que las evaluaciones sean consistentes y rigurosas. El objetivo principal es proteger las riquezas naturales del país y garantizar un ambiente sano, previniendo el deterioro ambiental. Las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de grandes centros urbanos serán las encargadas de aplicar estos nuevos criterios. Se contempla un régimen de transición para los proyectos que ya hayan iniciado su proceso o lo hagan en un plazo determinado.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha lanzado una resolución que establece nuevos Términos de Referencia (TdR) para el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) en proyectos puntuales de infraestructura de transporte, específicamente puertos y aeropuertos. Esta normativa busca actualizar y adaptar las directrices a los cambios legales y las particularidades del sector, reemplazando la Resolución 1255 de 2006 para este tipo de obras.