El Consejo de Estado confirmó que los predios con uso mixto en Bogotá deben aplicar la tarifa industrial del 8.5 por mil, si cuentan con certificación de bajo impacto ambiental. En el fallo a favor de Gaseosas Colombianas S.A.S., la Sala precisó que el reconocimiento en el programa PREAD (nivel Élite) clasifica automáticamente a las empresas como de bajo impacto para efectos tributarios. La providencia aclara que, según el Acuerdo 105 de 2003, cuando coexisten usos comerciales e industriales, prevalece la tarifa industrial. Así, el tribunal desestimó las pretensiones de la Secretaría de Hacienda, señalando que la realidad ambiental y el uso del suelo priman sobre el destino comercial registrado en el sistema catastral.

El Ministerio de Ambiente aclaró que, ante la ausencia de categorización oficial de una vía por parte del Ministerio de Transporte, la competencia para otorgar licencias ambientales recae en las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Basado en el "principio de residualidad", si un proyecto no está reservado expresamente para la ANLA como parte de la red vial nacional, la autoridad regional debe asumir el trámite para garantizar seguridad jurídica. Se recomienda a las CAR solicitar certificación de no categorización al Ministerio de Transporte como prueba de su jurisdicción. Además, cualquier persona natural o jurídica puede solicitar la licencia como ejecutora o beneficiaria de la obra, sin que sea requisito exclusivo de la entidad pública a cargo de la vía.

La CRA señaló que el marco tarifario vigente no permite imponer la entrega obligatoria de residuos a un Parque Ambiental y Tecnológico, pues el esquema del servicio de aseo se rige por criterios de eficiencia y mínimo costo para el usuario. Indicó que, aunque existen incentivos regulatorios para promover el tratamiento y uso de estas infraestructuras, los prestadores pueden elegir alternativas siempre que cumplan condiciones técnicas y ambientales. Además, actualmente no todos los costos de tratamiento pueden trasladarse a la tarifa, aunque se estudian ajustes regulatorios. El PGIRS y nuevas señales tarifarias buscan fortalecer el uso de tecnologías y reducir la disposición final.

El proyecto de Decreto establece un marco para las Regiones de Paz, espacios territoriales destinados a la consolidación de la paz total. Dentro de sus disposiciones, se enfatiza el respeto al derecho de consulta previa en territorios étnicos, conforme al Convenio 169 de la OIT. Esta garantía se aplica en la formulación e implementación de proyectos para la transformación territorial, incluyendo zonas de intervención prioritaria. La Consejería Comisionada de Paz coordinará con entidades nacionales para asegurar que las comunidades étnicas sean consultadas y participen activamente en la construcción de paz, respetando sus derechos fundamentales y promoviendo la inclusión cultural y territorial en procesos de diálogo y desarrollo. Así, el decreto fortalece la participación y autonomía de los pueblos étnicos en la política de paz, reconociendo su rol clave en la consolidación del Estado de Derecho y el cierre de brechas históricas en regiones afectadas por el conflicto.

 El Ministerio de Vivienda propone reglamentar las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). Se establece un procedimiento único especial para la expedición de resoluciones de carácter general, que incluye etapas claras de planeación, diseño, redacción, consulta pública, revisión, publicación y evaluación. Se promueve el uso del Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP) para la difusión de proyectos regulatorios, asegurando plazos mínimos para la recepción de observaciones (60 días para marcos tarifarios y 15 días para otros casos). Además, se regula la participación mediante consultas públicas presenciales y virtuales, la elaboración de documentos técnicos accesibles y la publicación de criterios de aceptación o rechazo de propuestas ciudadanas. Así, se fortalece la transparencia, la autonomía técnica de la CRA y el acceso a la información pública, garantizando procesos regulatorios participativos, técnicos y sostenibles.