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Miércoles, 24 Junio 2026

Edición 1668 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

El Ministerio estableció nuevos criterios de calidad para el uso de aguas superficiales, subterráneas y marinas en Colombia.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de resolución para modificar la Resolución 667 de 2016 y actualizar los indicadores mínimos de gestión, los indicadores complementarios y los informes de seguimiento que deben presentar las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible sobre la ejecución de sus Planes de Acción Cuatrienal. La propuesta incorpora nuevos indicadores asociados a planificación ambiental, gestión del recurso hídrico, cambio climático, áreas protegidas, restauración de ecosistemas, economía circular y control ambiental, además de establecer criterios metodológicos para los indicadores complementarios. Asimismo, ajusta la periodicidad, contenido y reporte de los informes semestrales y anuales a través del Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental (SIPGA), con el propósito de fortalecer el seguimiento a la gestión de las CAR, mejorar la calidad de la información y evaluar su contribución al cumplimiento de las políticas ambientales nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con esta propuesta se busca reglamentar parcialmente el artículo 22 de la Ley 2169 de 2021 y establecer el marco normativo e institucional de los mercados de carbono en Colombia mediante la incorporación de un nuevo capítulo al Decreto 1076 de 2015. La propuesta crea el Sistema Nacional de Mecanismos de Mercado e Instrumentos de Precio al Carbono, coordinado por el Ministerio de Ambiente, con participación de entidades como el IDEAM, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio. El proyecto define principios, criterios y condiciones para la participación de iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero, regula mecanismos como el impuesto al carbono, los pagos por resultados y los mercados de carbono voluntarios y de cumplimiento, e incorpora requisitos de transparencia, monitoreo, verificación, salvaguardas sociales y ambientales y prevención de la doble contabilidad, con el propósito de fortalecer la integridad ambiental y contribuir al cumplimiento de las metas climáticas nacionales y del Acuerdo de París.

El Gobierno promulgó recientemente la Ley a través de la cual se busca asegurar la cadena de ganado bovino sostenible y libre de deforestación. La normativa prioriza la interoperabilidad de sistemas de información agrícola, ambiental y catastral para la trazabilidad y el monitoreo efectivo. Se fortalecen organismos como la Comisión Nacional de Trazabilidad Animal y se designan Zonas de Alta Vigilancia en núcleos de deforestación activa. La ley exige a toda la cadena productiva implementar debida diligencia para garantizar proveedurías sin deforestación, promueve la certificación "Productor Libre de Deforestación" y actualiza el Sello Ambiental Colombiano. Además, incluye financiación y evaluación periódica, garantizando la transparencia de la información y fomentando acuerdos de cero deforestaciones entre sectores público y privado.

La Corte Constitucional publicó las memorias de los Diálogos Constitucionales realizados el 5 de junio de 2026 en Leticia, Amazonas, encuentro que marcó un hecho histórico al constituir la primera presencia de la corporación en la región amazónica. La jornada reunió a magistrados, representantes de comunidades indígenas, la Defensoría del Pueblo, expertos internacionales y organizaciones ambientales para reflexionar sobre la protección de la Amazonía y los derechos de los pueblos indígenas. Las memorias destacan los llamados a fortalecer la gobernanza ambiental, proteger los territorios ancestrales y enfrentar amenazas como la minería ilegal, la deforestación, las economías ilícitas y el cambio climático. Asimismo, recogen debates sobre consulta previa, autonomía indígena, justicia intercultural y conservación ambiental. En el marco del encuentro, la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo suscribieron dos memorandos de entendimiento para fortalecer la pedagogía constitucional, la coordinación institucional y el seguimiento al cumplimiento de decisiones judiciales en los territorios Memorias dialogo en Leticia/Agenda académica