La iniciativa publicada por el ministerio de Trabajo exigirá que todas las inversiones y programas ejecutados en el territorio, tanto del sector público como privado, contraten como mínimo el 50% de mano de obra local. El objetivo es fomentar la economía territorial, garantizar el derecho al trabajo y promover la participación activa de las comunidades en sus proyectos. Se establecería un proceso de priorización, comenzando por los residentes del área de influencia del proyecto, luego municipios colindantes, el departamento y, si es necesario, el resto del territorio nacional. Se priorizará a personas con barreras para la inserción laboral y se consideran reglas específicas para situaciones de emergencia, reforestación o forestación. Las empresas deberán registrar sus vacantes y reportar semestralmente el cumplimiento de esta obligación, garantizando que la mano de obra calificada y no calificada provenga de la región donde se ejecute la inversión o programa.

La Cancillería publicó un proyecto de decreto para revitalizar su política antártica, subrogando y adicionando la normativa existente. La iniciativa busca fortalecer la gobernanza interinstitucional del Estado en los asuntos del Continente Blanco, consolidando la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos. Este paso tiene como propósito principal intensificar la investigación científica, promover la cooperación internacional y asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado Antártico. La nación aspira a una mayor incidencia en las decisiones globales sobre la Antártida, con miras a alcanzar la condición de Miembro Consultivo, reconociendo la relevancia ambiental y geopolítica de la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores jugará un papel central en la coordinación de estos esfuerzos nacionales e internacionales.

El Ministerio de Agricultura puso en marcha un proyecto de resolución para salvaguardar los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (RGAA). La iniciativa propone un innovador modelo de custodia compartida que integra la conservación in situ y ex situ, fomentando la corresponsabilidad entre el Estado, bancos de germoplasma, centros de investigación y las comunidades campesinas y étnicas, reconocidas como custodios ancestrales de la diversidad. Se establecen instancias de coordinación como el Comité Técnico Interinstitucional y el Comité Consultivo Mixto para garantizar la gestión integral. Además, se ordena la formulación de un Plan de Transición en cuatro meses y una Política Pública de RGAA en dos, vital para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, la sostenibilidad y la agrobiodiversidad nacional frente al cambio climático y la pérdida de especies.

El Ministerio de Minas publicó un proyecto de decreto que reglamenta el numeral 2 del artículo 274 de la Ley 2294 de 2023. Esta iniciativa busca eximir a los gestores comunitarios del agua y saneamiento básico de la contribución de solidaridad en el servicio de energía eléctrica. El beneficio aplicará a inmuebles dedicados exclusivamente a la operación de sistemas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales y urbanas. Los gestores deberán presentar ante los comercializadores de energía su solicitud, pruebas de existencia legal y una certificación que acredite el uso exclusivo de la energía para estas operaciones. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía se encargarán del control y seguimiento, exigiendo una actualización anual para mantener el beneficio.

El Ministerio de Minas lidera una iniciativa para fortalecer la seguridad nuclear en la radiografía industrial en Colombia. A través de un encuentro de sensibilización, se reunió a cerca de 32 empresas del sector con el objetivo de mejorar el manejo, control y reporte de materiales nucleares como el uranio empobrecido, usado como blindaje para la radiación del Ir-192. Estas salvaguardias internacionales aseguran el uso pacífico de dichos materiales, con contabilidad y verificación ante el OIEA. La radiografía industrial, vital para sectores como petróleo, gas e infraestructura, detecta fallas internas sin dañar estructuras. Este esfuerzo es clave para prevenir riesgos, fortalecer la seguridad nacional y mantener la confianza internacional, garantizando la cooperación técnica y evitando sanciones comerciales. MinEnergía reafirma así su com