Con base en un comunicado de la Universidad del Rosario, expertos advirtieron que la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social está generando desafíos en su implementación, a pocas semanas de su adopción. Durante un foro académico, se señaló que la reforma implica un cambio estructural en la justicia laboral, con nuevas reglas, procesos más ágiles y figuras como el proceso monitorio y la ampliación de los fueros de estabilidad reforzada. Sin embargo, los especialistas alertaron sobre tensiones prácticas derivadas de la transición, especialmente por la falta de infraestructura tecnológica y la necesidad de adaptación inmediata de jueces, litigantes y empleadores. También persisten dudas sobre la aplicación de la ley en el tiempo y el alcance de algunas figuras procesales. Según la Universidad del Rosario, aunque la reforma busca modernizar el sistema, su éxito dependerá de la capacidad institucional para implementarla sin afectar el acceso a la justicia. Aquí el comunicado

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del artículo 2 del Decreto 415 de abril de 2026, que adiciona el Capítulo 5 al Decreto 1833 de 2016, el cual regula el giro de recursos de cuentas de ahorro individual a Colpensiones para afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado sin haber consolidado su derecho pensional. Esta decisión se basa en que el decreto ordena un traslado inmediato de la totalidad de los recursos a Colpensiones, incumpliendo la regla legal del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y su desarrollo reglamentario (Decreto 1225 de 2024), que condicionan dicho traslado a la consolidación del derecho pensional. El Consejo advirtió que el decreto desbordó la potestad reglamentaria, modificando sustancialmente el régimen legal y afectando la administración de recursos antes de la resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la ley, justificando así la suspensión parcial.

El Ministerio de Trabajo busca reglamentar la Ley 2466 de 2025 y otras normas sobre acoso laboral, violencia basada en género y discriminación en el ámbito laboral. Dentro de sus objetivos está garantizar ambientes de trabajo dignos y libres de violencia mediante políticas de prevención, protocolos de atención y sanción, con enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. Establece la obligación de empleadores públicos y privados de implementar medidas de protección, como ajustes en turnos o espacios de trabajo y garantizar la no revictimización. La inspección del trabajo supervisará el cumplimiento y podrá imponer sanciones proporcionales a la gravedad de las conductas. Este decreto fortalece la protección integral para todas las personas en el mundo laboral, promoviendo la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

El Ministerio de Trabajo implementó un mecanismo para reconocer aprendizajes adquiridos en el extranjero. El procedimiento, que consta de seis fases, valida certificados de competencias obtenidos fuera del país. El objetivo es facilitar la movilidad laboral y la cualificación de los trabajadores, reconociendo la experiencia y los conocimientos acumulados. La iniciativa, con un anexo técnico detallado, aplica a nacionales y extranjeros y fortalece el sistema nacional de cualificaciones.

El Ministerio del Trabajo publicó un proyecto de decreto que busca blindar el empleo en los municipios con proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. La normativa, que modifica el Decreto 1072 de 2015, exige que el 100% de la mano de obra no calificada y al menos el 50% de la calificada provengan de la zona de influencia de los proyectos. Si no se encuentran perfiles locales, la búsqueda se extenderá a municipios vecinos y luego a nivel departamental. El Servicio Público de Empleo será el canal principal para la gestión de vacantes, con obligaciones de reporte semestral para operadores y contratistas, y estrictos mecanismos de inspección, vigilancia y control para asegurar la inserción laboral digna de las comunidades impactadas.