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Lunes, 17 Noviembre 2025

Edición 1529 Bogotá, D.C.

ISSN 2711-1636

La DIAN reafirma que para que los pagos laborales y prestacionales derivados de litigios judiciales sean deducibles en el impuesto sobre la renta, es indispensable que estén respaldados mediante el documento soporte de pago de nómina electrónica (DSNE). Aunque el trabajador no mantenga una relación laboral vigente con el empleador, estos pagos conservan su naturaleza laboral y deben cumplir los mismos requisitos fiscales que los salarios ordinarios. El DSNE cumple una función probatoria fundamental para que el empleador acredite estos gastos y asegure la legalidad y transparencia en su deducción fiscal. Esta disposición fortalece la correcta aplicación de la normativa tributaria en materia laboral.

La Corte Constitucional recordó que el fuero de maternidad protege a las trabajadoras desde el embarazo hasta que culmina el período de lactancia, según la Sentencia SU 075 de 2018 y el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. Este fuero incluye seis garantías complementarias y graduales: (i) prohibición general de despido por embarazo o lactancia; (ii) autorización obligatoria del Inspector del Trabajo para despedir en ese periodo; (iii) presunción de despido discriminatorio si ocurre durante embarazo o lactancia; (iv) derecho a indemnización de 60 días si se prueba discriminación; (v) pago por licencia de maternidad no disfrutada; y (vi) nulidad del despido durante los descansos protegidos. Estas protecciones aseguran la estabilidad laboral y derechos de las madres trabajadoras.

La Circular precisa que, a partir del 15 de julio de 2025, la jornada laboral máxima se reduce de 48 a 44 horas semanales, y a 42 horas desde julio de 2026, sin disminuir el salario de los trabajadores. Se mantiene la fórmula tradicional para el cálculo del valor de la hora ordinaria y se aplica también a trabajadores con remuneración a destajo, asegurando que no se reduzcan sus ingresos. Se elimina la autorización estatal previa para horas extras, pero los empleadores deben llevar un registro detallado de trabajo suplementario, incluyendo actividades y horas realizadas. La jornada máxima aplica igualmente para trabajadores domésticos, quienes gozan de todos los derechos laborales como descansos y pago de recargos. Se establecen límites estrictos para las horas extras: máximo dos diarias o doce semanales, y la suma de horas ordinarias y extras no debe superar 56 horas semanales hasta julio de 2026 y 54 horas después. Además, existen regulaciones para trabajo por turnos y condiciones especiales en actividades insalubres o de fuerza mayor.

El proyecto establece un marco normativo que regula el contrato de aprendizaje, precisando las condiciones, responsabilidades y modalidades de vinculación entre aprendices y entidades. Promueve la formación técnica y profesional mediante prácticas formales, garantizando derechos laborales, seguridad social y condiciones de protección para los practicantes, especialmente en modalidades dual y en entidades públicas. Favorece la inclusión de diversos niveles educativos y población vulnerable, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, asegurando entornos seguros y libres de discriminación.

El documento presenta una actualización normativa para la prestación del servicio de dosimetría personal en Colombia, alineada con estándares internacionales y las directrices del OIEA. Su objetivo principal es garantizar la protección radiológica y la seguridad nuclear mediante requisitos claros y procedimientos eficientes para la obtención y mantenimiento de autorizaciones. La resolución fortalece el marco regulatorio, estableciendo obligaciones para los titulares, como la contratación de servicios dosimétricos certificados y la implementación de sistemas de gestión de calidad. Además, busca consolidar la vigilancia y control en el sector nuclear, promoviendo la protección de los trabajadores y el cumplimiento de límites de dosis, en concordancia con las buenas prácticas internacionales y legislación nacional. La importancia radica en mejorar la seguridad radiológica, asegurar un manejo responsable de materiales radiactivos, y fortalecer la confianza en la gestión segura del sistema nuclear en Colombia.