En esta providencia la Corte reafirmó el derecho de asociación sindical y ha establecido directrices claras sobre la negociación colectiva en su reciente pronunciamiento. La Corte determinó que los empleadores no pueden suscribir pactos colectivos que otorguen mejores condiciones a trabajadores no sindicalizados en detrimento de los derechos de los sindicatos. Esta decisión busca proteger la integridad de los derechos laborales y garantizar un equilibrio en las relaciones laborales, promoviendo así un entorno de trabajo más justo y equitativo.
El Ministerio del Trabajo de Colombia presentó una propuesta normativa para fomentar e implementar el teletrabajo, en línea con la Ley 1221 de 2008. Esta iniciativa busca regular las relaciones laborales en el sector público y privado, promoviendo la flexibilidad y los derechos de los trabajadores. La nueva política incluye programas de formación continua para adaptarse a la cuarta revolución industrial y atender las necesidades de poblaciones vulnerables.
La Sala reitera su jurisprudencia sobre la estabilidad laboral reforzada para personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud. En este caso, se revisaron cuatro acciones de tutela interpuestas por trabajadores que enfrentaron la terminación de sus contratos sin que se consideraran sus condiciones de salud. La protección del derecho a la estabilidad laboral reforzada es esencial para garantizar que los trabajadores no sean discriminados por su estado de salud, promoviendo así un entorno laboral más justo y equitativo.
Se trata del texto del fallo de la Corte en el que consideró que la exigencia de 1.150 semanas de cotización para las mujeres era inconstitucional, ya que perpetuaba la desigualdad y no tomaba en cuenta las realidades laborales que enfrentan las mujeres en Colombia. Según la decisión, si el Congreso no adopta las medidas necesarias antes del 31 de diciembre de 2025, el número mínimo de semanas de cotización exigido a las mujeres para acceder a la garantía de pensión mínima en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se reducirá en 15 semanas cada año, hasta llegar a un total de 1.000 semanas. Por lo tanto, si no se implementan cambios legislativos, a partir del 1° de enero de 2026, las mujeres deberán cotizar 1.000 semanas para acceder a la pensión mínima.
La Corte Constitucional amparó los siguientes derechos específicos del accionante: Estabilidad laboral relativa: concluyó que el ICA vulneró este derecho al despedir al funcionario sin considerar su situación como padre cabeza de hogar. Mínimo vital: se reconoció que la desvinculación afectó la capacidad del accionante para garantizar el sustento de su familia. Seguridad social: la Corte destacó que la separación del cargo impactó negativamente en el acceso del accionante a la seguridad social. Dignidad humana: se consideró que el despido afectó la dignidad del accionante, especialmente dado su rol como padre cabeza de hogar y las circunstancias familiares que enfrentaba. Estos derechos fueron fundamentales en la decisión de la Corte para proteger al accionante y resaltar la importancia de considerar las circunstancias personales en decisiones laborales.