El proyecto establece un marco normativo que regula el contrato de aprendizaje, precisando las condiciones, responsabilidades y modalidades de vinculación entre aprendices y entidades. Promueve la formación técnica y profesional mediante prácticas formales, garantizando derechos laborales, seguridad social y condiciones de protección para los practicantes, especialmente en modalidades dual y en entidades públicas. Favorece la inclusión de diversos niveles educativos y población vulnerable, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, asegurando entornos seguros y libres de discriminación.

El documento presenta una actualización normativa para la prestación del servicio de dosimetría personal en Colombia, alineada con estándares internacionales y las directrices del OIEA. Su objetivo principal es garantizar la protección radiológica y la seguridad nuclear mediante requisitos claros y procedimientos eficientes para la obtención y mantenimiento de autorizaciones. La resolución fortalece el marco regulatorio, estableciendo obligaciones para los titulares, como la contratación de servicios dosimétricos certificados y la implementación de sistemas de gestión de calidad. Además, busca consolidar la vigilancia y control en el sector nuclear, promoviendo la protección de los trabajadores y el cumplimiento de límites de dosis, en concordancia con las buenas prácticas internacionales y legislación nacional. La importancia radica en mejorar la seguridad radiológica, asegurar un manejo responsable de materiales radiactivos, y fortalecer la confianza en la gestión segura del sistema nuclear en Colombia.

La Corte Constitucional recordó que los empleadores de trabajadores domésticos deben cumplir siete obligaciones económicas, entre ellas pagar un salario mínimo, horas extras, cesantías, vacaciones, auxilio de transporte y pagar indemnizaciones por terminación unilateral del contrato sin justa causa o por discapacidad. Además, deben afiliar al trabajador al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, salud y riesgos profesionales y pagar las cotizaciones respectivas. El caso estudiado fue el de una mujer de 72 años que trabajó 19 años sin recibir estos derechos. La Corte amparó sus derechos a la dignidad humana, salario mínimo y seguridad social, ordenando el pago retroactivo y exhortando a profesionistas a actuar con responsabilidad y evitar la exclusión social.

En el Auto del 9 de septiembre de 2025, la Corte Constitucional requirió a la presidencia de la Cámara de Representantes que, en un plazo de dos días, envíe un informe completo sobre la aprobación de las actas de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025. Se exige una certificación formal que detalle si las actas fueron aprobadas, la fecha de decisión, los votos requeridos y obtenidos, o las razones por las cuales aún no se han aprobado. También se solicita copia de los órdenes del día que incluyan la discusión y votación de estas actas. Esta medida busca contar con pruebas claras para avanzar en la evaluación de la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024.

El proyecto de norma busca fortalecer la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, en línea con la Constitución y tratados internacionales. Reglamenta aspectos clave de la Ley 1618 de 2013 y otras leyes relacionadas, ampliando las acciones afirmativas en contratación pública y fomentando la inclusión laboral mediante mecanismos de preferencias y cuotas. Propone flexibilizar requisitos habilitantes en los procesos de contratación para facilitar la participación de emprendimientos y empresas dirigidas por personas con discapacidad, promoviendo la igualdad material y el acceso a oportunidades. Además, busca consolidar políticas públicas integrales que impulsen el empleo y la inclusión social, asegurando la continuidad y coherencia en la regulación del apoyo a esta población en el ámbito laboral y empresarial.