El Ministerio del Trabajo proyecta actualizar y modernizar el procedimiento de convocatoria e integración de los Tribunales de Arbitramento Obligatorio en conflictos laborales. Esta iniciativa, enmarcada en la Constitución y convenios internacionales de la OIT, busca garantizar el derecho a la negociación colectiva y el acceso a la justicia, haciendo los trámites más eficaces y ágiles. Se enfatiza la no aplicación de la Ley 1563 de 2012 al arbitraje laboral y se fomenta el uso de plataformas tecnológicas y virtuales para las solicitudes. El proyecto detalla los requisitos documentales para sindicatos y empleadores, define la renuencia de las partes en la designación de árbitros y establece topes para los honorarios de los árbitros y secretarios, con provisiones claras para casos de anulación de laudos. El objetivo es preservar la paz laboral y la pronta solución de disputas colectivas.
El Gobierno expidió una norma que reglamenta el procedimiento, alcance y criterios para la aplicación de medidas preventivas por parte de las autoridades de inspección, vigilancia y control del trabajo, con el fin de fortalecer la protección inmediata de los derechos fundamentales de los trabajadores. La norma define estas medidas como órdenes cautelares, temporales y proporcionales, que no constituyen sanciones, y establece que podrán adoptarse de oficio o a solicitud de parte cuando exista un riesgo grave o inminente para la vida, la salud, la integridad o los derechos laborales. Entre ellas contempla la suspensión de actividades peligrosas, la reubicación de personal, la separación temporal de presuntos agresores en casos de acoso o violencia, la exigencia de medidas de seguridad y el seguimiento obligatorio a su cumplimiento, cuyo incumplimiento podrá dar lugar a multas sucesivas y otras consecuencias administrativas.