El Consejo de Estado modificó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anulaba parcialmente el Artículo 5 de la Resolución 2001 de 2016 del Ministerio de Ambiente, la cual delimitaba zonas compatibles con explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá. Acogiendo los recursos de apelación del Ministerio y la Agencia Nacional de Minería, la Sala desestimó todas las pretensiones de la demandante. El Consejo concluyó que las disposiciones expedidas por las autoridades ambientales con posterioridad al perfeccionamiento de un contrato de concesión minera, y en ausencia de una habilitación ambiental acreditada para la actividad en el área concedida, son válidas para modificar los títulos de explotación de bienes públicos, privilegiando el interés general. Se reprochó al tribunal de primera instancia la falta de un análisis integral de las pruebas y del marco normativo aplicable.

Los ministerios de Ambiente y Minas reglamentaron el artículo 12 de la Ley 2250 de 2022 a fin de establecer un marco para promover la economía circular en el sector minero. La resolución define los permisos, planes de recuperación y restauración ambiental e instrumentos de seguimiento aplicables al aprovechamiento secundario de residuos mineros, incluidos metales preciosos y materiales de construcción. Asimismo, permite que los explotadores formalizados y los titulares mineros contraten empresas especializadas para el procesamiento de estériles y colas, con el propósito de promover un uso más eficiente de los recursos y fortalecer la sostenibilidad de las actividades mineras. La regulación establece condiciones ambientales para el manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, tanto dentro como fuera de las áreas autorizadas, y fija obligaciones relacionadas con el registro, el reporte de producción y el pago de regalías. También contempla medidas orientadas a fomentar la investigación, la innovación y la capacitación en buenas prácticas mineras.

El Conpes publicó el borrador de documento sobre Política de Minerales Estratégicos con un plan de implementación de siete años (2026-2032). Este documento busca ordenar el sector minero para un aprovechamiento sostenible y soberano de estos recursos, esenciales para la Transición Energética Justa, la reindustrialización y la seguridad alimentaria. Se estructura en cinco ejes que incluyen el conocimiento científico, el ordenamiento territorial-ambiental, la innovación y cadenas de valor, el desarrollo humano integral en la minería (formalización y gestión de riesgos), y la soberanía con seguridad nacional. La política, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, busca fortalecer la independencia de importaciones y la capacidad productiva local, abordando desafíos como la baja articulación interinstitucional y la coordinación Nación-territorio.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) inició un proceso de selección objetiva para adjudicar Contratos Especiales de Exploración y Explotación de cobre, oro y polimetálicos en Áreas de Reserva Estratégica Minera. Se invita a los participantes habilitados a presentar contraofertas para los bloques AEM 17 y 18 a través de la plataforma ANNA MINERÍA, desde el 12 de agosto hasta el 3 de septiembre de 2026. La ANM evaluará las propuestas para seleccionar la más favorable, la cual avanzará a una etapa de "oportunidad de mejora", buscando así la mejor opción para el desarrollo minero estratégico del país.

Con el cierre del Gobierno de Gustavo Petro, estas son las últimas normas firmadas y publicadas durante los dos últimos días de su mandato. El paquete regulatorio concentra medidas en los sectores medio ambiente, minas y servicios públicos domiciliarios, con disposiciones sobre cambio climático, mercados de carbono, protección de ecosistemas, pequeña minería, agua, saneamiento y medidores de energía prepago. También incluye normas de infraestructura, contratación pública, asuntos laborales, transporte y sector financiero, que introducen ajustes en regulación técnica, desarrollo territorial, mano de obra local y movilidad.